El Presidente Donald Trump intenta contar de nueva cuenta con la colaboración de los sheriffs y policías locales para expulsar a migrantes de su país, pero el asunto ya no será tan fácil. Los mandos de seguridad locales se niegan a realizar las tareas. Hay tres ejemplos sobresalientes de departamentos que solían colaborar ampliamente en deportaciones de inmigrantes (Harris County, en Houston; Travis County en Austin y Maricopa County en Arizona, todos los cuales manejan cárceles), pero que comenzaron el año con nuevo liderazgo y decidieron cambiar sus actividades para no participar ampliamente en deportaciones, con excepción de inmigrantes convictos de delitos violentos.
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Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo/La Opinión/AP).– Agentes federales de Estados Unidos engañan a migrantes y policías locales para poder realizar detenciones, mientras que sheriffs de algunas ciudades se niegan a usar a sus elementos para realizar las tareas de aprehensión y para que participen en los operativos.
Ayer, un jefe policial y una alcaldesa de California acusaron a agentes federales de engañar a policías locales que participaron en las redadas contra integrantes de una conocida pandilla originaria de El Salvador para que los ayudaran a realizar detenciones de inmigración.
Santa Cruz es una de las llamadas ciudades santuario, que prohíben que sus policías cooperen con las autoridades federales que investigan violaciones migratorias.
El jefe de la policía de Santa Cruz, Kevin Vogel, y el jefe asistente Dan Flippo dijeron el jueves en una rueda de prensa que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional mintieron cuando les aseguraron que un operativo conjunto del 13 de febrero en la región no incluiría detenciones relacionadas con cuestiones de inmigración durante las redadas de pandilleros.
Flippo agregó que no supo que se habían realizado un “cierto número” de arrestos de inmigración hasta el día siguiente, cuando decenas de manifestantes interrumpieron una reunión del Concejo Municipal de Santa Cruz para manifestar su descontento.
Sin embargo, James Schwab, portavoz de la oficina de campo en San Francisco del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que los agentes sólo hicieron lo que habían acordado antes de la operación, y que cualquier sugerencia en otro sentido era “completamente falsa, imprudente y preocupante”.
Policías de Santa Cruz y agentes de inmigración arrestaron a 10 personas presuntamente relacionadas con la pandilla MS-13, también conocida como la Mara Salvatrucha. Siete de ellos fueron acusados de extorsión y tres de tráfico de drogas. Algunos de los detenidos han sido vinculados con cuatro homicidios en Santa Cruz, de acuerdo con Vogel.
El jefe policial añadió que su departamento ha dejado de confiar en el Departamento de Seguridad Nacional y ya no colaborará con la agencia.
La alcaldesa de Santa Cruz, Cynthia Chase, dijo sentirse “profundamente afectada y molesta. Estoy indignada”.
El jefe de policía y la regidora se disculparon a los vecinos de la ciudad por haber incumplido desde el desconocimiento la política de santuario de la ciudad.
Cuando las autoridades de inmigración hicieron operativos en diversas ciudades del país hace dos semanas, varios agentes llegaron a la puerta de “Marta”, una residente de Los Angeles y se anunciaron como “policía”, diciendo que estaban investigando a su ex marido con quien no vive desde hace más de 20 años.
Ella abrió la puerta, y los agentes de ICE dieron su verdadera identidad, arrestando y llevándose al compañero de la mujer, a quien ahora están deportando.
Los Angeles no es el único sitio donde ha sucedido. ¿Es esto legal?
Al parecer sí lo es: la policía misma ha usado históricamente trampas y ardides para lograr su cometido y aplicar la ley. No es algo nuevo que los agentes de la “migra” se hagan pasar por policías, especialmente en las ciudades como Los Angeles donde desde hace más de 40 años las reglas internas dictan que el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) no actúa como agente migratorio.
Pero una coalición de líderes de derechos civiles, pro inmigrantes y policiales pidió este jueves al gobierno de Los Angeles, una de las ciudades con más población inmigrante y donde ICE realizó más arrestos este mes, que intervengan y pidan al gobierno federal el cese de este tipo de ardides contra los inmigrantes.
En fotografías y videos oficiales enviados a los medios por el propio Departamento de Seguridad Nacional, puede observarse que varios agentes llevan chaquetas genéricas que dicen “POLICE” y otros dicen “ICE Police”. A veces también usan vehículos sin marca y no camionetas marcadas con el sello oficial de la agencia.
La táctica tampoco es nueva y se ha usado históricamente bajo diversos gobiernos. En el caso de ICE, el uso de engaños y ardides es común, porque los agentes rara vez tienen una orden judicial para allanar una vivienda y arrestar a algún inmigrante que estén buscando. ICE no es una agencia que aplica las leyes penales, sino civiles.
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QUIERE COOPERACIÓN LOCAL
El Presidente Donald Trump quiere de nuevo maximizar la colaboración de los sheriff y policías locales con las autoridades federales, implementando de nueva cuenta un par de programas -287g y Comunidades Seguras- que cayeron en desuso durante el Gobierno de Barack Obama por sus efectos discriminatorios y nocivos a la actividad regular de la policía.
Pero el asunto ya no será tan facil como lo fue hace diez años. No es coincidencia que la agencia que más inmigrantes ayudó a deportar desde 2006 ya no está dirigida por el tristemente famoso Sheriff Joe Arpaio, derrotado en noviembre pasado por los votantes de Maricopa, Arizona y que tanto ese departamento como otros que antes ayudaron a la Casa Blanca a deportar a miles de inmigrantes están declinando participar en este tipo de actividades.
El programa 287g llegó a tener 70 agencias bajo contrato y actualmente sólo hay 34. Muchos de ellos fueron cancelados por el gobierno federal porque las agencias realizaban actividades de “perfilamiento racial”, que son inconstitucionales y otros departamentos los cancelaron bajo presión por el efecto congelante que tenía en las relaciones de la comunidad con la policía local.
Pero ahora, el presidente Trump ha dicho que regresará a los programas. En los memos de DHS publicados el pasado lunes se explica que el gobierno federal entrará en contratos con “cualquier agencia que así lo desee”.
Y aunque el presidente no puede obligarlas, si ha amenazado con castigar, retirando fondos, a los estados, ciudades y agencias que se conviertan, según él, en “santuario” para inmigrantes. De esa manera, el gobierno en Washington busca así obligar a gobiernos supuestamente independientes de todo el país a que implementen su política. Algunos gobernadores simpatizantes con Trump, como Greg Abbot de Texas, han hecho algo similar dentro de sus estados.
Hay tres ejemplos sobresalientes de departamentos del país que solían colaborar ampliamente en deportaciones de inmigrantes (Harris County, en Houston; Travis County en Austin y Maricopa County en Arizona, todos los cuales manejan cárceles), pero que comenzaron el año con nuevo liderazgo y decidieron cambiar sus actividades para no participar ampliamente en deportaciones, con excepción de inmigrantes convictos de delitos violentos.
En Maricopa, el nuevo sheriff Paul Penzone –electo en noviembre para sustituir a Arpaio- anunció la pasada semana que se acabaron los “holds” de cortesía, por medio de los cuales se mantenía detenidos a inmigrantes en las cárceles de Maricopa para que ICE viniera a recogerlos y que de ahora en adelante solo se avisaría a la “migra” de la próxima liberación de los detenidos. Maricopa seguirá reteniendo a inmigrantes convictos de delitos graves o violentos para que ICE los arreste y deporte, pero no a los que tienen delitos menores o no violentos o solo arrestos.
En este caso, el sheriff Penzone argumentó que su departamento no tiene la autoridad legal de detener a nadie más allá de lo que manda un juez de la instancia penal y que de llegar a hacerlo, se haría vulnerable a demandas penales. Penzone informó del cambio a las autoridades de ICE el pasado viernes, y hasta ahora no ha habido una reacción pública del gobierno federal.
Otros jefes de policía y sheriffs han tomado una postura similar, pero lo explican desde el punto de vista económico y de la necesidad de enfocar los recursos del departamento en combatir la delincuencia y otras inversiones, en vez de hacer las veces de “migra”.
Hace un par de semanas, un grupos de sheriffs del país, cuyos departamentos manejan el 85 por ciento de las cárceles en Estados Unidos, se reunieron con Trump y le dijeron que no estaban seguros de tener “la autoridad legal” de hacer lo que el quiere, sobre todo porque desde que se instituyeron estos programas, ha habido numerosas demandas y fallos judiciales en contra de la práctica.
El sheriff Leon Wilmot de Yuma, Arizona, quien representa a la Asociación Nacional de Sheriffs, le dijo al Secretario de Seguridad Nacional John Kelly que el tema estaría en el aire hasta que la Corte Suprema tomara el asunto. “Los sheriffs queremos participar pero queremos saber cuál es nuestra situación legal”, dijo entonces Wilmot.
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-Con información de Pilar Marrero, La Opinión
