Las prácticas de seis industrias —alimentos y bebidas, alcohol, tabaco, farmacéutica, automotriz y armas de fuego—desempeñan hoy un rol más dominante en la conformación de patrones de la salud y la enfermedad que cualquier otra institución en el mundo, afirma el profesor Nicholas Freudenberg, Director del Programa de Doctorado en la Escuela de Salud Pública de la City University of New York (CUNY) y quien por más de 20 años ha trabajado con organizaciones comunitarias, grupos civiles y agencias gubernamentales para desarrollar, implementar y evaluar programas para mejorar la salud de las comunidades urbanas más desfavorecidas.
Las corporaciones, plantea Freudenberg, han encontrado muchas maneras de utilizar su riqueza y poder para alcanzar sus metas comerciales y políticas, gracias a prácticas como el cabildeo, las aportaciones a campañas políticas, el patrocinio de investigación y las relaciones públicas. Sin embargo, esta situación ha generado un enorme conflicto de interés en los gobiernos que, en lugar de perseguir el bien común, caen en métodos ilícitos y no éticos, para proteger a esas transnacionales, aun a costa de la salud e incluso la muerte de sus gobernados.
Este jueves, el Doctor Nicholas Freudenberg presentará en la Ciudad de México la conferencia “La captura de la política y la salud pública por las corporaciones y cómo evitarlo”, y por cortesía del propio académico y de la organización civil Alianza por la Salud Alimentaria, SinEmbargo lleva a sus lectores este artículo donde el también especialista en las pandemias de la obesidad y la diabetes reflexiona sobre el conflicto de interés entre corporaciones y gobiernos en los ámbitos científicos, de política pública e ideológico.
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Corporaciones, conflicto de interés y defensa de la salud pública
Por Nicholas Freudenberg, Profesor de la Escuela de Posgrado en Salud Pública y Políticas Públicas, City University of New York (CUNY).
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– A lo largo del último siglo, las corporaciones se han convertido en un poder dominante que da forma al mundo en que vivimos, influyendo en los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el trabajo que realizamos, nuestros sistemas de gobernanza, de entretenimiento e incluso de las ideas en las que creemos firmemente. Hoy en día, las prácticas de seis industrias—alimentos y bebidas, alcohol, tabaco, farmacéutica, automotriz y armas de fuego—desempeñan un rol más dominante en la conformación de patrones de salud y de enfermedad que cualquier otra institución. Las prácticas empresariales de estas industrias, tales como la formulación de un producto, la mercadotecnia, la distribución al menudeo y la definición de precios, así como prácticas políticas incluidas el cabildeo, las aportaciones a campañas políticas, el patrocinio de investigación y las relaciones públicas, contribuyen a la creciente carga mundial de muertes prematuras y enfermedades prevenibles impuesta por las enfermedades crónicas y las lesiones. Para quienes buscan mejorar la salud pública y reducir las desigualdades en salud, comprender el playbook en común que emplean estas seis industrias para influir en la salud y las políticas públicas, así como para defender la venta de sus productos que amenazan la salud, es un asunto de máxima prioridad.
Muchos observadores han llegado a aceptar que la historia de engaño, manipulación política y obstrucción por parte de la industria tabacalera en las políticas de salud pública justifica la exclusión de sus representantes de jugar cualquier rol en la formulación de la política pública.[1] Sin embargo, para la industria de alimentos y bebidas y otras industrias, algunos analistas continúan creyendo que los representantes corporativos tienen un papel legítimo en el desarrollo de políticas públicas. Argumentan que las diferencias en sus productos permiten tener un papel diferente en las deliberaciones de política pública.[2] Una visión alterna enfatiza la evidencia que muestra las similitudes entre las prácticas de la industria tabacalera y otras industrias. Esto sugiere que para las compañías de alimentos y bebidas y la farmacéutica, la industria tabacalera puede ser vista no como un paria, sino como un modelo a seguir.[3],[4] Las formas en que las industrias de alimentos y bebidas y farmacéutica han seguido el playbook de la Gran Industria Tabacalera para enmascarar sus conflictos de interés ilustran esta visión alternativa.
Las corporaciones han encontrado muchas maneras de utilizar su riqueza y poder para alcanzar sus metas comerciales y políticas. Una estrategia importante es presentarse a sí mismas como un simple participante más en la sociedad, con la misma libertad para expresar sus puntos de vista y promover sus propios intereses como cualquier otro actor. Como Mitt Romney señaló en la elección presidencial de los Estados Unidos en 2012: “Amigos míos, las corporaciones también son personas”.[5] Al enmascarar su enorme influencia y encubrir sus intereses en tanto que organizaciones, las corporaciones y sus aliados esperan que sus mensajes tengan una mejor recepción y así buscan conseguir mayor apoyo a políticas públicas y enfoques que incrementen la rentabilidad de sus inversiones, su participación en el mercado y capacidad para controlar su futuro.
El conflicto de interés se presenta cuando el papel público de las organizaciones o individuos entra en conflicto con su rol privado. En su rol público, en tanto que integrantes partícipes de la sociedad, se espera que las corporaciones ─al igual que otros integrantes de la sociedad─ no dañen a otros, sea intencionalmente o por negligencia o promoviendo falsa información, y se abstengan de socavar o alterar metas aprobadas por el público. Sin embargo, en su rol privado se espera que las corporaciones persigan sus intereses comerciales para obtener la máxima rentabilidad, la máxima participación en el mercado y el máximo rendimiento de las inversiones, imperativos reforzados por la ley, la tradición y la ideología. En el momento en que una organización tiene que elegir entre perseguir sus intereses públicos o sus intereses privados, surge el conflicto de interés.
Para tener una mejor comprensión del impacto que las corporaciones tienen en la salud pública, el concepto de conflicto de interés puede ayudar a definir roles sociales apropiados y roles sociales inapropiados de las corporaciones y a desarrollar estrategias para reducir cualquier impacto sanitario adverso.
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Tres categorías de conflicto de interés de las corporaciones
Al ir en pos de sus intereses privados, las corporaciones muestran tres categorías de conflicto de interés. Cada una de ellas ayuda a avanzar en sus objetivos comerciales y políticos específicos. Los primeros conflictos, y los mejor estudiados ─el conflicto de interés en la ciencia─ aparecen cuando las corporaciones o sus contratados distorsionan, suprimen o representan erróneamente evidencia científica con respecto a sus productos y prácticas. La segunda categoría de conflicto se da cuando los ejecutivos de una corporación o quienes cabildean en su nombre, o sus abogados, periodistas o científicos pagados o personal de relaciones públicas participan en deliberaciones de políticas de salud pública. Cuando estos voceros o representantes de las corporaciones se presentan como observadores desinteresados que buscan el bien común, en lugar de reconocer que son representantes pagados y contratados para hacer avanzar los objetivos comerciales privados de las corporaciones, enfrentan un conflicto de interés en la política pública. El tercer tipo de conflicto sucede cuando quienes hablan en nombre de las corporaciones promueven ideas o valores como si fueran buenos para la sociedad en su conjunto, cuando en realidad lo que buscan es fomentar los intereses privados de las corporaciones. Aunque esta categoría se traslapa con el conflicto en la política pública, opera principalmente a nivel de las ideas y los valores más que en el nivel de propuestas políticas específicas. Permítasenos examinar brevemente las prácticas corporativas en cada una de las categorías.
1. Conflictos entre ciencia y evidencia
El conflicto de interés en la ciencia sucede cuando la opinión pública se interesa en evidencia que puede usarse para proteger la salud pública entra en conflicto con los objetivos privados de las corporaciones, que busca suprimirla o distorsionarla con el fin de evitar la regulación, las responsabilidades, el daño a su reputación o la perdida comercial. Dichas prácticas corporativas incluyen:
• Auspiciar investigaciones científicas mediante la contratación de investigadores que confirmen las afirmaciones de la industria con respecto a la seguridad o inocuidad de sus productos.
• No hacer público el patrocinio de la investigación.
• Sembrar duda con respecto a datos o evidencia respaldada científicamente para crear incertidumbre o para evitar o retrasar decisiones políticas.
• Atacar la credibilidad de investigadores independientes y sus hallazgos, señalándolos como productores de “ciencia chatarra”.
• Cuestionar la competencia y credibilidad de dependencias públicas y organizaciones de investigación independientes.
• Vigilar secretamente el trabajo de investigadores independientes.
• Ocultar datos que no son favorables a los productos de las corporaciones.
• Pagar a otras organizaciones profesionales para que se involucren en estas actividades.
Algunos ejemplos de conflicto de interés científico
Varias asociaciones comerciales de productores de alimentos y bebidas en México comisionaron e hicieron circular entre legisladores mexicanos estudios en los que se evaluó el impuesto a bebidas azucaradas en el país[6],[7], que emplean métodos e interpretaciones de datos que sirven a los intereses de la industria con el fin de arrojar dudas sobre las conclusiones de investigaciones independientes que habían pasado por el proceso de revisión de pares y que habían mostrado la reducción sustancial en el consumo de bebidas azucaradas.[8],[9]
Coca-Cola financió investigadores y universidades para demostrar el valor de la actividad física en el control de la obesidad, para con ello desviar la atención del papel que juegan las bebidas azucaradas en la obesidad.[10],[11]
Investigaciones demuestran que los estudios sobre alimentos que recibieron financiamiento de la industria tienen menos probabilidades de mostrar efectos adversos de los productos en comparación con investigaciones hechas con financiamiento independiente.[12],[13]
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (US FDA, por sus siglas en inglés) propone eliminar el requisito de que no más de 13% de asesores que evalúen las solicitudes de medicamentos pueda tener vínculos con la industria.[14]
2. Conflictos en la política pública
Cuando las corporaciones participan en procesos de política pública donde su objetivo manifiesto de hacer que las políticas sean más eficaces y eficientes enmascara su objetivo real de promover sus intereses comerciales, entonces ellas enfrentan un conflicto de interés en la política pública. Ejemplos de prácticas corporativas que ilustran este conflicto incluyen:
• Pagar a terceros, como por ejemplo a organizaciones profesionales, para que promuevan los intereses de las corporaciones en el desarrollo de las políticas públicas sin que éstas hagan público su apoyo financiero.
• Crear y pagar grupos que afirman ser de carácter ciudadano o de la sociedad civil (en ocasiones conocidos como organizaciones “astroturf”*), cuyo objetivo es promover las propuestas de política pública de las corporaciones, sin que las corporaciones hagan público su respaldo.
• Reunirse en secreto con tomadores de decisión para promover las propuestas de políticas públicas de las corporaciones.
• Usar métodos ilícitos o no éticos para hacerse de información interna de las posturas y estrategias de sus oponentes en el ámbito de la salud pública, de forma que puedan contrarrestarlos o frustrar sus esfuerzos.
• Desacreditar los motivos o el comportamiento personal de quienes se oponen a las propuestas de política pública de las corporaciones.
• Afirmar que los beneficios de las prácticas corporativas cuestionadas superan cualquier costo que alegan sus opositores. Para ello, con frecuencia las corporaciones recurren a evidencia empírica limitada o cuestionable.
Algunos ejemplos de conflicto de interés en la política pública
Empresas de alimentos procesados y compañías mediáticas estadounidenses contrataron a la ex asesora de Obama, Anita Dunn, para que encabezara una campaña de cabildeo que bloqueara lineamientos federales propuestos para frenar los anuncios de alimentos dirigidos a la infancia, particularmente de alimentos no saludables como los cereales azucarados. A pesar de los esfuerzos que realizó Michelle Obama para frenar la publicidad de productos dañinos dirigida a la infancia, la administración Obama desechó las restricciones propuestas, después de que la coalición presionó y consiguió que los legisladores se opusieran al plan.[15]
Nestlé, Unilever y Coca-Cola aportaron 350 mil dólares a la Organización Panamericana de la Salud-OPS en 2012 (en aparente violación a las políticas de la Organización Mundial de la Salud-OMS) para apoyar su trabajo sobre la obesidad. Representantes de la industria operaron como asesores de las campañas de la OPS contra la obesidad.[16] Más recientemente, la OPS ha recomendado estrategias para reducir tales conflictos de interés.
SABMiller, productora de alcohol a escala mundial, se opuso a estrictas regulaciones para la distribución y la comercialización del alcohol en Sudáfrica, argumentando que un mejor cumplimiento de la legislación vigente, educación pública y auto-regulaciones voluntarias serían una mejor respuesta al problema del exceso de consumo de bebidas alcohólicas en los individuos.[17]
El Consejo Internacional sobre Políticas para el Alcohol, un grupo fundado por la industria del alcohol, comisionó académicos para que presentaran artículos académicos en los libros que publican para promover la agenda de política pública de la industria.[18]
Importantes organizaciones filantrópicas que tienen Consejos Directivos con representación corporativa significativa, incluso de empresas cuyos productos y prácticas contribuyen a incrementar las enfermedades crónicas, crean oportunidades en apoyo a políticas de salud mundiales que avancen los intereses privados de las corporaciones.[19]
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3. Conflictos ideológicos
Las corporaciones experimentan conflictos de interés ideológico cuando promueven ideas y valores que, afirman, mejorarán a la sociedad y contribuirán al progreso social, cuando en realidad su meta es promover sus propios intereses comerciales y políticos. Ejemplos de las prácticas corporativas que ilustran estos conflictos son:
• Apoyar think tanks y académicos para que promuevan impuestos bajos, la autorregulación, la desregulación y la privatización.
• Presentar los problemas de salud pública de tal forma que favorezcan la visión del mundo de las corporaciones.
• Readecuar los debates de salud pública para favorecer las perspectivas de la industria.
• Auspiciar campañas desinformativas.
• Patrocinar eventos académicos y la entrega de obsequios para promover sus ideas y productos entre estudiantes de nutrición y otras ciencias de la salud durante su etapa formativa.
• Hacer aportaciones a campañas de diversos partidos políticos para garantizar acceso privado a los tomadores de decisión.
• Oponerse a restricciones de la influencia de las corporaciones en la política.
• Crear procesos políticos que garanticen su participación en la toma de decisiones, como plataformas multiactor, donde la industria participe en igualdad de condiciones con las organizaciones de la sociedad civil de interés público, y oponerse a quienes limitan la influencia de las corporaciones.
Algunos ejemplos de conflicto de interés ideológico
La Asociación de Bebidas de Estados Unidos, Coca-Cola y otras empresas de bebidas han auspiciado campañas que presentan a los gobiernos municipales como gobiernos paternalistas (“nannies”), afirmando que estas políticas públicas dañan a los propietarios de pequeños negocios y presentando el derecho a elegir el tipo y tamaño de envase de bebida que uno quiera, como un pilar de la libertad. Estas campañas buscan generar oposición a la idea de cualquier forma de regulación gubernamental a las bebidas azucaradas.[20]
Las directrices de la OMS relativas al conflicto de interés buscan reducir los conflictos que contribuyen al incremento de las enfermedades no transmisibles. Elaboradas en colaboración con grupos empresariales, estas directrices definen al “sector privado” como “todos los individuos, asociaciones, corporaciones y negocios con el objetivo de generar ganancias, así como las asociaciones, coaliciones y corporaciones filantrópicas.”[21] Al mezclar todas las entidades no gubernamentales en una sola entidad, estas directrices promueve la visión de la industria según la cual no tiene ningún conflicto de interés y afirma que debe ser tratada simplemente como un actor más.[22]
En Estados Unidos, recientemente Coca-Cola y PepsiCo entregaron millones de dólares a casi 100 grupos sanitarios destacados, al mismo tiempo que gastaron millones más para impedir legislación de salud púbica que reduciría el consumo de refresco entre la población. Una investigación reciente documentó aportaciones financieras significativas de la industria refresquera al sector salud entre 2011 y 2016, como parte de un plan para silenciar críticas sanitarias y ganar nuevos aliados que se resistan a la regulación.[23]
Muchas corporaciones y asociaciones comerciales, incluyendo Diageo, Exxon Mobil, Pfizer y la Pharmaceutical Reseach and Manufacturers Association, se unieron al Consejo de Intercambio Legislativo de Estados Unidos (American Legislative Exchange Council, ALEC) para apoyar propuestas específicas de política pública y fomentar oposición a ideas como las acciones colectivas, restricciones al cabildeo, reformas en torno al financiamiento de campañas políticas y otros esfuerzos que buscan reducir la influencia de las corporaciones en la política.[24] En 2012, muchas organizaciones de consumidores salieron del ALEC después de que una organización, Color of Change, encabezó una campaña oponiéndose al respaldo que ALEC dio a leyes restrictivas para la identificación de votantes.
Corporaciones e individuos adinerados hacen contribuciones a think tanks para que avancen su agenda social y para que producen informes que promueven dicha agenda en el debate público.[25] Por ejemplo, fiscales estatales están investigando si ExxonMobil operó con think tanks para encubrir el hecho de que la empresa sabía del impacto que los combustibles fósiles ocasionan en el cambio climático.[26]
Porqué importa el conflicto de interés
Las corporaciones manifiestan dos narrativas contradictorias para explicar el papel que desempeñan en la sociedad. La primera sostiene que las corporaciones son integrantes responsables de la sociedad con los mismos derechos a la participación y reivindican sus puntos de vista como lo hacen los gobiernos, los grupos de la sociedad civil, los científicos y los ciudadanos ordinarios. Desde este punto de vista, cualquier intento de imponer reglas específicas a las corporaciones resulta injusto y antidemocrático. Las decisiones de política pública se toman mediante un proceso deliberativo y las corporaciones no deben tener ni más ni menos voz que los demás.
En la segunda narrativa, todo actor en la sociedad es visto como un individuo egoísta que actúa de acuerdo con su interés. En este mundo partisano, toda evidencia se percibe como igual, cualquiera que sea su base empírica. En ausencia de cualquier método objetivo para valorar “la verdad”, el mejor árbitro de estos conflictos es el mercado, que en última instancia encontrará el equilibrio apropiado entre las preocupaciones públicas y las preocupaciones privadas. En este caso, el interés público principal es el crecimiento económico continuo, una meta que las corporaciones están más que dispuestas a hacer suya.
Estas dos narrativas supuestamente contradictorias comparten un elemento en común: las corporaciones no son distintas a cualquier otro actor y por ende, no requieren de reglas especiales. Sin embargo, lo que distingue a las corporaciones de otros actores es su profundo e inherente conflicto de interés. Uno de dichos conflictos fundamentales es el que se presenta entre el interés público y la meta corporativa de hacer que sus objetivos empresariales privados de maximizar la rentabilidad, la participación en el mercado y el control político sean su principal prioridad.
Otras organizaciones que participan en el proceso político podrían tener conflictos personales o transitorios entre sus fines privados y públicos. No obstante, las corporaciones están obligadas por ley a perseguir los intereses de los inversionistas, de los accionistas y de la propia compañía, no los intereses de los consumidores, los trabajadores o los de la población en general. Algunos analistas de las empresas observan que los consejos de las corporaciones pueden optar por considerar metas de largo plazo y de interés público[27] pero, en la práctica, esta vaguedad significa que los consejos directivos sienten poca presión para exponer y reducir conflictos que no son violaciones directas de la ley (o que puedan ser descubiertas). Más aún, la existencia de fondos de cobertura y las compensaciones que a la fecha reciben los ejecutivos refuerzan el instinto de las empresas de centrarse en ganancias de corto plazo, aun cuando dichas acciones entran en conflicto con la declaración de su “noble” compromiso con la responsabilidad social empresarial. De forma que las corporaciones experimentan múltiples incentivos y enfrentan pocas sanciones para enmascarar el conflicto de interés.
Una segunda diferencia entre las corporaciones y otros participantes en el proceso de la política pública es su asimetría en términos de riqueza y poder. Incluso si los grupos de la sociedad civil o universidades quisieran perseguir intereses privados a expensas de la misión pública, se encuentran mucho más restringidas en relación con las corporaciones. Cuentan con menos recursos para realizar acciones de cabildeo o para elegir representantes y autoridades favorables a sus puntos de vista, tienen menos dinero para auspiciar investigaciones científicas y menos capacidad para influir en los medios y la opinión pública. Los gobiernos sí cuentan con los recursos para llevar a cabo investigación y promover políticas públicas, sin embargo, están más sujetos al escrutinio público y de los medios, y más restringidos por los procesos democráticos. Una comparación entre el número de funcionarios electos que van a dar a la cárcel por violar la confianza pública, y el número de ejecutivos corporativos que son encarcelados (no más que un puñado) ilustra esta diferencia.
RECOMENDACIONES
La posibilidad de evitar cualquier obligación de hacer público o de reducir o de eliminar el conflicto de interés, ofrece a las corporaciones una ventaja poderosa al perseguir sus fines comerciales y políticos. Les permite justificar sus aseveraciones de que no tienen más conflicto que cualquier otro actor en los procesos políticos y, por ende, no requieren de escrutinio público adicional.
Las corporaciones son una fuerza dominante en la economía mundial y hay creciente evidencia que muestra que sus prácticas desempeñan un papel significativo en las causas de muerte prematura y de lesiones prevenibles a escala mundial. Para los profesionales en el sector salud comprometidos con mejorar la salud de la población y con reducir las desigualdades de salud, exigir y obligar a que las corporaciones actúen más enérgicamente para divulgar, reducir y eliminar los conflictos de interés científico, político e ideológico promete mejorar la salud.
Estrategias específicas que ameritan mayor consideración:
1. Exigir que las corporaciones divulguen públicamente todos los conflictos de interés científicos, políticos e ideológicos, de forma que otros participantes en el desarrollo de las políticas públicas puedan evaluar la validez de las contribuciones corporativas. El no divulgar dichos conflictos debe resultar en sanciones adecuadas.
2. Establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las corporaciones para la realización de investigación científica y sobre la política pública, pero se debe otorgar dicho apoyo sin supervisión ni intromisión de parte de las corporaciones.
3. No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados, que excedan un umbral mínimo definido, en la toma de decisiones sobre políticas de salud pública. Las corporaciones y sus aliados pueden y deben participar en los diálogos sobre las políticas públicas, pero no en las decisiones sobre dichas políticas.
4. Elaborar directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones profesionales, filantrópicas, organizaciones mundiales de salud, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas y, difundir, promover y hacer cumplir dichas directrices.
5. Reformar las reglas de participación política para equilibrar las condiciones y reducir cualquier rol privilegiado que las corporaciones desempeñan en las elecciones, la legislación, el litigio o cualquier otra deliberación de la política pública.
6. Estos objetivos generales para divulgar, reducir y, en última instancia, eliminar el conflicto de interés entre las corporaciones y el objetivo de salud pública de reducir el número de muertes prematuras, enfermedades prevenibles y desigualdades de salud, constituyen una base para actuar y eliminar este obstáculo tan importante para la protección de la salud. Al catalizar un diálogo sobre estos objetivos, establecer prioridades y proponer objetivos de corto, mediano y largo plazo, la comunidad de la salud pública puede contribuir a reducir los costos de la salud, construir una sociedad más justa y lograr una mejor salud para todos.
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El Doctor Nicholas Freudenberg presentará la conferencia “La captura de la política y la salud pública por las corporaciones y cómo evitarlo” el jueves, 26 de octubre, a las 17 horas. La cita es en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el Auditorio Enrique Lona, en Camino a Santa Teresa No.178, Colonia Parque del Pedregal, en la Ciudad de México. La entrada libre y el evento es organizado por la organización civil Alianza por la Salud Alimentaria.
REFERENCIAS:
* Nota del traductor: En países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, se denomina “astroturf” (que significa literalmente pasto artificial en inglés) a una organización creada artificialmente, es decir, sin arraigo a la sociedad, sin transparencia real de sus objetivos y fuentes de recursos provenientes de la industria, y que tiende a desaparecer una vez concluida o desaparecida la razón que dio motivo a su creación.
[1] Eubanks SY, Glantz SA. Bad Acts: The Racketeering Case Against the Tobacco Industry. Washington, D.C. American Public Health Association, 2012.
[2] McKay B. What Role Should Government Play in Combating Obesity? Wall Street Journal, 18 de septiembre de 2012, Disponible en: https://www.wsj.com/articles/what-role-should-government-play-in-combating-obesity-1378333057
[3] Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food? Milbank Q. 2009 Mar;87(1):259-94.
[4] Freudenberg N. Big Tobacco: Role Model or Pariah for the Pharmaceutical Industry? Geneesmiddelen bulletin 2016; 7:84-88. Disponible en: http://geneesmiddelenbulletin.com/article/big-tobacco-role-model-or-pariah-for-the-pharmaceutical-industry/
[5] Rucker P. Mitt Romney says ‘corporations are people’, Washington Post, 11 de Agosto de 2011. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/politics/mitt-romney-says-corporations-are-people/2011/08/11/gIQABwZ38I_story.html?utm_term=.b0dbc8101751
[6] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/27/impuesto-a-refrescos-perjudico-a-los-mas-pobres-4596.html
[7] En una versión preliminar más corta del documento que publicó en línea el ITAM (http://cie.itam.mx/sites/default/files/cie/15-04.pdf, solo disponible en inglés). Los autores señalan que “El presente trabajo surge de una colaboración entre el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C (ConMéxico), mediante la cual nos ayudaron a conseguir datos de KWP. ConMéxico no tuvo ningún poder de veto o influencia sobre los resultados.” (Traducción propia)
[8] Colchero MA, Popkin BM, Rivera JA, Ng SW. Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study. bmj. 2016 Jan 6;352:h6704.
[9] Colchero MA, Rivera-Dommarco J, Popkin BM, Ng SW. In Mexico, evidence of sustained consumer response two years after implementing a sugar-sweetened beverage tax. Health Affairs. 2017 Feb 22:10-377.
[10] Serodio PM, Mckee M, Cohen D, Stuckler D. Coca-Cola–a model of transparency in research partnerships? The European Journal of Public Health. 2016 Nov 1;26(suppl 1):ckw170-021.
[11] Lurie J. Coca-Cola Spends Millions of Dollars Funding Research That—Surprise! —Says Soda Is Just Fine. Mother Jones, Nov. 12, 2015. Disponible en: http://www.motherjones.com/politics/2015/11/coca-cola-research-funding-universities-colleges/
[12] Lesser LI, Ebbeling CB, Goozner M, Wypij D, Ludwig DS. Relationship between funding source and conclusion among nutrition-related scientific articles. PLoS Medicine. 2007 Jan 9;4(1): e5.
[13] Massougbodji J, Le Bodo Y, Fratu R, De Wals P. Reviews examining sugar-sweetened beverages and body weight: correlates of their quality and conclusions. The American Journal of Clinical Nutrition. 2014 May 1;99(5):1096-104.
[14] Lenzer J. FDA is criticised for hinting it may loosen conflict of interest rules. BMJ: British Medical Journal. 2011 Jan 1;343.
[15] Lichtblau E, Lipton E. Anita Dunn, Both Insider and Outsider in Obama Camp. New York Times, 20 de octubre de 2012, p. A1.
[16] Wilson D, Karlin A. Special Report: Food, beverage industry pays for seat at health policy table. Reuters, October 19, 2012.Disponible en:: http://www.reuters.com/article/us-obesity-who-industry/special-report-food-beverage-industry-pays-for-seat-at-health-policy-table-idUSBRE89I0K620121019
[17] London L, Matzopoulos R, Corrigall J, Myers JE, Parry CD, Maker A. Conflict of interest: A tenacious ethical dilemma in public health policy, not only in clinical practice/research. South African Journal of Bioethics and Law. 2012 Dec 1;5(2):102-8.
[18] McCreanor T, Casswell S, Hill L. ICAP and the perils of partnership. Addiction. 2000 Feb 1;95(2):179-85.
[19] Stuckler D, Basu S, McKee M. Global health philanthropy and institutional relationships: how should conflicts of interest be addressed? PLoS Medicine. 2011 Apr 12;8(4): e1001020.
[20] Grynbaum M. Soda Makers Begin Their Push Against New York Ban, 2 de julio de 2012, p. A 10.
[21] United Nations (UN). Cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector. Report of the Secretary-General to the General Assembly. Item 39 of the provisional agenda: Towards global partnerships. UN Doc. A/56/323. Nueva York, 28 de agosto de 2001.
[22] Burlandy L, Alexandre VP, Gomes FD, Castro IR, Dias PC, Henriques P, Carvalho CM, Castro Júnior PC. Health promotion policies and potential conflicts of interest involving the commercial private sector. Ciencia & saude coletiva. 2016 Jun;21(6):1809-18.
[23] Aaron DG, Siegel MB. Sponsorship of national health organizations by two major soda companies. American journal of preventive medicine. 2017 Jan 31;52(1):20-30.
[24] McIntire M. Conservative nonprofit acts as a stealth business lobbyist. New York Times, April 22, 2012, p. A1. Disponible en:http://www.nytimes.com/2012/04/22/us/alec-a-tax-exempt-group-mixes-legislators-and-lobbyists.html
[25] Lipton E, Williams B. How Think Tanks Amplify Corporate America’s Influence. New York Times. 8 de agosto de 2016, p. A1.
[26] https://www.documentcloud.org/documents/2801453-CEI-Subpoena-From-USVI-AG-Claude-Walker-April-7.html
[27] Stout L. Corporations Don’t Have to Maximize Profits. New York Times, 16 de abril de 2015. Disponible en: https://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/04/16/what-are-corporations-obligations-to-shareholders/corporations-dont-have-to-maximize-profits
