Washington, 24 Abr (Notimex).- El ejercicio del periodismo en América enfrenta aún serios desafíos que quedaron evidenciados en los 18 asesinatos de comunicadores registrados en 2013, afirmó hoy la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
En su informe anual de actividades de 2013, la relatoría dijo haber recibido información sobre situaciones, que a su juicio, “podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y los avances en las garantías de este derecho”.
A partir del análisis de esas situaciones, la entidad consideró que la dimensión de estos retos quedo reflejada en los asesinatos, las detenciones, las agresiones y las amenazas contra los periodistas, “especialmente en el marco de manifestaciones sociales”.
Frente a esta situación, el órgano dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó la necesidad de que los países de la región cumplan su obligación para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión”, señaló la relatoría.
Enfatizó además la obligación de estos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, “no sólo para reparar a las víctimas y sus familiares, sino también para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación”.
Mencionó el uso de leyes penales para enjuiciar a quienes hacen declaraciones que ofenden a funcionarios públicos, declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por altas autoridades estatales y los programas de vigilancia que ponen en riesgo la libertad de expresión.
La relatoría llamó en particular la atención “sobre la violencia contra las y los periodistas asociada al ejercicio de su profesión”, en alusión a los 18 asesinatos de personas “por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.
Además, “a estos lamentables hechos se sumaron cientos de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios de comunicación como represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, añadió.
En la mayoría de los casos, los actos de violencia contra periodistas se produjeron luego de que estos reportaran hechos vinculados con el crimen organizado o con fenómenos de corrupción política o policial.
La relatoría consideró que estos hechos de violencia han generado un aumento sensible en la autocensura de medios y periodistas como mecanismo para proteger su vida e integridad.
El organismo hemisférico destacó además que, salvo algunas excepciones reportadas, situaciones como éstas no se han visto acompañadas de medidas destinadas a reforzar su prevención o a impedir la impunidad de los crímenes cometidos.
El informe resaltó la manera en que algunas autoridades reaccionaron frente a las protestas sociales registradas en las Américas en 2013, que resultaron en decenas de detenciones, amenazas y agresiones contra periodistas, manifestantes y usuarios de redes sociales.
Frente a esta situación, la relatoría insistió sobre la necesidad de que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social.
“La relatoría ha constatado con preocupación la existencia de normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática”, dijo.
