Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional dijo que el gobierno de México ha puesto en duda su compromiso para atacar la pobreza, cuando se cumplen 4 años desde que se abriera a firma en Naciones Unidas el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC), un tratado internacional de lucha contra miseria.
Sin embargo, pese a que México fue uno de los países que impulsó la creación de este instrumento internacional, “se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de países firmantes”.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México hay al menos 53.3 millones de personas viviendo en situación de pobreza, el 45.5% del total. A esta cifra se debe añadir la de la población vulnerable por carencia social, 33.5 millones de personas y por bajos ingresos que es de 7.2 millones. De esta forma, sólo 23.2 millones de personas en México, sólo el 19.8% de la población, no enfrenta pobreza ni situación de vulnerabilidad.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha afirmado en repetidas veces su compromiso para combatir de forma efectiva la pobreza en México, agregó la organización. “Pero a juzgar de la organización, su negativa a firmar y ratificar este instrumento pone en duda la seriedad de su compromiso”.
Esta ausencia de México se produce a pesar de que el Senado de la República ha llamado tanto al anterior gobierno como al actual la firma de este acuerdo.
“Firmar este Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano para combatir efectivamente esta tragedia”, dijo Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional, de acuerdo con un comunicado.
El PFPIDESC es un instrumento clave en la lucha contra la pobreza ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, el agua, la vivienda digna o la salud ante un Comité de la ONU.
“La negativa del gobierno mexicano a firmar este instrumento contra la pobreza, al tiempo que no ha titubeado en firmar Tratados comerciales es simplemente escandalosa. Parecería que para las autoridades mexicanas poner fin a la pobreza es simplemente un asunto accesorio” añadió Zapico.
Para Amnistía Internacional toda política de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en el centro de su actividad y garantizar la participación efectiva de las personas cuyos derechos son violentados. Así mismo es necesario contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de las autoridades para garantizar que sus políticas realmente sirvan para combatir la pobreza.
"Es en la transparencia y la rendición de cuentas y en la participación efectiva de las personas a las que se supone que benefician las políticas públicas dónde el Protocolo Facultativo puede abrir nuevas vías de acción. En los últimos años las cifras de pobreza en México se han mantenido terriblemente altas a pesar de los programas oficiales, por lo que es necesario contar con nuevas herramientas para exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones" concluyó Zapico.
Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades mexicanas a tomar todas las acciones necesarias para que este Protocolo se firme y ratifique a la brevedad y de esta forma se despeje al camino para que las millones de personas que viven en la pobreza puedan exigir sus derechos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo y hoy cumple cuatro años desde su apertura a firma. Desde entonces, más de 41 países de todo el mundo han firmado este instrumento, que entró en vigor el pasado 5 de mayo. Este Protocolo fue aprobado por consenso en la ONU el 10 de diciembre de 2008, necesitando para su entrada en vigor de la firma y posterior ratificación de, al menos, diez Estados.
Este protocolo además de crear una vía para escuchar quejas individuales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, establece un mecanismo de investigación, de carácter confidencial, que permite al Comité investigar estas presuntas violaciones en el territorio de cualquier Estado que lo haya firmado.
