Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– En la propuesta de Reforma Hacendaria del Presidente Enrique Peña Nieto se pretende que el Gobierno federal nuevamente concentre el manejo de recursos públicos, principalmente en tres rubros: el pago de nómina magisterial, la compra de medicamentos y el programa social 65 y más.
Pero para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, esta propuesta simplemente es “inaceptable”.
El Diputado perredista Carol Antonio Altamirano explicó que al sustituir el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por el nuevo Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el Gobierno federal quita el control del pago de nómina de los docentes a los estados.
Detalló que al centralizar el pago de nómina se corre el grave riesgo de que los sueldos y prestaciones –que se incrementaron en los estados en prácticamente dos décadas– no sean reconocidos por la Secretaría de Hacienda, lo que, dijo, generará condiciones de crisis y riesgo de ingobernabilidad en cada entidad.
“Creo que de manera irresponsable están creando una crisis, van a crear un caos y un movimiento social peor que lo que se dio con la reforma educativa, porque los maestros ni los ciudadanos van a aceptar que no reconozcan prestaciones que ellos ganaron durante muchos años”, señaló.
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica transfiere recursos federales a autoridades educativas de estados, Distrito Federal y municipios, a través de los ramos 25 y 33, condicionando su gasto al cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
En la propuesta de Reforma Hacendaria, la Secretaría de Hacienda promueve su sustitución por el FONE, con el fin, subraya, de dar más transparencia y evitar negociaciones dobles de aumentos y pago a plazas inexistentes o duplicidad.
No obstante, para el legislador por Oaxaca el riesgo que se correrá con esta medida es que el Gobierno federal desconocerá los logros laborales de los maestros.
“Yo sí creo que desparecer el FAEB y crear el FONE es igual de grave como la reforma educativa, porque aquí la Secretaría de Hacienda va a decir ‘yo nada más reconozco ciertas prestaciones que estén homologadas a nivel nacional’, pero en un caso como Oaxaca que tiene 90 días de aguinaldo, ¿quién va a pagar los otros días que no reconoce Hacienda?”, alertó.
Aclaró que si bien la fórmula de distribución del FAEB no es la panacea para solucionar los problemas magisteriales, al sustituirlo se correrá el riesgo adicional de promover la discrecionalidad del Gobierno federal a la hora de entregar los recursos. Situación que se había resuelto con la descentralización educativa del sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada.
“En 2002 se dio este proceso de descentralización educativa, que no la pidieron los estados, la federación les dijo ahí les va, y cada estado se las arregló como pudo. De 2002 a la fecha se han dado negociaciones que tienen que ver con prestaciones, nuevas, plazas, en fin. Ahora sale la Secretaría de Hacienda y dice que ‘únicamente puedo reconocer lo que yo tengo registrado’, así viene el artículo 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, y lo que ellos tienen registrado es lo que pasaba antes de 2002.
Indicó que la Secretaría de Hacienda propone mayor discrecionalidad sin dejar claro el impacto que tendrá en las finanzas de cada entidad el cambio de esquema y la fórmula para asignar recursos, el cual incluso condiciona indebidamente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable.
“Te dice Hacienda que es participable el ISR que se cobra a los trabajadores en entidades y municipios, pero lo condiciona al FONE para que después les digan a los estados ‘por el FONE te mando tanto, te va faltar tanto, pero ese faltante agárralo del 100 por ciento de ISR participable para tus trabajadores’. No tiene nada que ver el ISR con el fondo de educación, pero en la reforma hacendaria viene condicionado, yo advierto que esa es la trampa”, aseguró el legislador perredista.
PVEM RECHAZA RIESGOS
Para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro, rechazó la versión del Diputado Carol Antonio Altamirano, de que la centralización del pago de nómina docente provocará caos financiero y riesgo de gobernabilidad en estados de la República.
El Diputado Tomás Torres Mercado aseguró que la medida busca poner orden en el déficit de operación de algunos estados que en algunos casos es “francamente penoso”.
“Hay un principio básico, constitucional, en materia de relaciones laborales individuales o colectiva y que lo reconocen también instrumentos internacionales, las conquistas laborales y de sus familias o dependientes no pueden ponerse en riesgo, en absoluto. Y si no, hay una instancia que los pone en equilibrio. Es un mito que perderán sus derechos”, precisó.
El legislador que también es Secretario de la Comisión de Hacienda indicó que es momento de poner orden a las negociaciones salariales de los maestros, que en muchos estados se convirtieron en verdaderos privilegios, muy alejados de las prestaciones que tienen otro tipo de trabajadores en el país.
“Hay que decirlo con claridad, los estados no han podido o no tienen capacidad financiera en buen número de casos para las negociaciones salariales o integrales porque se han excedido. Hay estados que tienen 90 días o 100 días de aguinaldo, es decir tres meses y medio de aguinaldo. Está bien, no podemos resolver la situación de más de la mitad de la población que no tiene un ingreso decoroso contra las prestaciones de un trabajador, y menos del magisterio. Eso es una herejía”, subrayó.
Lejos de pensar que la concentración del manejo de recursos para pagar la nómina docente representa un riesgo de regresión democrática, el legislador aseguró que lo más conveniente para muchos estados.
“Un buen número de estados traen arrastrando un déficit de gasto de operación educativa muy serio, y no solamente en el gasto de educación, sino también de salud. Entonces habrá estados que van a ver resuelto de fondo esta problemática”, sostuvo el legislador por Zacatecas.
PAN BUSCA SOLUCIONES ALTERNAS
El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados reconoció que en la propuesta de reforma hacendaria del Presidente Enrique Peña Nieto se pretende concentrar el manejo de recursos públicos.
“Hay que ser directos y claros, sí se están centralizando recursos con la reforma hacendaria y no es un tema que está ajeno a otras reformas, si te das cuenta en los últimos meses el Congreso ha estado aprobando algunos cambios que si bien son justificados y positivos, como el tema de deuda pública, en términos reales quitan poder a los estados y centralizan, ya sea aquí en las cámaras federales o en la Presidencia de la República”, aseguró el Diputado Damián Zepeda Vidales.
El legislador, Secretario de la Comisión de Presupuesto, indicó que la intención del Gobierno federal de quitar el control a los estados de la nómina docente obedece al gran número de observaciones que año con año realiza la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de los recursos del FAEB.
“La ASF ha recibido acusaciones de malversación de fondos por muchos años, recursos que son dirigidos al pago de nómina de maestros que son utilizados para otro tipo de cuestiones: prebendas a sindicatos, uso de parte de los gobernadores”, indicó el legislador panista.
Damián Zepeda aclaró que el PAN aún no define su posicionamiento frente a la concentración de recursos por parte del Ejecutivo, sin embargo, de entrada, la propuesta parece que va en la ruta correcta para combatir la corrupción.
“Lo que nos preocupa y es donde nosotros nos vamos a centrar es: si el problema es que se está desviando el recurso, la opción no debería ser ‘pues ahora lo hago yo’. Sino que la solución debería ser ‘déjame ver que herramientas pongo o candados, para que dejen de pasar este tipo de actos indebidos’, independientemente de quién lo administre”, apuntó el Diputado Zepeda.
OTROS PROGRAMAS CENTRALIZADOS
En la propuesta de Reforma Hacendaria del Gobierno federal desaparece el Fondo de Apoyo para la Reestructura de las Pensiones, con la justificación de financiar los programas de adultos mayores.
Asimismo, en el pago de las entidades al Seguro Popular se quita el control de las compras de medicamentos a las entidades, pero sin disminuir el pago que corresponde a los estados.
Ante estas modificaciones, la doctora Alenka Guzmán Chávez, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) consideró que pudiera ser una opción eficaz para evitar casos de corrupción, principalmente en el gasto de salud.
“Los estados no mostraron ser eficientes en el manejo de los recursos, no hubo transparencia. En la compra de medicamentos, por ejemplo, los estados tenían diferentes maneras de comprar lo medicamentos que los hacían incluso más caros. En algunos estados se licitaban, en otro no, no había una información adecuada sobre los precios, incluso algunas empresas farmacéuticas decían nosotros tenemos que multiplicar por 32 el cabildeo para la venta de medicamentos a los gobiernos de los estados”, sostuvo.
Para la doctora en Economía, el proyecto del Ejecutivo, en vez de mejorar las reglas y condiciones en que se ejerce el gasto federalizado, toma la opción de volver a concentrar el manejo de los recursos públicos, el cual podría ser funcional sólo de forma momentánea.
“Volver a centralizar tendría que ser una etapa para volver a empezar a hacer bien las cosas. En caso de que regresen los recurso a la federación, la Cámara de Diputados debe poner candados a la federación en el sentido de que ellos no apliquen los recursos discrecionalmente, sino que haya reglas muy claras de cómo van a distribuir los recursos a los estados”, planteó la profesora-investigadora de la UAM.
