Esta es la segunda ocasión que los padres hacen esta demanda al magistrado presidente del TSJ. El 18 de enero pasado en otra protesta con estudiantes de la Normal Rural exigieron cárcel para quien fue la presidenta del Tribunal durante los ataques a los normalistas en Iguala, Galeana Marín, y a quien responsabilizan por la pérdida de las videograbaciones de seguridad.
Por Lourdes Chávez
Guerrero/Ciudad de México, 22 de septiembre (El Sur/SinEmbargo).– Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en funciones, protegen a quienes ocultaron las grabaciones de seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, que captaron el crimen de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En una protesta en Ciudad Judicial exigieron al presidente del poder Judicial, Alberto López Celis, una investigación interna para deslindar responsabilidades administrativas ante la desaparición de las videograbaciones que se generaron en esa institución, y que no han sido entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de las indagatorias de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Iguala.
Pidieron que al TSJ que suspenda a trabajadores implicados en la desaparición de los materiales mientras avanzan las investigaciones. También cuestionaron que la hija de la ex presidenta del TSJ Lambertina Galeana Marín, recibió una plaza en el poder Judicial pese a que la mamá es sospechosa de ocultar o destruir la evidencia.
El abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra mencionó que las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la reconstrucción de los hechos con una aplicación de arquitectura forense, confirmaron que las cámaras del TSJ captaron las agresiones a los estudiantes de policías municipales, la llegada de agentes de la Policía Federal y a un militar tomando fotografías de los hechos frente a sus instalaciones.
Subrayó que es de vital importancia encontrar ese material videográfico porque su antecesor, Robespierre Robles Hurtado, sólo mostró una USB que ya analizó la PGR, que contiene imágenes de días anteriores y posteriores a las agresiones. Se omitieron las horas cruciales de la agresión a unos 15 o 20 alumnos que se trasladaban en el autobús del servicio público número 1531. Insistió en que si no está el video se tendrían que fincar responsabilidades.
Esta es la segunda ocasión que los padres hacen esta demanda al magistrado presidente del TSJ. El 18 de enero pasado en otra protesta con estudiantes de la Normal Rural exigieron cárcel para quien fue la presidenta del Tribunal durante los ataques a los normalistas en Iguala, Galeana Marín, y a quien responsabilizan por la pérdida de las videograbaciones de seguridad.
López Celis aclaró que la vez anterior acordaron que iba a valorar la posibilidad de un procedimiento administrativo, pero el caso ya había prescrito porque habían transcurrido más de tres años de los hechos, plazo máximo que señala la Ley Orgánica para este procedimiento. Señaló que de salir con una multa o una destitución habría sido “simular o engañarlos”.
De la investigación sobre los materiales indicó que hay tres personas adscritas al área de Informática en Iguala, sujetas a averiguación previa por la PGR, que ya emitieron sus declaraciones.
Añadió que la magistrada Galeana hizo su propia declaración y el año pasado la PGR volvió a abrir una nueva carpeta de investigación, donde todos fueron convocados otra vez.
Sin más que hacer ofreció a los padres y madres abrir el TSJ “a los expertos, a Tlachinollan o a quien ellos decidan para tomar las evidencias, platicar con los trabajadores sobre los procedimientos, sin olvidar que hay un procedimiento penal que es necesario cuidar, para efecto de que no se pueda contaminar el asunto”.
Señalando dos folders tamaño carta sobre un escritorio instalado para la reunión, declaró que “no tenemos nada que esconder, aquí está lo que el anterior presidente entregó a la PGR, todo lo relacionado con el equipo de cómputo, de eso ustedes tienen ese oficio, pero no tenemos inconveniente, abrimos a quien nos diga, ni vamos ocultar a la persona que haya incurrido en responsabilidad, pero no podemos seguir sosteniendo cuestiones que nosotros no cometimos”.
Enseguida precisó que tampoco estaba desligando a la institución.
Rosales Sierra le tomó la palabra porque una Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa está en proceso de constitución, y confían en que sea una realidad en los próximos meses.
LOS TRABAJADORES SABEN
En otro tema López Celis advirtió que la suspensión del personal implicado en la investigación de PGR, puede interpretarse como una protección a los trabajadores frente a la nueva investigación que los padres esperan de los expertos.
El papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete aclaró que lo importante para los padres es saber qué saben los trabajadores, porque la impresión que se tiene es que están protegiendo a alguien o los están presionados para no decir nada.
“Faltan 43 jóvenes, yo no me voy a quedar con lo que tú me digas, hay que ahondar más en esas investigaciones. No queremos que los corran (a los trabajadores implicados), sino que estén a la mano para que se deslinden responsabilidades, porque las personas responsables de una cámara, de algo tan grave, deberían ser detenidos si están ocultando algo tan grave que pone en riesgo la vida de seres humanos”.
Rosales Sierra insistió en que las cámaras pertenecen al TSJ, y “generaron un material de material de prueba, esta institución debe aportar ese material a una investigación de suma trascendencia como es la desaparición de los 43. Por eso hacemos énfasis, ya hay dos investigaciones, de la CNDH y del GIEI que de manera clara dicen que de ahí se llevaron a un grupo de estudiantes, y el estudio de arquitectura forense tiene un apartado muy minucioso de las cámaras de Ciudad Judicial, sobre la dimensión que cada una pudo haber tenido. Hay muchas cosas que pudieron haber captado esas cámaras y estaba en el Tribunal, lo único que no sabemos es dónde está, y a ustedes les corresponde saber en dónde está, independientemente de lo que pueda hacer un ente investigador como la PGR”.
La petición de la suspensión de trabajadores quedó pendiente para su nueva revisión en otra reunión, debido a las investigaciones en curso.
Los padres y madres de familia hicieron un mitin afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial con unos 500 estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), a la que pertenece la Normal Rural de Ayotzinapa.
Llegaron a las 11 de la mañana en nueve autobuses del servicio público y estuvieron ahí hasta la 1:30 de la tarde, cuando terminó la reunión con el presidente del tribunal en uno de los edificios, aunque en las instalaciones no había más trabajadores.
Transcendió que se suspendieron las labores debido a la protesta de los estudiantes señalada en el programa de la jornada de lucha a cuatro años de los ataques en Iguala, que se cumplen el 26 de septiembre. Un día antes, padres, madres y estudiantes se manifestaron frente al 27 Batallón de Infantería en Iguala, al final los integrantes de la FECSM lanzaron cohetes contra las instalaciones militares.
En la protesta de ayer padres, madres y estudiantes cerraron los dos accesos a las oficinas del poder Judicial, en la puerta principal y el estacionamiento, mientras los jóvenes con rostros cubiertos con playeras hicieron pintas en la fachada y las paredes de alrededor para exigir la presentación de los 43.
