Aunque Trump ha declarado públicamente que su proyecto de construir un muro para frenar la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas avanza rápidamente, el primer tropiezo puede ocurrir en la población fronteriza de Los Ébanos, Texas. Allí los dueños están siendo notificados de la intención de comprar a precios "justos" parte de sus tierras, para iniciar la obra. Uno de esos propietarios, Aurora Flores, dijo en una entrevista con Efe que ya busca asesoría legal para evaluar sus opciones, al considerar "muy poco" los 2 mil 900 dólares que le ofrecieron por un acre (0.4 hectáreas) de su propiedad.
Por María León
Tucson, Estados Unidos, 24 marzo (EFE).- El proceso de expropiación de tierras para construir un muro en la frontera con México, que ha empezado con el envío de cartas de intención a los propietarios, se presenta como un obstáculo mayor para que la promesa electoral del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haga realidad.
"El problema casi siempre consiste en la cantidad de dinero que el gobierno ofrece como compensación a los dueños de estos terrenos", dijo a Efe Anthony L. Francois, directivo de la Fundación Legal del Pacífico.
"Por lo general siempre quieren pagar poco", agregó el experto en expropiaciones.
Aunque Trump ha declarado públicamente que su proyecto de construir un muro para frenar la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas avanza rápidamente, el primer tropiezo puede ocurrir en la población fronteriza de Los Ébanos (Texas).
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Allí, los dueños de terrenos cercanos a la línea fronteriza están siendo ya notificados de la intención del Gobierno de comprar a precios "justos" parte de sus tierras, para iniciar la obra.
Uno de esos propietarios, Aurora Flores, dijo en una entrevista con Efe que ya busca asesoría legal para evaluar sus opciones, al considerar "muy poco" los 2 mil 900 dólares que le ofrecieron por un acre (0.4 hectáreas) de su propiedad, que tiene una superficie total de veinte acres (8.1 hectáreas).
Flores además aseguró que el predio, que ha pertenecido a su familia por varias generaciones, quedaría dividido si vende ese acre, con una parte prácticamente inservible e inaccesible.
El caso de Flores se podría multiplicar en Texas, donde es común que haya ranchos que tengan parte de su terreno en México.
El muro, que el Gobierno estima tendrá un costo de unos 21 mil 600 millones de dólares, busca completar vallas ya construidas en la línea fronteriza, que tiene una extensión de 3 mil 141 kilómetros y comprende cuatro estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Pero antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá que lidiar con propietarios de terrenos fronterizos.
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Francois indicó que las negociaciones son complicadas ya que, además de la venta de terrenos, involucran otros factores como el acceso a las propiedades por parte del Gobierno.
Precisó que se deben considerar factores como el uso de maquinaria pesada, la presencia de trabajadores, el ruido y en general la forma como serán compensadas estas familias por esas molestias.
Agregó además que es previsible que los dueños inconformes "inunden" las cortes con procesos legales.
Eloísa Tamez, por ejemplo, tardó siete años en resolver un litigio contra el Gobierno de George W. Bush (2000-2008) para la venta de un solo acre (0.4 hectáreas) de su propiedad para facilitar la construcción de una cerca en el condado Cameron (Texas).
Al final, el Gobierno tuvo que pagarle 56 mil dólares por un cuarto del acre (0.1 hectáreas) e instalar una puerta automática que se abre con un código para que Tamez pueda acceder al resto de su terreno en México.
Sin embargo, al parecer, el Gobierno de Trump, que se propone un muro de una altura de 9.15 metros, ya está preparando el terreno legal.
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Su propuesta de presupuesto para 2018 incluye la contratación de 20 abogados para ayudar al Gobierno federal a "obtener la tierra y los recursos necesarios para asegurar la frontera sur".
"Tantos abogados involucrados puede ser que sean muchos los terrenos que quieran expropiar o que quieren hacer este proceso lo más rápido posible", matizó Francois.
La quinta enmienda de la Constitución estadounidense faculta al Gobierno federal a expropiar los terrenos que requiera para proyectos, pero también indica que se debe de compensar a los propietarios.
"Sin duda la construcción del muro fronterizo podría enfrentar muchos retos legales. Será interesante ver las decisiones que tomen las cortes al respecto", manifestó Francois.
Algunos de esos pleitos legales serán con reservas indígenas, como los Tohono O'odham, cuyos líderes han expresado su oposición a la obra.
Esta tribu, establecida en 100 kilómetros de la línea fronteriza en Arizona, cuestiona que el muro separaría a los integrantes que viven del lado mexicano y de sus tierras ceremoniales y cementerios.
Dentro de su propuesta de presupuesto, Trump solicita mil 500 millones de dólares al Congreso para comenzar la construcción del muro este año y 2 mil 600 millones adicionales para 2018.
Actualmente en mil 049 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México hay una cerca simple, en 60 kilómetros existe una cerca doble y en 22.5 km la valla de separación es triple, según la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
