No me explico por qué en el operativo en Tláhuac, si eran vendedores al menudeo como dice Mancera, intervino la Marina, pues esos casos son competencia de la Delegación; incluso si eran una organización delictiva el deber era de la PGR, con investigaciones integradas y órdenes de aprehensión. ¿Qué juez autorizó intervenir las conversaciones de los “fuera de la ley” y de sus vecinos honorables?
Ustedes, CDMeXicas, no saben lo peligroso que es dejar que las fuerzas armadas se hagan cargo, poco a poco al comienzo y después totalmente, de la seguridad pública; en Juárez los sufrimos más de dos años (de enero de 2008 hasta abril de 2010).
Las garantías individuales se suspendieron sin reglamento parlamentario de por medio, por lo tanto fue una interrupción de la constitucionalidad y legalidad, una situación para los ciudadanos equiparable a un estado de sitio.
El prólogo a su entrada fueron golpes a los delincuentes más visibles, después sustituyeron a las policías municipales e investigadoras y controlaron muchas actividades ciudadanas, hasta el tránsito vehicular y la sobrevigilancia en mercados populares. Rechazaron toda cooperación institucional y veían a los juarenses con cara de narcomenudistas o delincuentes comunes.
Ya con todo ese poder, y sin interés por la información de inteligencia, tuvieron una gran idea: Adquirieron un “detector molecular de armas y drogas” parecido a un videojuego con una antena de radio y, caminando por la calle, a donde apuntara ingresaban violentamente y detenían a los varones allí presentes, de entre 16 y 60 años, torturándolos en sus cuarteles hasta por diez días.
Se reveló después que este detector era un fraude, que se le ocurrió a un inglés como juguete y lo vendió a México al mayoreo.
Los militares, con apoyo presidencial, sometieron a la CNDH y al presidente de la Comisión Estatal, al Poder Judicial Federal y a los Diputados Estatales y Federales; los resultados de sus operativos favorecieron mayoritariamente al Cártel de Sinaloa, aunque no me atrevo a acusarlos directamente.
Su presencia desencadenó una reacción violenta de los asesinos de todo tipo, que cobró en 5 años la vida de 10,500 personas, el 1 % de la población. Durante tres años Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo, 250 mil habitantes fueron desplazados de la urbe y la economía citadina se derrumbó.
En su metrópoli, este porcentaje de homicidios significaría alrededor de 200 mil vidas perdidas en cinco años.
El jefe militar de la Región Norte declaró, respecto a los principios del debido proceso, que su orden de cateo “se llamaba marro” y que cada occiso en sus operativos “no era un muerto más, sino un delincuente menos”.
Sólo unos cuantos defensores, funcionarios y abogados nos opusimos, pero repentinamente soldados y criminales empezaron a presionarnos y acusarnos de ser útiles a los delincuentes por exigir el respeto al Estado de derecho.
En un año, y con todas las instituciones en contra, pudimos documentar mil 200 casos de violaciones y armamos 176 denuncias penales, que se ampliaron a 450 en la delegación de la PGR, casi a escondidas.
Para recuperar la paz tuvo que intervenir el sector más influyente empresarial y los académicos, activistas y profesionistas; e hizo falta sufrir la terrible tragedia de Salvárcar para que Calderón reconociera que los operativos de seguridad debían dirigirse por instituciones civiles.
Después de que se retiraron los militares tardamos casi tres años en volver a cierta normalidad, fue necesaria la captura de miles de activos delincuenciales y que los sicarios de ambos cárteles publicaran que “ya no había a quien matar”.
El resultado final de la intervención militar fue que los asesinos se quedaron sin personas para asesinar. Cuídense, CDMeXicas.
