Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El pasado 25 de febrero, Concepción Galván Escalante de 25 años sintió dolores en su vientre. Acudió a un hospital de la Cruz Roja en el puerto de Veracruz y detectaron que estaba embarazada. Ella no lo sabía. Horas más tarde fue acusada de homicidio doloso.
La joven es voceadora de un periódico local. Ese día se presentó al hospital y fue recibida por dos paramédicos, quienes la condujeron a la sala de urgencias. Concepción sintió la necesidad de ir al sanitario y tuvo un parto fuera de las condiciones médico sanitarias óptimas.
En Veracruz, el aborto es considerado un delito. Sin embargo hay algunas cláusulas del Código Penal estatal en las que la interrupción del embarazo no es punible. Aunque, si bien está despenalizado, el aborto culposo, por violación, inseminación artificial no consentida, por peligro de muerte, porque el producto posee alteraciones graves, no están reglamentados los procedimientos para realizarlo.
De acuerdo con la organización ASILEGAL, Concepción fue denunciada ante el Ministerio Público a pesar de que su estado de salud era delicado. Se le acusó de homicidio doloso y el 5 de marzo pasado le dictaron auto de formal prisión, a pesar de que en las pruebas existentes no se demuestra que la joven haya cometido delito alguno.
El dictamen oficial Certificado del Médico Forense dice: “No existe evidencia física que permita establecer que el parto fue provocado”. Sin embargo, aun con todo el caudal probatorio, a la fecha no se ha resuelto la situación jurídica de la joven, violentando de esta forma sus garantías consagradas en la Constitución y sus derechos humanos.
Con el hashtag #LiberenaConcepción, organizaciones e internautas buscan que se le haga justicia a la madre soltera. Asimismo piden firmas para una petición de liberación dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto; al Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y al Gobernador de la entidad Javier Duarte Ochoa.
El organismo de derechos humanos argumenta que el Juez Tercero de Primera Instancia de Pacho Viejo, Veracruz, tiene la obligación de dictar un auto que justifique la detención de Concepción en un plazo de 144 horas. Sin embargo, la joven lleva privada de su libertad más de 5 mil horas sin él.
Después que le dictaran formal prisión se interpuso amparo en contra, el cual se hizo del conocimiento del Juzgado Cuarto de lo Penal con sede en Boca del Río, Veracruz, donde ASILEGAL asumió la representación de Concepción y presentó una ampliación de conceptos de violación, respecto a la deficiente valoración de las pruebas, las cuales demuestran la inocencia de Concepción.
El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz concluyó que las violaciones precisadas fueron suficientes para conceder el amparo presentado por ASILEGAL y ordenó que la autoridad responsable, dejara insubsistente el auto de formal prisión del 5 de marzo de 2013, y repusiera el procedimiento, otorgando nuevamente el término constitucional ampliado para presentar pruebas.
Sin embargo, desde febrero, Concepción ha permanecido privada de la libertad, sin que se le dicte un Auto de Término Constitucional. La ley establece que este auto debe producirse dentro de las 72 horas.
Estuvo recluida primero en el “Penalito” del Puerto de Veracruz y luego fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Tuxpan. Finalmente, el pasado 3 de junio, el director general de Reinserción y Readaptación Social en el Estado ordenó el traslado de Concepción al CERESO de Pacho Viejo en Xalapa, esto después de que el juzgado que tenía conocimiento de la causa penal solicitará una prórroga de jurisdicción.
“El caso de Concepción es un claro ejemplo de violencia hacia la mujer e indolencia de las autoridades, así mismo hace notar la inobservancia a los tratados internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) respecto al acceso a la justicia. Denunciamos la mala actuación de las autoridades veracruzanas y exigimos respeto irrestricto a los derechos de Concepción Galván, así como su liberación”, publica.
EL ABORTO EN VERACRUZ
En México, el aborto es un delito que se regula a nivel local con exclusiones de responsabilidad, es decir que en determinados casos, a las personas que llevan a cabo un aborto, no se les impone una sanción, dependiendo de la entidad federativa.
Sin embargo, como ha documentado Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) en su informe “Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México”, la legislación restrictiva en materia de aborto y la falta de acceso aun en las causales legales, orilla a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida, afectando principalmente a las personas con menor educación y recursos económicos.
“Hemos documentado aquí en GIRE mujeres que llegan con abortos espontáneos, y son de todas maneras denunciadas ante las autoridades, y son ellas las que finalmente tiene que probar que el aborto se dio de manera espontánea, cuando en el debido proceso penal, es el Ministerio Público el que debe probar la existencia de la comisión de un delito”, indicó la abogada Fernanda Díaz de León.
En lo que va del año –en Veracruz–, han sido ya tres mujeres que acuden a hospitales o clínicas por una emergencia obstétrica y son denunciadas por el delito de aborto, denunció Aracely González Saavedra, directora del colectivo Equifonía.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Muerte Materna, hasta abril de este año se registraban 388 defunciones en el país, de las que 25 ocurrieron en Veracruz.
Durante los últimos 10 años, la entidad ha estado entre los primero 10 lugares de muerte materna a nivel nacional, siendo el aborto, la tercera causa de muerte, explica la defensora de derechos humanos.
González Saavedra añadió que no basta con que hay un compromiso firmado a nivel internacional ni que en el Plan Nacional de Desarrollo y Veracruzano de Desarrollo haya un compromiso escrito para garantizar la salud a las mujeres, sino que debe traducirse en programas, presupuesto y servicios para las mujeres.
“Nosotras hemos insistido en que es importante que se garanticen, no sólo políticas públicas sino que se garanticen programas para la atención a la salud reproductiva de las mujeres, programas para la atención de la salud materna y la disminución de riesgos que colocan a las mujeres y a sus hijos e hijas en riesgo de morir”, dijo.
Y es que –dijo– no hay una normatividad a nivel nacional que obligue al personal de salud a la denuncia de mujeres que acuden con abortos incompletos, pues no corresponde al personal investigar si fue un aborto inducido o espontáneo sino atender la emergencia.
Por su parte, el presidente del Foro de Abogados, Vito Lozano Vázquez, se pronunció en favor de la despenalización del aborto en Veracruz. “Siempre ha sido un problema propiamente de carácter personal y debe de obedecer a las necesidades de las mujeres” dijo.
“Estoy de acuerdo en que sea penalizado el aborto cuando se dan las condiciones de que es obligado hacerlo, pero en general la mujer debe decidir sobre su cuerpo. Si ella dice que no quiere tenerlo por las circunstancias que sean, se debe atender la voluntad de la mujer” dijo Lozano.
El abogado también dejó en claro que de ninguna manera se debe criminalizar a la mujer, “porque es ahí donde hemos caído en ciertas distinciones jurídicos, como juzgar a una mujer sin saber los motivos que tiene para ello”.
De ahí que a decir de Lozano Vázquez el aborto debe ser penalizado para la persona que lo comete en desacuerdo a la madre.
“A veces sucede que la mujer quiere tener a su hijo, y el padre la obliga a que aborte, ahí debe ser penalizado pero en términos generales debe ser la mujer quien determine si procede o no el embarazo", expuso.
