El Gobierno mexicano ha decidido recientemente volver a centrar su investigación en el basurero de Cocula, sin esperar el último informe de los expertos independientes, “en un aparente intento de salvar su escenario original”, alerta la revista estadounidense.
Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Cuando todo parecía indicar que la Procuraduría General de la República (PGR), en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avanzaría la investigación sobre el caso Ayotzinapa “en una forma sin precedentes, rompiendo el muro de impunidad”, y tras aparentemente demoler la “verdad histórica”, actualmente el Gobierno mexicano intenta “salvar su escenario original”.
The New Yorker, en un artículo firmado por Francisco Goldman, recuerda que en enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, anunció la “verdad histórica”, que aseguraba que los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 habían sido asesinados e incinerados en un tiradero de basura en Cocula, Guerrero, por miembros de una banda del crimen organizado. Sin embargo, esa versión no fue aceptada por los padres, ni tampoco por los que seguían de cerca el caso.
El caso inspiró grandes protestas, y el manejo del Presidente Enrique Peña Nieto provocó movilizaciones internacionales, por ello, el Gobierno mexicano aceptó la misión del GIEI, con el objetivo de demostrar que tenía voluntad, aunque no siempre la capacidad para investigar, resolver y alcanzar la justicia por este crimen que había conmocionado al mundo. En febrero de 2015, luego de la renuncia de Murillo Karam, el gobierno puso en su lugar a Arely Gómez González.
Y es que, agrega el New Yorker, el caso de los 43 se ha convertido en símbolo de tantos otros crímenes que han ocurrido en México, y resumió la ilegalidad y la violencia de una guerra contra las drogas que ha dejado aproximadamente unos 150 mil muertos y 27 mil desaparecidos.
En su primer informe, en septiembre de 2015, el GIEI encontró que, de acuerdo con testigos, la Policía Federal estuvo presente la noche de los hechos; que los movimientos de los estudiantes habían sido seguidos por los militares desde que salieron de Ayotzinapa, y encontró evidencia que las confesiones, en las que se sustentaba la “verdad histórica”, habían sido obtenidas a base de tortura. Además se pudo identificar la presencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes.
“En un principio, el informe de septiembre –de 2015– parecía indicar que la PGR, en conjunto con el GIEI, se movería hacia adelante en la investigación sobre el caso en una forma sin precedentes, rompiendo con el muro de impunidad que ha hecho que sea imposible buscar la justicia por cualquier otro delito anterior de magnitud similar. El Gobierno había puesto a un nuevo Procurador General; las unidades de investigación responsables de la ‘verdad histórica’ se habían sacado del caso, mientras el Gobierno y el Ejército rechazaban firmemente la insistencia del GIEI de que se le permita entrevistarse con miembros de las unidades militares, como el 27 Batallón con sede en Iguala, existía la esperanza de que los expertos independientes al menos podrían colaborar con los fiscales mexicanos, que podrían llevar a cabo en su lugar el interrogatorio a los soldados”, destaca el medio.
Pero pasaron los meses y poco a poco se hizo evidente para el GIEI, y para quienes seguían su trabajo, que muy poco de eso se iba a hacer realidad. Al grupo de expertos nunca se les permitió entrevistarse con los militares. Además, pese a que el GIEI pidió a la PGR abrir un diálogo con autoridades federales de Estados Unidos, que investigan el uso de autobuses mexicanos para el traslado de narcóticos de Guerrero a la frontera hace meses, fue hasta sólo hace unas semanas que la dependencia inició esos contactos.
Sumado a lo anterior, destaca el New Yorker, durante los últimos meses se han visto una serie sostenida de ataques, hechos o difundidos desde diversos medios de comunicación de México, para desacreditar a los expertos del GIEI. Ninguno de los cinco expertos se libró del ataque. Incluso se llegó a presentar ante la PGR una denuncia en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
DE NUEVO A LA “VERDAD HISTÓRICA”
En tanto, el Gobierno mexicano ha decidió recientemente volver a centrar su investigación en el basurero de Cocula, sin esperar el último informe de los expertos independientes, “en un aparente intento de salvar su escenario original”. En septiembre de 2015 se decidió que se haría un segundo peritaje en el lugar, realizado por seis expertos en fuego internacionales, incluyendo a José Torero, quien en un inicio había descartado la versión del incendio en la zona.
Este segundo peritaje parecía innecesario luego de que en febrero pasado el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reveló que durante los diez años de función del basurero de Cocula se han producido ahí numerosos incendios.
Los expertos temían lo que efectivamente tuvo lugar el pasado 1 de abril, cuando la PGR dio a conocer, en una breve conferencia y con uno solo de los expertos, los resultados del nuevo peritaje en el tiradero. Se dijo que se concluyó que en el lugar se había quemado a por lo menos 17 personas.
Luego de ello, voceros del Gobierno mexicano han dejado en claro que el mandato del GIEI terminará el próximo 30 de abril. Incluso en entrevista, con Radio Fórmula, en días pasados, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio unas declaraciones desconcertantes, pues señaló que el “GIEI y la PGR coincidieron” en sus conclusiones, y que no había “elementos nuevos que nos lleven a una circunstancia diferente acerca de lo que ocurrió en ese lugar. Sólo tenemos la evidencia de que los más de un centenar de personas detenidas por el caso han proporcionado”.
Sin embargo, a finales de febrero, en la Ciudad de México, una de las cinco expertos del GIEI, el español Carlos Beristain, dijo a Francisco Goldman cómo entiende él su misión. ”Somos como una vacuna contra la impunidad”, dijo.
“Estimulamos investigaciones, anticuerpos, contra la impunidad”, agregó.
Finalmente, el medio concluye: “No cabe duda de que, en su informe, el GIEI acusará al Gobierno mexicano de haber obstruido o rechazado su investigación”. Sin embargo, destaca, que lo que el grupo de expertos tiene que decir el domingo sobre lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, y acerca de su experiencia en México, “entrará en el torrente sanguíneo del país de una manera que no será fácil aislarlo, ignorarlo o rechazarlo”.
