Los padres dijeron que ven una esperanza para su caso con el próximo Gobierno, sin embargo, alertaron que les preocupa que “antes de irse esta administración termine de manipular el expediente para enterrar la verdad”.
Las familias denunciaron que es “una vergüenza” que a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos. Y que sí estén dedicando mucha energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, que –tras considerar que la indagatoria de la PGR carecía de independencia y efectividad- ordenó la conformación de una comisión investigadora con controles externos para garantizar los derechos de las víctima.
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron una reunión con el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para “fijar una ruta de trabajo” en torno al caso. También hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que “estén del lado de la verdad y de las víctimas” a la hora de resolver los recursos legales impuestos contra la sentencia del Tribunal que ordenó conformar una Comisión de la Verdad.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014 pidieron “con esperanza” al equipo de López Obrador sostener una reunión para fijar una ruta de trabajo para dar seguimeinto al caso. Destacaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia del tribunal colegiado que pidió la creación de la Comisión.
“Le queremos dar un mensaje al nuevo Gobierno: que se comprometa con la verdad, llevamos 46 meses buscando a nuestros hijos, que reanude la investigación del GIEI para poder dar con el paradero de nuestros hijos”, llamó Alfredo Galindes, padre de uno de los normalistas.
Galindes llamó a López Obrador a que se reúna con ellos y con sus abogados para seguir “buscando la verdad, como prometió en Iguala, que no iba a fallarnos”.
En mayo pasado, durante un evento de campaña, con los padres acompañándolo en el templete, López Obrador prometió que crearía una Comisión de la Verdad para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y deslindar las responsabilidades del Ejército. Incluso aseguró que Iguala sería un ejemplo de cómo se hace justicia en un Gobierno democrático.
Los padres dijeron que ven una esperanza para su caso con el próximo Gobierno, sin embargo, alertaron que les preocupa que “antes de irse esta administración termine de manipular el expediente para enterrar la verdad”.
“Sabemos que la Ministra Sánchez Cordero y Alejandro Encinas han sido designados para seguir nuestro caso. Vemos con esperanza su participación. Esperamos que se reúnan pronto con nuestros abogados para trazar una ruta conjunta de trabajo”, añadió Galindes durante la conferencia de prensa esta tarde.
Melitón Ortega, representante de los padres de los normalistas, recordó que el Gobierno electo les prometió “que estaría abierto a volver a tener asistencia técnica internacional, e incluso a que regrese el GIEI. Esperamos que eso se cumpla”.
Los padres recordaron que el GIEI dejó un camino marcado, por lo que no se tiene que comenzar de cero.
“El GIEI dejó una serie de diligencias pendientes para la investigación, eso podría marcar una ruta sobre el rumbo de la investigación, con controles externos que verifiquen el actuar de la PGR”, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones acompañantes de las familias.
“Al nuevo Gobierno, le recuerdan las familias el compromiso que él [Andrés Manuel] y su equipo han hecho: la creación de una comisión de investigación con participación de instancias internacionales”, añadió.
Las familias denunciaron que es “una vergüenza” que a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos. Y que sí estén dedicando mucha energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, que –tras considerar que la indagatoria de la PGR carecía de independencia y efectividad- ordenó la conformación de una comisión investigadora con controles externos para garantizar los derechos de las víctima.
“Es mucho dolor el que hemos vivido las familias, hace unos días fue la graduación de nuestros hijos y no estuvieron. Ese dolor nos da fuerza para exigirle a la SCJN que tenga autonomía”, dijo Mario González, otros de los padres de los normalistas.
