La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer caso relacionado con la desaparición forzada en México. Se trata de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidos por parte de agentes estatales, en el Ejido Benito Juárez, en el estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009, cuando Felipe Calderón era Presidente. El organismo consideró que el Estado mexicano no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte Interamericana el primer caso contra México relacionado con desapariciones forzadas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Se trata de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales, en el ejido Benito Juárez, en el estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009, cuando Felipe calderón Hinojosa era Presidente de México.
En 2013, después de años de cálculos por parte de organizaciones civiles, el actual Gobierno federal dio a conocer una lista de desaparecidos en el mandato de Felipe Calderón, la cual asciende a 26 mil 121 personas.
La base de datos hecha pública por el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue elaborada durante el sexenio de Calderón (2006-2012) por la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de información aportada por las procuradurías de las entidades federativas.
En promedio, 12 personas desaparecieron en México cada día durante el sexenio del panista.
La CIDH elevó el caso por considerar que el Estado mexicano no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables, dar reparación moral y material a familiares de las víctimas, fortalecer la investigación en los casos de desaparición forzada y resolver los factores estructurales que generan impunidad.
El organismo dijo que hasta la fecha se desconoce el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes que fueron detenidos por efectivos militares en Chihuahua el 29 de diciembre de 2009.
Se eleva a la Corte los casos relacionados con países que reconocen la jurisprudencia de ese tribunal hemisférico. Ambos órganos constituyen el sistema interamericano de derechos humanos y están adscritos a la Organización de Estados Americanos.
La relevancia del suceso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas.
"Los hechos constituyen un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos tenga lugar en dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción", precisó la CIDH en un comunicado.
Asimismo, el caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas.
La desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones.
De acuerdo con la CIDH, la aplicación de la justicia militar a este caso resultó "violatoria" del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.
"El Estado incumplió el deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, tanto respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas como respecto del esclarecimiento y la individualización y sanción de los responsables. Adicionalmente, hubo violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos", expuso.
LAS RECOMENDACIONES
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En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado mexicano investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos.
"El Estado debe conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de las tres víctimas, de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan", mencionó.
También ordenó reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como moral y disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso.
El organismo recomendó a México a adoptar medidas para responder a la problemática de la desaparición forzada en México y su especial incidencia en el estado de Chihuahua, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad investigativa de casos de desaparición forzada de personas y la resolución de los factores estructurales que generan impunidad en estos casos. México debe además asegurar que las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada.
LA VIOLENCIA CON CALDERÓN
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De acuerdo con organizaciones, la guerra contra el crimen organizado que lanzó el Presidente Calderón en 2006 dejó alrededor de 90 mil muertos y miles de desaparecidos. Algunas agrupaciones advierten que las mismas fuerzas de seguridad participaron en desapariciones y violaciones a los derechos humanos.
Durante el Gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha señalado que unas 70 mil personas murieron en el sexenio anterior en acciones derivadas de la delincuencia.
La guerra contra el narcotráfico fue declarada en diciembre del 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
“Atrocidades innegables”, un estudio de Open Society publicado en junio, apuntó que parte de la violencia del choque frontal contra el narcotráfico ha sido perpetrada por las autoridades mismas.
“Respecto a los asesinatos, muchas veces involucraron a personas bajo custodia del Gobierno. Muchos asesinatos fueron cometidos por la milicia […]. Y Las fuerzas de seguridad trataron de cubrir la alteración de los hechos”, dijo la organización.
Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México, retomó este informe.
Otro estudio, titulado “Diez años de panismo. Resultados”, hecho por el Partido Revolucionario Institucional estimó que la lucha contra el crimen organizado de Calderón costó 467 mil millones de pesos al Estado.
