El pasado 15 de noviembre, con 4 votos a favor y 1 en contra, en un fallo considerado histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que existió omisión legislativa y obligó al Congreso de la Unión a regular la publicidad oficial y emitir la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social del Gobierno a más tardar el 30 de abril de 2018.
Tras esta decisión, el Congreso de la Unión tiene una doble obligación de emitir la Ley reglamentaria en materia de publicidad oficial, señaló ONU-DH. Destacó que el uso discrecional de la publicidad oficial puede tener un efecto disuasivo, comparable en términos prácticos al de la censura y a veces servir para premiar o no a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
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Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidad (ONU) urgió este día al Congreso de la Unión en México a aprobar la legislación reglamentaria del artículo 134 Constitucional, a fin de regular el gasto en publicidad oficial, en aras de proteger el ejercicio de la libertad de expresión.
En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció el amparo que el pasado 15 de noviembre otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa que regularía la publicidad oficial.
La Primera Sala de la Corte también ordenó al Poder Legislativo emitir la ley reglamentaria antes del 30 de abril de 2018.
Tras esta decisión, refirió la ONU, el Congreso de la Unión tiene una doble obligación de emitir la Ley reglamentaria en materia de publicidad oficial.
Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, indicó que “un barómetro de las democracias es la pluralidad y la diversidad de sus medios. El uso discrecional de la publicidad oficial puede tener un efecto disuasivo, comparable en términos prácticos al de la censura y a veces servir para premiar o no a medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.
Con este amparo, agregó, la Suprema Corte confirma que el juicio puede ser el recurso adecuado para garantizar los derechos humanos cuando una omisión legislativa causa afectaciones en la esfera jurídica de las personas. “Lo anterior en armonía con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia”.
Por este motivo, la ONU-DH instó al Congreso a dar cumplimiento a la resolución, con plena participación de personas e instituciones expertas.
Asimismo, le solicitó tomar en cuenta la recomendación formulada al Estado mexicano por el entonces Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la ONU, Frank La Rue, en el sentido de que “establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.”
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El pasado 15 de noviembre, con 4 votos a favor y 1 en contra, en un fallo considerado histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que existió omisión legislativa y obligó al Congreso de la Unión a regular la publicidad oficial y emitir la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social del Gobierno a más tardar el 30 de abril de 2018.
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió, apenas un día después, que la Suprema Corte no podría obligar al Congreso a lograr “concensos”, lo que se interpretó como una negativa a acatar la orden.
La Primera Sala de la SCJN amparó a la asociación civil Artículo 19, que reclamó la omisión del Congreso de cumplir el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la Ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año, con la cual se permitirá poner fin al uso arbitrario del gasto y proteger la libertad de expresión.
El transitorio de la reforma política de 2014 señala que la Ley reglamentaria debe “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, en todos los niveles de Gobierno.
“Ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial”, señala la sentencia de la SCJN.
“Lo que la Constitución exige es, por un lado, que el ejercicio del gasto en comunicación social del Gobierno atienda a los principios previstos en el artículo 134 y, por otro, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto”.
Es la primera ocasión en su historia que la SCJN ordena al Congreso de la Unión expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.
“La ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”, dice el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El proyecto aprobado abunda que la omisión legislativa “propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.
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El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que podría que la mayoría legislativa, conformada por el PRI y PVEM, podrían empantanar el fallo sobre la regulación a medios, pues el fallo de la corte no los obliga necesariamente a aprobar la inicitiva.
“Lo que no puede prever la Corte, a lo que no puede obligar la Corte [es] al sentido del voto de los legisladores. Entonces, el proyecto de ley se presentará en comisiones y llegará al Pleno [de la Cámara de Diputados], pero ahí necesita contar con mayoría y que pasa si no cuenta con esa mayoría legislativa, el proyecto podrá ser derrotado en el Pleno y tendrá que regresarse [a comisiones]”, advirtió.
Sin embargo, los senadores de todos los partidos ya se mostraron a favor de dar celeridad a la iniciativa y el PRD y el PAN anunciaron que presentarán sus propuestas, que se sumarán a las ya existentes y que han quedado congeladas.
El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal de 2013 hasta el primer semestre de 2017 asciende a 37 mil 725 millones de pesos, y se proyecta que al final del sexenio alcance los 60 mil millones de pesos.
De 2013 a 2016 se registra un aumento del gasto de 31.21 por ciento, al pasar de 8 mil 154 millones de pesos a 10 mil 699 millones de pesos, se acuerdo con Fundar. Se gastó más de lo permitido y el ejercicio del dinero fue opaco, a pesar de que el tema del dinero a medios fue uno de los que prometió reformar Peña Nieto al llegar a la Presidencia.
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La necesidad de reglamentar la publicidad también a nivel local es evidente: En 2016, los 10 estados que más gastaron en publicidad oficial fueron también de los más violentos y los que encabezaron la lista de entidades con mayor número de habitantes en condiciones de pobreza.
De acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2016 los estados se gastaron 139 por ciento más de lo que podían gastar en Comunicación Social, es decir 5 mil 534 millones de pesos que no debieron destinarse a ese rubro.
Los gobiernos estatales podían emplear 3 mil 994 millones 216 pesos, pero el gasto final fue de 9 mil 528 millones 760 mil pesos.
El IMCO advirtió que el gasto de Comunicación Social se va en la promoción y en su informe precisó que “los gobiernos estatales no solo no gastan en lo que nos dicen que van a gastar, sino que gastan más”.
Las entidades que más dinero gastaron en publicidad, tan solo en 2016, son también los que tienen graves problemas de violencia y/o pobreza, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
