El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia. No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.
“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, exigieron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- A siete años de la masacre a 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica hallados en el rancho “El Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas, los familiares siguen sin tener acceso a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusaron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.
Como resultado, sigue sin saberse quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales, hay 10 restos sin identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos, ya que no se ha esclarecido el proceso de identificación.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidirán si habrá acceso a las investigaciones de la masacre de San Fernando en 2010, la de 2011 y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, dijeron las organizaciones.
El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia.
No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.
Por otro lado, los familiares han tenido que emprender litigios para acceder a la investigación penal de la PGR. La información hasta ahora entregada es escasa, expusieron las organizaciones.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo que la masacre de los 72 migrantes no fue un punto final porque “seguimos contando un sin número de secuestros y asesinatos a migrantes”.
Acusó que la CNDH le advirtió al gobierno que esa ruta en Tamaulipas era área de secuestros, pero no emitió una política pública.
“La invisibilidad de la violación de derechos humanos permite que pensemos que puede seguir ocurriendo algo más atroz”, afirmó Ruelas.
Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional, aseguró que esta masacre es una historia de horror por el shock ante la violencia que estremeció a la sociedad y a la comunidad internacional; una historia de vergüenza por las dudas y la opacidad; y una historia de hipocresía porque el gobierno mexicano afirma proteger a los migrantes.
Jesús Peña, de la Naciones Unidas, resaltó que si no se tiene esclarecimiento de las investigaciones no se podrá juzgar a los responsables ni se podrán indemnizar a las víctimas.
“El derecho a la verdad supone dar a conocer los resultados a la familia y corresponde al Estado. Un elemento fundamental es agotar todas las hipótesis y recuperar todas las pruebas y testigos”, dijo.
Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, expuso que este hecho marcó la historia de México y de la migración. Recordó que las 72 víctimas provenían de los países más violentos en la región: Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Brasil.
