En México, parte de la minería ilegal está vinculada a los cárteles de la droga, que han encontrado así una manera de lavar los dólares del narcotráfico y una importante fuente de ingresos. Cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas o Los Caballeros Templarios tienen control sobre zonas mineras y exigen pagos a trabajadores y empresas.
Según un informe de 2012 de la Procuraduría General, estas organizaciones cobran a las compañías entre 11 mil y 37 mil dólares al mes por trabajar en su territorio.
Por Eva Brunner y Ricardo Grande
Ciudad de México, 22 de enero (ElDiario.es/SinEmbargo).– La minería ilegal se expande por América Latina. La creciente demanda de cobre, estaño, tantalio, wolframio, pero sobre todo de oro, ha multiplicado la aparición de maquinaria minera pesada que, sin permiso y a veces a gran escala, operan en recónditos rincones de la geografía regional, incluyendo al menos 80 áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, según apunta la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Definir satisfactoriamente minería ilegal es el primer desafío. Aquellos que explotan los recursos minerales sin los permisos necesarios (contrato de concesión minera, licencia ambiental) conforman un grupo muy diverso que demanda distintas estrategias. Pese a que en la práctica, como señala el experto Luis Álvaro Pardo, Estados como Colombia no hacen una diferenciación real entre informalidad e ilegalidad, es clave matizar términos para encontrar soluciones.
Quienes están inmersos en procesos de regulación suelen denominarse mineros informales, una etiqueta que abarca a los que extraen minerales de forma artesanal, sin usar apenas maquinaria o tecnología y en condiciones muy precarias, o a aquellos que operan sin sometimiento al control estatal.
Otras actividades mineras, en cambio, no podrán ser regularizadas porque están asociadas intrínsecamente a la ilegalidad. Algunas incluso están vinculadas a grupos criminales que no dudan en usar métodos violentos como la extorsión, las amenazas o la extracción de minerales en zonas prohibidas.
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La llamada “Guerra contra las drogas” lanzada por Estados Unidos y la drástica subida del precio de oro (entre 2002 y 2012 aumentó un 500 por ciento a nivel mundial) han situado a la minería ilegal como uno de los negocios más lucrativos en la región.
Hoy, la minería ilegal, especialmente de oro, es más rentable en América Latina que el narcotráfico. El propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que “la minería criminal es más lucrativa que el tráfico de drogas”. Esta industria genera alrededor de 2 mil 400 millones de dólares al año en este país, según cálculos del Gobierno.
Pese a que la minería al margen de la institucionalidad no es nueva, su inminente auge la ha convertido en una grave amenaza regional. “Los Estados latinoamericanos no han reaccionado a tiempo —lamenta el economista Pardo—. Cuando al fin se dieron cuenta, encontraron un problema gigantesco, que iba más allá de la existencia de mineros informales o ilegales. Era un desafío de orden público”.
COSTE HUMANO Y MEDIOAMBIENTAL
Para combatir el expolio ilegal de minerales, muchos Estados han optado por destruir y quemar maquinaria. También por la represión. Sin embargo, para expertos como Julia Cuadros de la ONG peruana CooperAcción, la reconfiguración del mapa minero en América Latina responde a un tercer factor: la falta generalizada de apoyo estatal para generar alternativas de desarrollo en las comunidades. “La minería a pequeña escala y artesanal se ha convertido en una actividad de supervivencia para muchas personas desplazadas por la violencia o que han perdido sus trabajos por las privatizaciones y los cambios en la normativa laboral —señala Cuadros—. A esos pequeños mineros hay que darles alternativas económicas: los reprimes acá y se van para allá”.
El incremento en el uso de insumos como mercurio o los crecientes niveles de exportación evidencian un descontrolado auge minero que demanda la implementación de políticas efectivas de rastreabilidad de minerales y una regulación de los mineros informales. “Formalizar la actividad no debería limitarse solo a que los Estados expidan autorización, sino a evitar que la minería genere impactos ambientales y sociales y a erradicar los delitos conexos a esta actividad”, apunta el especialista ambiental César Ipenza.
La extracción clandestina de minerales es el atajo rápido para que los grupos criminales de la región laven dinero. Pero la ilegalidad trasciende al plano humanitario. Trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil y adolescente o la pérdida de la soberanía alimentaria al producirse un abandono de las actividades agropecuarias son solo algunas de las consecuencias directas de la minería ilegal. También se ha registrado un incremento de las violaciones de los derechos de las mujeres: ha aumentado la violencia intrafamiliar y su dependencia económica debido a que la mina es una actividad predominantemente masculina.
Según la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, América Latina es la región que extrae de manera ilegal mayor porcentaje de oro. Venezuela lidera el ránking con cerca del 90 por ciento de oro extraído ilegal, seguida de Colombia con un 80 por ciento, Ecuador con el 77 por ciento y Bolivia y Perú, que rondan el 30 por ciento.
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Aunque la minería ilegal es un fenómeno regional, no afecta a todos los Estados por igual. “En la zona amazónica, todos los países están en riesgo”, explica Cuadros. A la deforestación de bosques, muchos de ellos protegidos, y a la afectación de importantes fuentes de agua, se suma la contaminación por mercurio, el químico usado para separar el oro. Se estima que por cada kilo de oro producido, se liberan cerca de 1,3 kilos de mercurio que contaminan las fuentes acuíferas y las poblaciones humanas que consumen agua y pescado.
La Unión Europea y Estados Unidos prohibieron hace alrededor de siete años la exportación de mercurio a la región y el convenio Minamata, aprobado en septiembre de 2017, limitó las importaciones y exportaciones a los Estados. Sin embargo, y pese a los intentos internacionales por obstaculizar la adquisición ilegal de mercurio y las prohibiciones de uso en países como Ecuador o Venezuela, su tráfico, sobre todo en zonas fronterizas, aún no está controlado. “La gran minería de oro tiene como subproducto el mercurio, que debe ser dispuesto de manera adecuada —explica Ipenza—. Así se podría frenar el avance de la minería ilegal”.
DE FRONTERA A FRONTERA
Colombia y Perú son dos de los países más afectados por la minería ilegal e informal. “El Estado colombiano ha evitado legalizar a los mineros informales porque tiene la errónea visión de que la minería deben hacerla las grandes empresas —señala Pardo—, aunque éstas sean responsables de enormes e irreversibles daños ambientales, económicos y sociales”.
Una parte de la ilegalidad en Colombia se alía con la criminalidad. Las primeras alarmas sobre los vínculos entre grupos armados y la minería ilegal aparecieron en 2011 con un informe del Servicio de Seguridad de Colombia que advirtió de que el 50% de las minas en el país eran ilegales y de que los grupos armados dominaban muchas de ellas. Estas organizaciones pueden ser guerrillas (según Pardo, él no ha encontrado evidencias de que participen en la producción, sino que se limitaban a cobrar un “impuesto”) o grupos paramilitares o mafias.
Alrededor del 87 por ciento de los más de siete millones de desplazados internos en Colombia proceden de zonas en las que existe minería ilegal y petróleo. Las bandas, asegura la ONG Iniciativa Global, suelen forzar a los pobladores a trabajar en las minas o exigen el pago de altos tributos a mineros tradicionales.
En Perú, el sexto productor de oro a nivel mundial, el Estado ha advertido de que existe minería ilegal e informal en todas sus regiones. Se calcula que hay al menos entre 150 mil y 400 mil trabajadores en estas explotaciones. El mejor ejemplo es la zona selvática de Madre de Dios, donde casi la totalidad del oro es extraído ilegalmente.
Las iniciativas gubernamentales por frenar el tráfico de minerales han forzado a redefinir las rutas ilegales, lo que ha afectado incluso a corredores ecológicos binacionales como el de Vilcabama-Amboró (Perú-Bolivia), que abarca uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Bolivia, Chile, Brasil o Ecuador son los países elegidos para dar salida al oro ilegal.
En Bolivia existen entre mil y 4 mil cooperativas mineras, aunque solo hay registradas unas 500, según datos de la SPDA. Esta organización advierte que en el país “la minería legal ingresa en circuitos de comercialización ilegal de manera permanente”. Pese a que es difícil rastrear este mercado, Iniciativa Global calcula que al menos unas 68 toneladas de oro (unos 3 billones de dólares) ilegalmente extraídas de la región amazónica y de la frontera norte con Perú han conseguido salir del país.
En México, parte de la minería ilegal está vinculada a los cárteles de la droga, que han encontrado así una manera de lavar los dólares del narcotráfico y una importante fuente de ingresos. Cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas o Los Caballeros Templarios tienen control sobre zonas mineras y exigen pagos a trabajadores y empresas. Según un informe de 2012 de la Procuraduría General, estas organizaciones cobran a las compañías entre 11 mil y 37 mil dólares al mes por trabajar en su territorio.
Otros países de la región afectados son Guyana, Nicaragua o Guatemala. Su presencia también es notoria en Brasil, donde se extrae sobre todo oro y piedras preciosas. “Aquí hubo un conflicto muy fuerte por los mecanismos de control que intentó instaurar el gobierno y se incendiaron estructuras gubernamentales”, explica Ipenza, que apunta que la fiscalización brasileña ha sido débil y las políticas públicas, contradictorias. Brasil tiene una situación muy diferente a la de Chile, donde se estima que no existe producción de minería ilegal, pese a que se utilice como zona de tránsito para el oro.
NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES
La cadena económica de la ruta del oro es bastante enrevesada y su trazabilidad es compleja. La irrupción de los grupos criminales en el entramado minero ha obligado a los países andinos a suscribir diferentes convenios supranacionales para destruir maquinaria, por ejemplo, con el fin de obstaculizar la expansión ilegal y extractivista aurífera. Pese a que países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil o Guyana han avanzado en normativa nacional y han establecido sanciones penales para la minería ilegal, la actividad ilícita sigue ganando la batalla. “Es ya un fenómeno global —afirma Cuadros—. En la región se ha detectado incluso la presencia de mafias chinas, coreanas, italianas o rusas”.
América Latina es la región con mayores índices de minería ilegal de oro del mundo. “Los Estados no tienen el control del territorio y se ven desbordados por las organizaciones criminales o ilegales. Además, estos países tienen problemas de corrupción muy graves”, apunta Pardo.
Pero el tránsito del oro ilegal no se entiende sin analizar el rol que asumen los importadores. Pese a que la Unión Europea aprobó a mediados de 2017 una ley que prohíbe la compra de minerales procedentes de zonas de conflicto, otros compradores externos no cumplen a rajatabla las recomendaciones internacionales que buscan frenar la minería ilegal y las violaciones de derechos humanos que conlleva. “En los últimos años han aparecido nuevos mercados como China, India, Dubai o Hong Kong que no son tan responsables o conscientes de estas actividades y no siempre piden certificación de origen o rastrean el oro que compran”, apunta Ipenza.
Otro eslabón de esta cadena lo conforman diversas empresas destinadas a la compraventa de minerales que no se adhieren a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU y que aún no han implementado mecanismos eficaces para mapear las cadenas de suministro y procedencia del oro. “En la región se han ido creando empresas anfibias que en su parte de producción tienen muchos brazos metidos en las zonas productoras. Allá compran el oro a cualquier persona que se acerque a venderles sin saber la procedencia”, cuenta Pardo. Organizaciones especializadas piden que se persiga y penalice a toda empresa implicada en cualquier actividad ilícita.
Para Cuadros, la raíz del problema es la liberalización de la minería: “La venta y la explotación de oro han quedado en manos de las leyes del mercado. Pareciera que la responsabilidad de la minería ilegal es de quienes explotan el oro, pero el principal responsable es el Estado y sus diferentes gobiernos”.
