Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La semana pasada “Ingrid” y “Manuel” dejaron al descubierto la mala calidad de los materiales con los que se construyó la Autopista del Sol, en época del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), ahora, representantes de nueve ejidos de tres estados advierten sobre lo que podría ser el nuevo fracaso carretero en el país: la Autopista Mazatlán-Durango.
Con fotografías en mano, que fueron tomadas antes de que ambos ciclones azotaran a Durango y Sinaloa, los ejidatarios mostraron cómo se han desgajado los cerros que rodean la autopista y la mala calidad de los trabajos que se realizan en esta vía, a cargo de la empresa española Aldesa, que será inaugurada el 17 de octubre.
Advierten que el colapso de esta autopista puede ser mayor al de la Autopista del Sol con un temporal como el ocurrido en Guerrero.
La autopista fue promovida durante el gobierno de Felipe Calderón como la obra de mayor importancia del Programa Nacional de Infraestructura (PNI)
y en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó: Es la obra más importante del sexenio con una inversión mayor a 20 mil millones de pesos procedentes de recursos públicos, del aprovechamiento de activos del Fondo Nacional de Infraestructura y del Fideicomiso Durango-Mazatlán
. La obra, de 230 kilómetros, une a Durango con Mazatlán y reduce el recorrido de 6 a dos horas y media.
Representantes de 29 ejidos de Durango, Sinaloa y Nayarit, que se integraron en el Movimiento por la Justicia Agraria, han interpuesto amparos judiciales ante el daño que la construcción provoca a sus comunidades.
Los ejidatarios expresaron en voz del representante de la Comunidad Chavarría Nuevo, Filemón Valenzuela Alemán, que harán valer el amparo 137/2013 a favor del Ejido Pueblo Nuevo después del lunes 30 de septiembre, “por lo que si no tenemos una respuesta favorable al finalizar el mes, determinaremos qué día se hará el alto a los trabajos que realizan”.
Señalaron que han ganado amparos federales para detener la construcción de esta vía, pero su “responsabilidad con el país” propició que flexibilizaran su postura para conseguir una negociación desde el 14 de junio, la cual no ha tenido avances significativos, expresó el representante del Movimiento por la Justicia Agraria, Ernesto Pérez Virgen, quien argumentó que “sería imprudente que el Presidente Enrique Peña Nieto vaya a inaugurar una obra si antes no le han pagado a los campesinos, si antes no se ha pactado la reparación de los daños porque dejaron muchas tierras productivas anegadas, incomunicadas y no construyeron caminos sacacosechas”.
Por su parte Valenzuela Alemán, quien en compañía de otros afectados visitó la Ciudad de México, recordó que “desde el inicio de esta obra en el sexenio de Vicente Fox, allá por el año 2002 y pasando por el gobierno de Felipe Calderón, se realizó la construcción de una manera totalmente ilegal, constituyéndose en un despojo de nuestro patrimonio porque a la fecha los dueños de la tierra somos nosotros, los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios afectados, ya que no se nos ha pagado”.
De acuerdo con un análisis realizado por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, órgano de lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria y hoy es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), existe “ilegalidad de las construcciones escudadas en acuerdos de ocupación previa que carecen de la formalidad amparada por las leyes agrarias, así como la carencia de personalidad jurídica de quienes en su momento dijeron representar a la SCT”.
LAS FALLAS
Con material fotográfico que prueba su dicho, los campesinos de los ejidos Pueblo Nuevo, San Antonio y Anexos, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo y Comunidad de Chavarría Nuevo denunciaron que entre los kilómetros 138 y 138+200 se presentaron la semana pasada dos incidentes que afectaron las tierras de su propiedad.
“Aquí existe un abuso de la empresa Aldesa y si tiene el visto bueno de las autoridades locales de la SCT, las cosas se complican, porque entonces son cómplices de las ilegalidades de la empresa”, expresó José Luis Coria Quiñones, uno de los ejidatarios afectados.
La primera incidencia fue una fractura de la carretera en la parte del voladero en el kilómetro 138, lo que motivó que la constructora invadiera nuevamente los predios de los ejidos para hacer caminos adicionales sobre el bosque y tratar de hacer un apuntalamiento de la zona afectada.
“Esta falla ya la habíamos reportado y el director de la SCT en Durango, Enrique León de la Barra Montelongo, nos dijo que ya se había corregido”, añadió el ejidatario.
Posteriormente se dio el desgajamiento o deslave de un cerro en el kilómetro 138+100 que abarca más de 100 metros de longitud y cubrió gran parte de la cinta asfáltica.
LO QUE “ENCHUECARON” FOX Y CALDERÓN
Los representantes de 29 ejidos, comunidades y pequeños propietarios de Sinaloa, Durango y Nayarit, esperan una respuesta de la Presidencia de la República, a la que le solicitaron intervenir para resolver lo que las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón complicaron en torno a la propiedad, uso y reparación de daños de las tierras afectadas por la vía Mazatlán-Durango y el mutipublicitado Puente Baluarte.
En un escrito dirigido y entregado a la Presidencia de la República, con fecha del 7 de junio pasado, solicitaron al Presidente una mesa donde se les permita llegar a acuerdos para obtener el “pago de nuestra la tierra sin expropiación, en donde se construyeron autopistas y libramientos ya que la Ley Agraria así lo permite”.
También solicitaron con “carácter urgente reparar los daños ambientales, ecológicos, productivos y de salud provocados por la construcción depredadora en nuestras tierras (de) las autopistas mencionadas, así como la de dar cumplimiento a los acuerdos firmados con la SCT y empresas privadas de la construcción, para la rehabilitación y construcción de puentes y caminos laterales para la comunicación y circulación comercial, ganadera, de bienes y servicios comunitarios”.
Pérez Virgen, destacó "sólo deseamos que el actual gobierno resuelva lo que los otros afectaron; es decir, que enderece lo que Vicente Fox, Felipe Calderón y sus funcionarios enchuecaron, porque se pueden hacer las cosas bien, de manera ordenada y cumpliendo cada quien con lo que le corresponde y no lo hicieron".
“Lo único que exigimos, es el respeto a nuestros derechos, a nuestro entorno y a no ser discriminados por nuestro origen campesino o rural. Nos negamos a ser excluidos. Por el contrario, queremos ser incluidos”, expresaron los ejidatarios.
El documento fue firmado por el sur de Durango por José Félix Ávila García, Andrés Medrano Quiñones, Miguel Alvarado, José Luis Coria Quiñones y Filemón Valenzuela Alemán; por el sur de Sinaloa, por Humberto López Mendoza, Luis Enrique Gutiérrez Prado, José Manuel Raygoza y Pedro Loaiza Velarde, mientras que por el norte de Nayarit lo hicieron Daniel Bravo García, Nicolás Orozco Simental, Humberto Huerta Verdín y Ángel Ortiz Rodríguez.
En él también solicitaron “auditar las finanzas que Banco Nacional de Obras (Banobras) autorizó y destinó a la Dirección de la SCT en Sinaloa, Nayarit y Durango para el pago de los bienes de los campesinos que perdieron sus aguas, bosques, cercos, norias, árboles frutales, maderables, de sombra, flora, fauna y tierras productivas”.
Pérez Virgen dijo a nombre de sus representados que esperarán un tiempo prudente la respuesta de la Presidencia de la República porque, de lo contrario, acudirán como lo hacen todos los grupos desatendidos, a la capital del país a plantarse hasta que los escuchen.
