No necesito explicar que el PRI gobierna en este país. Aunque muchas veces no lo parezca.

Eso significa que el resto de los partidos, especialmente el PAN, el PRD y Morena (por su carácter mayoritario) deberían erigirse en una oposición firme desde el Senado y la Cámara de Diputados.

Pero no es así. Nuestros partidos políticos nos demuestran todos los días que hay cosas más importantes que fiscalizar al Ejecutivo, proponer políticas públicas de avanzada y representar a los ciudadanos que los mantienen.

Discutir cuál Duarte es más corrupto o si Guillermo Padrés es muy valiente por entregarse a las autoridades, sirve para el anecdotario y el morbo, pero no representa las prioridades de un pueblo agraviado por la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Va para Ricardo Anaya y Enrique Ochoa.

Desde sus curules, nuestros representantes de oposición no oponen nada. Eso sí, hacen como que reniegan, como que critican, como que protestan… pero a la hora de la votación pues, no están, se abstienen o, los más cínicos, se alinean con el tricolor y sus partidos satélite para cumplir las instrucciones del Presidente Peña Nieto.

Dos hechos son de particular importancia en estos días: la Ley de Archivos y el nombramiento del titular de la PGR de cara a la creación de la Fiscalía General, en el marco del proceso para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el primer caso, y como ya han alertado diversos especialistas en la materia, la propuesta para la nueva Ley de Archivos incluye la barbaridad de ser controlada por la Secretaría de Gobernación, al tiempo que obliga a una secrecía increíble. De pasar tal cual, no podremos saber de los responsables de cualquier acto relevante de la historia de este país porque nombres y apellidos deberán tacharse de los expedientes. Además, ¿imagina usted una Secretaría como la de Osorio Chong encargada de la memoria histórica de México? Vaya transparencia y apertura a la que aspiramos.

En el otro caso, es increíble que el Senado haya pasado sin mayor asombro, ni crítica alguna, el nombramiento de Raúl Cervantes como Procurador General de la República. Con 83 votos a favor del PRI, PAN, PRD y PVEM; tres en contra y una abstención del PT, el Senado avaló la propuesta del Presidente Peña Nieto para poner al frente de la decaída PGR a uno de sus incondicionales.

Como era obvio, la designación ha recibido un severo cuestionamiento desde la academia y la sociedad civil por sus claros conflictos de interés y sus antecedentes priistas. Raúl Cervantes no garantiza de ninguna manera la autonomía necesaria para convertirse en el primer Fiscal General de la nación. Eso lo saben nuestros senadores pero no les importó: al momento de la votación decidieron jugar “en equipo” con el Presidente.

Ambos casos ejemplifican la importancia de contar con una oposición que haga honor a su nombre y, cuando se necesite, se oponga.

Los representantes populares de los partidos de oposición deben dejar de simular su rol y ejercer la crítica, exigir transparencia, negociar con responsabilidad y atender a los intereses y reclamos de la ciudadanía en los temas más urgentes e importantes.

En el mismo sentido, los ciudadanos solemos cometer el error de poner toda nuestra atención en el Presidente y dejamos de ver que los primeros obligados a responder a su carácter representativo son los diputados y senadores. Debemos aprender a exigir de manera directa y personal a cada uno de nuestros representantes en ambas cámaras. En la medida en que vigilemos y acompañemos su trabajo, ellos harán lo propio con el Ejecutivo. La presión se transmite, y funciona.

Por eso tenemos que exigirle a nuestra penosa oposición que antes del cálculo político-electoral, están sus obligaciones de contrapeso democrático.

Empecemos a exigir transparencia en el manejo de sus recursos. Reclamemos el sentido de sus votaciones. Vayamos a sus oficinas de gestión. Nos llevaremos sorpresas, seguro, pero ellos más. Se sentirán vistos y vigilados. Los más inteligentes y éticos se dejarán acompañar.

Diputados y senadores: no se les olvide que antes que a sus partidos, representan ciudadanos.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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