Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Durante los primeros 10 meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto han surgido en el país nuevos grupos de autodefensa. En febrero pasado distintos informes, apuntaban que estos grupos habían surgido en ocho entidades mexicanas; sin embargo, un reporte de la firma de análisis de riesgo Southern Pulse apunta que las llamadas policías civiles ya extendieron su operación a 10 entidades, las más recientes: Colima y Tabasco.
De acuerdo con un recuento del diario Milenio publicado en febrero pasado, hasta esa fecha operaban en el país 26 grupos de autodefensa, 20 de ellos en el estado de Guerrero en las comunidades de El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero, principalmente.
Además, en Jalisco hay un grupo de autodefensa; en el Estado de México existen dos y el mismo número se registra en Veracruz, Oaxaca, Chihuahua.
En Morelos se reportan tres grupos más y en Michoacán se identificaron cuatro grupos de civiles armados.
“En por lo menos 10 estados de México, grupos de hombres armados se comprometen a proteger a sus pueblos y ciudades de los carteles criminales altamente organizados y regresar a su país a la paz. Están entrenando para el conflicto que se ha desatado entre las bandas criminales, policías corruptos e incluso los militares.
“Estas milicias ‘cosecha propia’ están surgiendo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Colima, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Tabasco. A veces incluso han desplazado, por la fuerza, a los policías corruptos o ineficaces”, cita el reporte llamado “La alargada sombra de los grupos de autodefensa en México”.
Según el documento, en lo últimos meses se reportó también el surgimiento de grupos de policías civiles en los estados de Tabasco y Colima.
En febrero pasado, el Diputado de Jalisco Clemente Castañeda –del Partido Movimiento Ciudadano– aseguró que “comunidades indígenas de Colima se preparan para establecer su propia policía comunitaria” que operaría en coordinación con la que integraron habitantes de la zona indígena de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco.
Sin embargo, el secretario general de Gobierno de Colima, Rogelio Rueda Sánchez, negó tal versión y aseguró que la entidad se mantenía en alerta ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse ante el surgimiento de estos grupos en la entidad vecina de Michoacán.
“(La seguridad) está reforzada, coordinada, y se trabaja con mucha atingencia y esperamos que con ese trabajo no se registren consecuencias negativas para el estado de Colima, por supuesto hay que estar alertas, para en su caso tener una reacción; hacemos un trabajo de prevención para atender cualquier circunstancia que se presente”, dijo en su momento Rueda Sánchez.
EL CASO TABASCO
http://youtu.be/8ojnplXA7IM
La prensa tabasqueña y nacional documentan que entre finales de febrero y abril de este año apareció en la entidad el llamado “Pueblo Unido Contra la Delincuencia”, que se atribuyó la muerte de cinco presuntos narcomenudistas y advirtió que continuaría con la “limpieza de narcotraficantes, secuestradores y violadores y rateros” en el estado de Tabasco.
A través de mantas colocadas en distintos puntos de las ciudades de Villahermosa y Cárdenas, la organización sentenció que si no cesaba la venta de drogas en la entidad y los policías continúan apoyando a grupos criminales como el de Los Zetas, continuaría su ola de ejecuciones.
“Sigan vendiendo droga a menores de edad y a mujeres y seguirá viendo (sic) esta hola (sic) de violencia”, sentenciaban en una de la mantas.
La Procuraduría estatal admitió la existencia de dicho grupo.
LOS MOTIVOS DE LAS AUTODEFENSA
“Hay un debate muy real sobre si las autodefensas, como se les llama, son una respuesta legítima a las comunidades que se enfrentan al crimen organizado”, destaca Southern Pulse en su reporte que incluye un mapa interactivo sobre la ubicación de estas policías comunitarias.
El debate se centra en que algunos grupos criminales como los Caballeros Templarios, de Michoacán, han cuestionado la legitimidad de policías comunitarias como las de Buena Vista Tomatlán y Tepalcatepec, a las que el grupo criminal acusa de obedecer a los intereses de sus rivales, el cártel de Jalisco Nueva Generación.
Los hermanos Uriel y Juan Manuel Farías Álvarez están identificados como ideólogos de los grupos de autodefensa surgidos el 24 de febrero de este año en Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec. “El Paisa” y “El Abuelo”, como se les conoce, fueron procesados por delitos federales que los vinculan con el cártel jalisciense.
Uriel Farías fue electo Alcalde de Tepalcatepec de 2008 a 2012, pero su administración se interrumpió en 2009, durante el llamado “Michoacanazo”, cuando fue detenido por su presunta relación con el crimen organizado. Fue liberado un año después.
Durante el año que duro preso, su esposa, Lorena Villalobos Bonilla, ocupó su puesto lo que lo ayudó a mantener el control de la administración, particularmente de la policía municipal.
Lorena es hermana de Felipe Villalobos Bonilla, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.
En los casos de Guerrero y Michoacán, la fuerza de las policías comunitarias es tal que han obligado a los respectivos gobernadores a reconocerlas como tales y a procurar trabajar en conjunto con ellas—lo que no ha evitado, sin embargo, choques violentos entre las corporaciones civiles y las oficiales, pues las primeras no sólo combaten a los delincuentes, sino que también han capturado y entregado a la justicia a muchos policías corruptos.
“Algunas de estas milicias están compuestas de ciudadanos bien intencionados y han detenido a cientos de presuntos criminales. Sin embargo, desafían el necesario monopolio del gobierno sobre el uso de la fuerza para impartir justicia. A medida que las milicias se extienden, también hay preocupaciones de que algunas estén siendo usadas por grupos criminales para combatir en contra de sus rivales y controlar su territorio”, destacó sobre estos grupos un informe publicado en mayo por Crisis Group (ICG), una ONG que recientemente inició su análisis sobre México.
El ICG señala que la aparición de estos grupos de autodefensa es, en últimas, consecuencia de una debilidad básica del Estado mexicano en los últimos años: ha perdido el monopolio del uso de la violencia y, como resultado, ya no está en condiciones de garantizar una expectativa razonable de seguridad entre sus ciudadanos. Esto se evidencia con los miles de homicidios, en la reducción del apoyo al gobierno federal y, ahora, con el aumento constante de este tipo de organizaciones “extralegales”.
