Durante 2016, la Secretaría de Desarrollo Social fue dirigida por dos personas: José Antonio Meade, actual candidato a la Presidencia de la República por el PRI, y Luis Miranda Nava, el autonombrado “operador político” del Presidente Enrique Peña Nieto.
En ese periodo, la Auditoría Superior de la Federación encontró fallas e inconsistencias en la Cruzada Contra el Hambre, en los Comedores Comunitarios y en las Estancias Infantiles, que implican, además de un desfalco al erario público, errores en la política de desarrollo social que busca erradicar la pobreza en México.
ADEMÁS
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que tres programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con su actual funcionamiento, no logran ser más que políticas “asistencialistas” y con algunas de sus acciones terminan por ser hasta “incongruentes”.
En las revisiones de la Cuenta Pública 2016 de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y en los programas de Comedores Comunitarios y de Estancias Infantiles, la ASF concluyó que carecen de una población objetivo definida, que no garantizan una alimentación nutritiva, que existen riesgos porque algunas estancias no presentaron programas internos de Protección Civil y que falta por comprobar cerca de 70 millones de pesos.
Además de estas fallas, como ocurrió con la Cuenta Pública de 2015, no hay un método que permita determinar si los programas están logrando sus objetivos.
En 2016, la Sedesol estuvo dirigida por José Antonio Meade Kuribreña, quien dejó el puesto el 6 de septiembre de ese año para ocupar la principal oficina de la Secretaría de Hacienda; fue sustituido por Luis Enrique Miranda Nava, quien este año dejó el cargo en manos de Eviel Pérez Magaña.
Las tres revisiones se hicieron a la Sedesol, que es una de las dependencias en la que más recaen las políticas de combate a la pobreza. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2014 a 2016, hay en México 53.4 millones de pobres, lo que representa el 43.6 por ciento del total de la población.
COMEDORES “ASISTENCIALISTAS” E “INCONGRUENTES”
La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Comedores Comunitarios, que están a cargo de la Sedesol.
Revisó la utorización de solicitudes para la instalación de comedores comunitarios; el equipamiento y abasto de los comedores; la elaboración de alimentos con base en las necesidades nutrimentales básicas; la población atendida; la supervisión del programa; la incidencia del programa en el acceso a la alimentación; su contribución en garantizar el acceso a una alimentación adecuada; la economía en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de control interno, y la rendición de cuentas.
En 2016, el objetivo se limitó a apoyar el acceso a los alimentos, sin especificar que éstos fueran nutritivos, suficientes y de calidad; además, se eliminaron los objetivos específicos vinculados con la situación nutricional y la inclusión social de la población atendida por los comedores.
Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño del programa tuvo deficiencias que limitaron que su “implementación y operación incidiera en la atención del problema público que justifica su existencia, ya que no fue clara la forma en cómo el programa logra trascender el enfoque asistencialista a uno centrado en el desarrollo de capital humano”.
La Secretaría, dice el documento, no conceptualizó el objetivo “acceso efectivo a la alimentación”, ni estableció parámetros para valorar la incidencia de los comedores en su cumplimiento y la población objetivo definida no es congruente con la que pretende atender (población con carencia de acceso a la alimentación y en condición de pobreza”.
Respecto del equipamiento de los comedores, en 2016, se instalaron 268 comedores nuevos, que representaron el 5.3 por ciento de los 5 millones 068 mil operados ese año.
De los 268, en 18, la dependencia no acreditó el equipamiento y la entrega del suministro necesario para su instalación, ni contó con mecanismos para verificar que el equipamiento de cocina de los comedores nuevos no excedió el monto máximo establecido de 150 mil pesos.
En cuanto al abasto de los comedores, mediante la revisión de una muestra aleatoria simple de 358 expedientes técnicos, al menos, el 90.3 por ciento carece de la totalidad de los recibos de abasto generados desde su instalación, lo que limitó la posibilidad de garantizar la correcta operación y funcionamiento de los comedores.
Sobre el diseño de los menús, la Sedesol elaboró el “Recetario 2016 del Programa Comedores Comunitarios”, a fin de que los comedores proporcionaran alimentos con los estándares establecidos en la NOM-043-SSA2-2012. Pero de los 22 menús diseñados por la secretaría, siete no contaron con alimentos de origen animal, que constituyen uno de los tres grupos alimenticios incluidos en dicha norma; además, no acreditó que supervisó que los alimentos preparados y otorgados a la población en todos los comedores cumplieron con los requerimientos nutrimentales básicos.
En lo que se refiere a la atención de la población beneficiaria, la Sedesol no acreditó que fueran personas en pobreza extrema alimentaria.
Sobre la supervisión de los comedores, la dependencia no comprobó que verificó, al menos una vez por semana, la correcta operación y funcionamiento, ni estableció un plan de trabajo anual para el seguimiento a la operación y ejecución del programa.
“El programa no da una solución estructural a las mismas […] la SEDESOL no garantizó el acceso a la alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de su prevalencia en 2016”, agrega el documento.
LAS ESTANCIAS INFANTILES
De esta política, se seleccionó para su revisión un monto de 3 mil 418 millones 952 mil pesos que representó el 91.9 por ciento del total de recursos ejercidos en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que ofrece apoyos a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), y entre 1 y 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en el caso de niñas(os) con alguna discapacidad, con subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil.
La ASF encontró que existieron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez que se determinaron diferencias entre la base de datos de beneficiarios y el monto reportado como ejercido por 816 mil pesos extras ni se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones por 30 millones 937 mil pesos.
Tampoco se evaluaron las acciones y el ejercicio de los recursos durante 2016, con el fin de lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos del programa.
Por otra parte, la Delegación Federal de la Sedesol de la Ciudad de México no contó con evidencia de que se efectuó la totalidad de los depósitos a las beneficiarias por 37 millones 755 mil pesos, y no realizó la visita de viabilidad para funcionar a una estancia infantil.
En el mismo sentido, la Delegación del Estado de México, en sus estados de cuenta bancarios no se identificaron los depósitos de los apoyos a 67 estancias infantiles por 619 mil pesos reportados como pagados en el auxiliar contable; tampoco se presentaron los comprobantes de los reembolsos de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil ni de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que amparan los apoyos por 82 mil pesos; asimismo, de 23 estancias no se presentó evidencia de las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros de cuidado y atención infantil vigentes en 2016, y de una estancia no se proporcionó el escrito libre ni los permisos mencionados.
Esas dos delegaciones presentaron los Programas Internos de Protección Civil por periodos parciales que no abarcaron todo el ejercicio 2016 de 27 y 26 estancias infantiles, respectivamente, lo que pone en riesgo a la población infantil y al personal de dichas estancias.
ADEMÁS
LA CRUZADA: SIN RESULTADOS TANGIBLES
En lo que respecta a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la ASF detectó que en 2016, la Sedesol reportó en el Sistema de Información para el Desarrollo (Sifode), como población objetivo a 6 millones 062 mil personas, con al menos tres carencias, entre ellas, la alimentación, y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo.
Para definir a la población objetivo de la Cruzada, la Secretaría se basó en el “Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas”. Dijo que era su instrumento de “recolección de la información socioeconómica de cada persona en situación de pobreza extrema alimentaria” y que la manera de llenarlo fue a través de medios electrónicos; sin embargo, no entregó a la ASF mecanismos para verificar la calidad ni la confiabilidad de la información acerca de la condición de las personas registradas.
La Auditoría dijo al respecto que ese mecanismo no acredita la calidad ni la confiabilidad de la información de cada persona en pobreza extrema alimentaria y que la Sedesol debe analizar la factibilidad de implementar estrategias a partir de ese cuestionario para asegurar que la población registrada en el Sistema de Focalización para el Desarrollo sea la que presenta pobreza extrema alimentaria.
Por otra parte, la Sedesol registró 30 programas presupuestarios relacionados con los programas de la Cruzada, pero ninguno de esos programas se destinó al cumplimiento del objetivo de propiciar la “participación social”.
El 76.7 por ciento se alineó con la atención del ingreso y las carencias, mientras que para el otro 23.3 por ciento no se identificó la carencia con la que se alineó. La Sedesol ni dijo nada al respecto.
Ningún programa que participó en la Cruzada ese año definió que su población objetivo era la que estaba en condición de pobreza extrema alimentaria, “por lo que su incidencia en la atención de dicho problema es incidental y no focalizada”, dictaminó la ASF.
Sobre la eficacia, sólo 10 programas registraron la población potencial y la atendida, y dos, sólo la atendida. De 18 programas no fue posible valorar su participación, ya que no se incluyó la población atendida en el sistema.
ADEMÁS
