Sergio Velázquez y Adriana Rodríguez Pineda, trabajadores de la administración de agua en Coyotepec, y el activista Jorge López Flores fueron detenidos durante un operativo en el municipio por la supuesta ocupación ilegal de edificios e inmuebles públicos. Quedaron en libertad tres días después. Ahora, podrían ir a prisión preventiva oficiosa como parte del proceso de una investigación por robo con violencia contra un funcionario municipal. Los integrantes del Centro de Derechos Humanos exigieron que el Estado mexicano respete el derecho a la libertad personal y a la libre manifestación de los defensores y que cese los intentos de criminalizar la defensa del derecho humano al agua.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Tres defensores de la administración del agua en el municipio de Coyotepec, en el Estado de México, fueron citados a declarar para el próximo 24 de junio acusados de “robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) condenó en un comunicado la orden emitida por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán contra los defensores del derecho humano al agua, Adriana Rodríguez Pineda, Sergio Velázquez Morales y Jorge López Flores, acusados por Israel Ortiz Pacheco, titular de comunicación social del municipio de Coyotepec.
La orden de presentación fue emitida el pasado 16 de junio y registrada en la carpeta administrativa 164/2016 y en la de investigación 50354067010916, luego de que el funcionario municipal denunció a los citados por robo con violencia.
El 26 de mayo de este año, Sergio Velázquez, presidente de la administración de agua en Coyotepec, Adriana Rodríguez Pineda, tesorera de la misma gerencia, y el activista Jorge López Flores fueron apresados durante un operativo en el municipio por la supuesta ocupación ilegal de edificios e inmuebles públicos, incriminación por la que fue absuelto el 17 de junio, pues se le dictó una sentencia de no vinculación.
En esta ocasión, el delito que se investiga contempla la prisión preventiva oficiosa como parte del proceso de investigación, por lo que se encuentra en peligro la libertad de los defensores del derecho humano al agua.
Otros pobladores denunciaron que grupos afines a la municipalización del agua planean tomar las instalaciones de la Administración Ciudadana de Agua Potable de Coyotepec en la misma fecha en que Sergio Velázquez, Adriana Rodríguez Pineda y Jorge López Flores deberán asistir a la audiencia.
El organismo recordó que el defensor Sergio Velázquez es beneficiario del Mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y se cuenta con medidas cautelares a favor de los habitantes de Coyotepec, emitidas el 26 de mayo del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con clave de registro CNDH/6/2016/3678/Q.
Los integrantes del Centro de Derechos Humanos “manifestamos nuestra preocupación por la libertad, la seguridad y la integridad física de los defensores del derecho humano al agua […] Exigimos categóricamente que el Estado mexicano respete el derecho a la libertad personal y a la libre manifestación de la defensora y los defensores, y que cese los intentos de criminalizar la defensa del derecho humano al agua”.
El pasado 26 de mayo al menos 600 policías municipales, estatales y federales cercaron el pueblo de Coyotepec durante varias horas luego de que el domingo anterior los pobladores frenaran la consulta mediante la cual, denunciaron, el Gobierno local buscaba arrebatarles el control de los pozos de agua que la comunidad construyó en 1963. La acción dejó decenas de lesionados y cinco personas detenidas.
Durante la jornada de protesta para detener la consulta, el director de Educación del Ayuntamiento, Federico Cruz, amenazó a los pobladores con un arma de fuego.
Esta consulta ciudadana fue una de las principales acciones que el panista Pedro Luna Vargas, actual Alcalde de Coyotepec, lanzó a su llegada el 1 de enero de 2016. A decir de los habitantes, se trata de una ruta diferente que tiene un mismo destino: la municipalización del agua.
El 9 de junio de 2013, habitantes del municipio fueron atacados con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, acciones que dejaron cerca de 50 heridos. En ese mismo año se registraron cerca de seis ataques, en los que se incluye el homicidio de un defensor. En 2015, el CDHZL documentó 20 personas amenazadas de muerte.
Además de las amenazas, resalta el organismo, los pobladores de Coyotepec se enfrentan a un adeudo de cerca de 34 millones de pesos con Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo cuyo pretexto se corta la energía eléctrica a tres pozos de agua potable que abastecen el municipio y se deja sin este servicio a la mayoría de la población durante meses.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [en ese entonces Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
El Gobierno del Estado de México propuso en 2007 el proyecto llamado “Ciudades del Bicentenario”, que busca crear poblados autosuficientes y competitivos que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
A partir de que se impulsó en 2013 el proyecto de Ciudades Bicentenario, que contemplaba la construcción de una zona urbana en Huehuetoca, se ha intentado municipalizar la administración del líquido vital, presumiblemente para concesionarlo para el desarrollo urbano.
La reacción de la gente ante la municipalización, es: “Mi abuelo hizo ese sistema, no te lo vamos a regalar”. El municipio enfrenta una resistencia popular basada en los usos y costumbres y aunque legalmente les corresponde la administración del agua, en la práctica los pueblos se apropiaron de ese papel.
