Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Las leyes de fiscalización en los estados tienen “fuertes deficiencias” en puntos clave porque no garantizan consecuencias a los resultados de las auditorías y no obligan a hacer públicos los informes de sus procesos, entre otros, determinó el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.
El análisis, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, destaca que 14 de las 32 entidades federativas en el país “obtuvieron una calificación reprobatoria” en materia de transparencia de la fiscalización.
Entre las entidades reprobadas se encuentran Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.
Otras siete entidades (Campeche, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) no hacen públicos los informes de la fiscalización de recursos.
De acuerdo con la directora de Proyectos de Competencia del IMCO, Jana Palacios, los desvíos de recursos que se han denunciado durante los últimos meses en distintas entidades del país son resultado de la baja calidad de la fiscalización, lo que da lugar a que se cometan actos de corrupción, que en los estados de Tabasco, Morelos y Chiapas ya han costado a los ciudadanos al menos 4 mil millones de pesos.
Puso los focos rojos en entidades como Veracruz y Aguascalientes, donde no se han “armonizado las reglas para auditar”.
EL COSTO DE LA OPACIDAD
El estudio fue financiado por la Embajada Británica con la finalidad de generar un diagnóstico de la calidad del marco normativo y algunas prácticas de fiscalización superior en las entidades federativas del país. Uno de sus objetivos fue detectar las deficiencias de los sistemas de revisión locales para proponer reformas legales e institucionales para contrarrestarlas.
Otro de los puntos resaltados por el análisis es que no en todos los estados existen fiscalizadores de carrera, además de que en más de una docena de entidades no hay el rigor necesario para realizar una fiscalización adecuada.
También, la “pobreza legislativa” en la materia deriva en auditorías deficientes y fugas de recursos.
Por otro lado, las auditorías locales se realizan con pocos recursos, hay entidades donde la tendencia es reducir el presupuesto para la fiscalización y los portales de transparencia no operan con el rigor que debieran.
El estudio midió tres aspectos de la fiscalización de las auditorías superiores en todo el país, que consisten en los ordenamientos jurídicos; las experiencias y perspectivas del personal que trabaja en las entidades de fiscalización, y la medición de la capacidad de los portales electrónicos para difundir la información.
Al cierre de 2012 la calificación sobre el ordenamiento jurídico en el que se basan las auditorías superiores locales fue de 78.3 puntos de cien posibles, lo que se interpreta como “mediocridad en la calidad legislativa” porque, explicó el documento, los legisladores locales “muestran resistencia” para expedir leyes que den autonomía plena a los órganos fiscalizadores.
A lo anterior se suma que “los órganos fiscalizadores no están obligados a ser del todo transparentes y a rendir cuentas sobre su gestión y sus actividades”.
De acuerdo con el análisis, los estados que mostraron los peores resultados en materia de fiscalización son Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y Yucatán; mientras las entidades que tienen mejores condiciones en los tres niveles evaluados son Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.
Los portales de transparencia mejor evaluados, en una escala del cero al cien, fueron los correspondientes al Distrito Federal en primer lugar con 82.5; Colima con 80; Guanajuato y Nayarit con 75 cada uno; Coahuila y Zacatecas con 70, Baja California y Durango alcanzaron el 67.5; Nuevo León con 65 y el Estado de México, Campeche y Sonora con 60, siendo estas las diez calificaciones más altas.
