Por Steven Dudley/InSightCrime
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo/InSightCrime).– Documentos del gobierno de Estados Unidos, obtenidos por una organización no gubernamental con sede en Washington DC, arrojan algo de luz sobre uno de los períodos más oscuros de la historia reciente de México: las múltiples masacres de migrantes entre agosto de 2010 y mayo de 2012. No obstante, la historia completa no se conocerá hasta que el gobierno de México revele su propia información.
Los documentos –obtenidos por el National Security Archive a través de docenas de solicitudes de libertad de información (Freedom of Information Act, FOIA), como parte de un proyecto sobre los migrantes– dibujan un panorama de guerra y caos en el estado de Tamaulipas, donde ocurrieron la mayoría de las masacres. En ese momento, hubo frecuentes enfrentamientos entre dos grupos criminales en guerra, los Zetas y el Cártel del Golfo, y entre estas organizaciones criminales y el ejército.
“La situación de seguridad en el norte de México sigue siendo tenue a medida que las organizaciones narcotraficantes (DTO, por sus siglas en inglés) en disputa siguen luchando por los lucrativos corredores de contrabando y el Ejército mexicano y las entidades policiales luchan por mantener el orden”, dice un documento de marzo de 2010 del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Los funcionarios locales también se comprometieron –especialmente la policía–. “En muchos casos, [los grupos criminales] funcionan con casi total impunidad frente a las comprometidas fuerzas locales de seguridad”, declara un cable de abril de 2010 de la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés).
Los Zetas fueron los sicarios del Cártel del Golfo desde finales de los años noventa hasta que los dos grupos se separaron violentamente en enero de 2010. Ambos tenían una fuerte presencia en Tamaulipas, entrando en una guerra fratricida en la cual las sospechas rápidamente se convirtieron en paranoia.
Los migrantes, que en su mayoría eran mexicanos y centroamericanos, viajaron directamente por la peligrosa ruta. Si bien había indicios de que este viaje a través del noreste del país estaba volviéndose más peligroso, había poco para señalar la magnitud de lo que ocurriría el 22 de agosto de 2010.
Ese día, según un cable de consulado de Estados Unidos con sede en Matamoros, “75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador (uno de ellos descrito sólo como ‘hindú’) viajaron en tres camionetas tipo panel en la carretera entre las ciudades de Ciudad Victoria y San Fernando, en Tamaulipas, fueron detenidos por un número indeterminado de criminales y transportados bajo vigilancia a San Fernando”.
San Fernando es un municipio de Tamaulipas a unos 150 kilómetros al sur de Estados Unidos –frontera con Texas–. Era un bastión de los Zetas en ese momento, ya que les permitió tratar de controlar el flujo de productos ilícitos y personal para el Cártel del Golfo, que tenía su bastión más al norte, a lo largo de la frontera.
“A los miembros del grupo se les ofreció la oportunidad de trabajar para la supuesta organización narcotraficante Las (sic) Zetas por US$500 a la semana”, continúa el cable. “A los hombres se les ofreció la oportunidad de convertirse en sicarios, mientras que a las mujeres se les ofreció la oportunidad de trabajar en el servicio doméstico”.
Es aquí donde la historia se vuelve extraña y, en cierta medida, increíble. Los migrantes, según el único sobreviviente que relató los hechos a las autoridades mexicanas, quienes luego se los contaron al consulado de Estados Unidos, se negaron a trabajar con los Zetas.
Esta es la versión que sigue siendo la oficial hasta hoy en día, pero esto parece ilógico teniendo en cuenta las circunstancias: rodeado de varios jóvenes armados, algunos de ellos posiblemente bajo la influencia de las drogas (que es común en los soldados de Los Zetas), los migrantes ilegales decidieron que continuarían su viaje hacia el norte.
El consulado no pone en duda esta historia. En cambio, el escritor agrega un comentario: “El salario ofrecido parece excesivamente generoso y probablemente no era el salario real, si había alguno, que habrían recibido si hubieran accedido a unirse a la organización. Fin del comentario”.
En otras palabras, el analista cree que los Zetas estaban simplemente jugando con los migrantes antes de tomar la solución final: la ejecución en masa. Las 72 víctimas luego se encontrarían con heridas simples o múltiples de bala en la cabeza. El funcionario de Estados Unidos advirtió que se trataba de “un nuevo nivel de violencia por parte de los Zetas”, pero sólo ofreció un posible motivo.
“Una teoría propuesta por [nombre censurado] es que debido a que las ganancias obtenidas por la entrada ilegal propuesta de los inmigrantes a Estados Unidos estaban destinadas al Cártel del Golfo, los asesinatos fueron una forma de los Zetas para lastimar económicamente los intereses del Cártel del Golfo”, dice el cable.
Sin embargo, el modus operandi no encajaba con nada de lo que ocurrió antes o después de este incidente. El tamaño de la masacre no tenia precedentes, incluso para un país que se estaba volviendo inmune a las atrocidades a gran escala. Entre las víctimas hubo 14 mujeres, una de ellas posiblemente embarazada; ninguna de ellas mostró signos de ataque sexual, una característica típica de cautiverio con los Zetas.
No se exigió ningún pago de rescate a ninguna de las familias de las víctimas, pese a que los Zetas secuestraban regularmente migrantes en toda la región. Ninguna de las víctimas era mexicana, aunque la mayoría de las posteriores víctimas lo fueron. Las víctimas fueron conducidas en camiones; las otras fueron arrebatadas de las líneas de autobuses comerciales. El tiro de gracia también fue atípico. Muchas de las víctimas posteriores serían golpeados hasta la muerte.
Tal vez lo más preocupante es la línea de tiempo. El testigo, un ecuatoriano de 19 años, dijo que “perdió el conocimiento” durante la confrontación y se despertó más tarde con cuerpos alrededor de él. Luego deambuló por la oscuridad hasta que llegó a un puesto de la Marina en la madrugada del 23 de agosto, dice el cable, lo que condujo a las autoridades al lugar de la masacre (vea la descripción más completa de Gary Moore sobre el increíble escape del testigo aquí).
No obstante, las autoridades mexicanas no llegaron al sitio de la masacre hasta “1.800 horas” después, el 24 de agosto, dice el cable, aproximadamente 36 horas después de que el ecuatoriano llegara a su puerta. No hay ninguna mención de por qué les tomó tanto tiempo para reunir sus fuerzas y buscar el sitio donde supuestamente había ocurrido la mayor matanza en suelo mexicano desde la época de Pancho Villa, a pocos kilómetros de su puesto.
Nunca se recuperó el equipaje ni las identificaciones de las víctimas. Tal vez los Zetas creyeron que la búsqueda de la identidad de las víctimas consumiría a las autoridades, lo cual de hecho sucedió. Sin embargo, como un investigador de un consulado extranjero dijo a InSight Crime después de la masacre, los militares también eliminaron el equipaje de las zonas de detención (para ser justos, muchos de los Zetas también son ex militares).
Después de la masacre, las autoridades mexicanas anunciaron un “Plan de Protección a Migrantes”, que tuvo como blanco a los grupos de contrabando, la coordinación de las agencias federales y la reestructuración de los casos de secuestro en el sistema judicial. Decenas de sospechosos fueron arrestados, entre ellos 17 policías de San Fernando y varios presuntos “autores intelectuales” de la masacre.
Pero los asesinatos de los migrantes continuaron. Entre agosto de 2010 y abril de 2011, cientos de migrantes más fueron secuestrados y asesinados, muchos de los cuales fueron capturados de las líneas de autobuses comerciales. En total, 196 cuerpos fueron recuperados en abril de 2011, la mayoría de ellos mexicanos. El sospechoso luego dijo a las autoridades, de forma convincente, que los Zetas habían matado a los migrantes porque tenían miedo de que fueran refuerzos para el Cártel del Golfo.
En mayo de 2012 las autoridades descubrieron otras 49 víctimas al lado de una carretera, muchos de ellos presumiblemente migrantes, en el vecino estado de Nuevo León. Fue un espantoso final de un período oscuro, sobre todo para un país que públicamente clama por los derechos de los migrantes.
En todo momento, las autoridades mexicanas parecían más interesados en controlar los daños que en detener las atrocidades. Como revela el National Security Archive en su proyecto “Migración Desclasificada” o “Migration Declassified”, las autoridades estatales trataron de restarle importancia a los acontecimientos. A medida que los cadáveres de las fosas comunes se apilaron en la morgue en abril de 2011, las autoridades mexicanas dijeron a los funcionarios estadounidenses que “los cuerpos están siendo separados para que el número total sea menos obvio y por lo tanto menos alarmante”.
El turismo incluso obtuvo prioridad sobre el asesinato en masa; un cable del consulado de Estados Unidos de abril de 2011 dice que los “funcionarios del gobierno [mexicano] han evitado públicamente llamar la atención sobre el nivel de violencia en Tamaulipas” con el fin de evitar que esto tenga un impacto en los viajes de vacaciones durante Semana Santa.
Pero aunque los documentos del gobierno de Estados Unidos nos dan una mirada a los acontecimientos que rodearon los asesinatos de los migrantes durante ese período de tiempo, todavía hay muchas preguntas que sólo puede responder el gobierno mexicano -tal vez la más importante de ellas es ¿por qué pudo ocurrir esto varias veces durante un período de dos años?-.
Por desgracia, en los años desde que ocurrió la masacre de las 72 personas en San Fernando, el gobierno mexicano ha rechazado firmemente numerosas peticiones para obtener más información sobre los casos (el equivalente al FOIA en México), incluida una solicitud formal por el Artículo 19 sobre transparencia y organización libre de la prensa para abrir los casos de la masacre de agosto de 2010.
En su respuesta, la institución mexicana encargada de filtrar estas peticiones dijo que no estaba dentro de su ámbito de competencia revelar documentos sobre violaciones de derechos humanos.
“El secuestro y el posterior asesinato de los 72 migrantes es un caso terrible, claramente de interés para el público … [y uno] que en cualquier democracia moderna conduciría investigaciones y a una explicación completa [de los hechos] en todos los niveles”, escribió el Artículo 19 en su declaración después de la decisión. “México seguirá siendo la excepción a la regla, mientras se sigue manteniendo en reserva”.
Publicado por SinEmbargo con autorización de InSightCrime
