Los partidos políticos están siendo utilizados por las élites empresariales –en este caso por las televisoras– para colocar a sus empleados y directivos en posiciones dentro del Congreso de la Unión, debido una relación absolutamente mercantil con las cúpulas de los partidos. De 15 casos hasta ahora detectados por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral y otras organizaciones, de candidatos a senadurías y diputaciones provenientes de los consorcios televisivos, 9 son postulados por el PVEM, 4 por el PRI, uno por la coalición PVEM-PRI y uno más por el PMC, expone la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social) AC.
En un análisis realizado por la investigadora Clara Jusidman y que se titula “La opacidad de las candidaturas al Congreso”, se afirma que dos terceras partes de esas postulaciones [15] son del Partido Verde, lo que hace también que la mayoría sean postulados por la coalición Compromiso por México, cuyo aspirante a la Presidencia de la República es Enrique Peña Nieto.
“Esto podría ser prueba del fuerte vínculo entre las televisoras y esa coalición”, dice Jusidman. “También se ratifica la percepción crecientemente generalizada de que el Partido Verde se dedica a vender franquicias y que para muchos es una vergüenza que su negocio sea mantenido con los recursos públicos que todos aportamos para el sostenimiento de los partidos políticos”.
Jusidman destaca que el Partido Verde Ecologista de México fue promovido hace varios años por Manuel Camacho y Carlos Salinas de Gortari “como un partido de origen familiar, y habiendo sido expulsado por las organizaciones internacionales de partidos ecologistas, el Partido Verde representa un enorme boquete en el sistema político mexicano. Su permanencia proviene de un electorado desinformado y engañado mediante la publicidad mentirosa y de los candados que sus propios legisladores han ayudado a construir en el COFIPE para fortalecer y proteger a la partidocracia existente”.
Este “affaire”, añade, se inserta y corrobora la opacidad con la que los partidos eligen a sus candidatos al congreso y su vulneración del derecho a la información de los ciudadanos para realizar un voto informado.
“En la mayoría de los partidos son sólo sus cúpulas las que eligen a los candidatos, vulnerando incluso los derechos de sus militantes y negociando candidaturas en posiciones privilegiadas para los empleados y directivos de los poderes económicos reales. No es sólo la telebancada, sino también legisladores para las empresas de alimentos industrializados, farmacéuticas, del tabaco, de las telecomunicaciones, etcétera”, expone.
Clara Jusidman es economista y actualmente miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos y del Consejo Asesor del Proyecto “Evaluación de los mecanismos de reclutamiento y del acceso a la protección social de las y los trabajadores migrantes temporales en la región” del INEDIM así como, del Comité Coordinador del Programa de Derechos Humanos Unión Europea-México.
También es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Forma parte del Movimiento por la Paz con Justica y Dignidad y del Espacio Social para el Diálogo Estratégico. Tiene diversos artículos y libros y participa como docente y conferencista en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.
CIUDADANOS DEBEN ESTAR ALERTAS
Desde las elecciones del 2006, el Comité Conciudadano y las organizaciones que lo integran desarrollaron un proyecto llamado Congreso con Rostro en el cual mediante la solicitud de información al IFE y a los partidos políticos, se pretendía construir una base de datos curriculares de las y los candidatos para algunos distritos electorales con el fin que los votantes de esos distritos pudieran emitir un voto informado. En 2009 se repitió el proyecto para ocho estados y 80 distritos y un total de 600 candidatos de mayoría relativa.
En el documento citado, Jusidman informa que al incluir el proceso electoral actual el Conciudadano ha solicitado información de contacto y curricular de las y los candidatos a los partidos y con excepción de alguna información parcial del PAN, del PMC y del PRD, los demás partidos responden que no cuentan con esa información.
“El PVEM dice que no está obligado a darla. En otros países como Brasil, Ecuador y Perú esa información es accesible para todos”, destaca.
En esta ocasión hay poco más de tres mil candidatos registrados por los partidos para competir por posiciones de senadores y diputados. Sin embargo, la investigadora pregunta: “¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos a quién y que representan? ¿Realmente son nuestros representantes? ¿Tenemos como sus electores medios para que nos rindan cuentas?”.
Ellos, añade, son los que definen las reglas de nuestra convivencia plasmadas en leyes pero, “¿son leyes que ponen el interés colectivo y el bienestar de las personas por sobre los intereses privados que parecen representar cada vez más?”
Ante situaciones como la descrita, expone, es nuestra obligación informarnos quiénes son los candidatos que nos proponen los partidos y elegir y votar de manera informada.
