Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Intelectuales, artistas, miembros de la Comunidad Académica Internacional de más de 60 países y 500 universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil exigieron la renuncia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del Procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera; del Procurador de la República, Jesús Murillo Karam y de todos los miembros del Ejército "que hayan sabido, encubierto o participado" en la desaparición de los 43 normalistas.
"No entendemos que el Gobernador de Guerrero no haya renunciado aún y que las autoridades federales estén conformes con esta situación. Todos sabemos que el Gobernador estaba al tanto de la situación en Iguala —él mismo lo declaró así y aseguró que también el Ejército y la Procuraduría General de la República lo sabían. Nos preguntamos entonces, ¿qué otras situaciones de colusión entre crimen y gobierno, que ningún estado de derecho podría tolerar, son del conocimiento de las autoridades?", cuestionaron.
Por medio de una carta abierta –publicada simultáneamente en español, inglés, francés, portugués y catalán– filósofos como Noam Chomsky y Judith Butler; poetas y artistas como Coco Fusco, Cristina Rivera Garza y Raúl Zurita y personas con importantes aportes teóricos, en la crítica cultural y en el pensamiento social como Edgardo Buscaglia, Andrea Giunta, Francine Masiello, Gabriela Polit, entre otros, denunciaron las irregularidades de la investigación y las interrogantes sobre el caso.
"Nos indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no sólo nulos sino incluso más preocupantes: las irregularidades de la investigación aumentan cada día sin que se sepa nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes y en cambio, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más. ¿De qué tamaño son las fosas en este país, cuántos más caben en ellas, cuántos más esperan el mismo destino?", se lee en la misiva.
Bajo el título #AyotzinapaSomosTodos, los firmantes denunciaron la lentitud y "la aparente negligencia" con la que avanzan las investigaciones, así como el hecho de que a casi un mes de ocurridos lo hechos no se conoce el nombre de los detenidos, ni las líneas de investigación que se siguen en el caso. Lamentaron que las autoridades obstaculicen la participación de un grupo de forenses argentinos especializados en la identificación de cadáveres, y los padres de los desaparecidos se han encargado prácticamente solos de la búsqueda
"Si lo ocurrido es de por sí terrible, la actitud general de los órganos de gobierno es una afrenta al sentido de humanidad y a la inteligencia de quienes observamos en la distancia. Nos indigna la manera en que las autoridades mexicanas han tratado a este grupo de estudiantes, uno de los más vulnerables del país".
Los pensadores, artistas y académicos dijeron que el caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos registrados en los últimos meses, "ha dejado claro que no se puede hablar ya de criminales comunes sino de la criminalidad de representantes del gobierno tanto local como estatal y federal, que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera".
Por ello exigieron:
1. La aparición con vida de los 43 normalistas y el cese de represalias a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y a estudiantes en general.
2. Una investigación confiable, real y transparente, con la participación de peritos y observadores internacionales, como el Equipo Argentino de Antropología Forense.
3. Que todas las personas responsables por acción o por omisión en los tres niveles—municipal, estatal, federal—sean inmediatamente destituidas de sus cargos y procesadas debidamente.
"No nos cansaremos ni dejaremos de insistir de ésta y otras maneras [...] No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 1968 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de Acteal y Aguas Blancas. Ayotzinapa rebasó un límite que no debería haber sido nunca cruzado", finaliza la misiva.
CARTA ÍNTEGRA
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
General Salvador Cienfuegos Zepeda
Secretario de Defensa
Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Educación
Lic. Jesús Murillo Karam
Procurador General de la República
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador constitucional del Estado de Guerrero
Dip. Silvano Aureoles Conejo
Presidente de la Cámara de Diputados
Sen. Miguel Barbosa Huerta
Presidente del Senado
Ministro Juan N. Silva Meza
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
A todas las mexicanas y los mexicanos
A todas las personas que fuera de México siguen los acontecimientos violentos recientes
A la opinión pública
A los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a sus familiares y compañeros,
Académicos mexicanos y de diversas nacionalidades, radicados en el extranjero, nos unimos a las voces de preocupación por la violencia que impera en México. Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014 son una de sus manifestaciones más execrables en la historia del país. No hay palabras para expresar el horror y la rabia que sentimos por el asesinato de seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (uno de ellos de forma por demás salvaje), y por la desaparición, a manos del gobierno y la policía local, de otros 43 estudiantes.
Nos solidarizamos con las demandas de justicia y compartimos el dolor de las familias, amigos y compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa. Nos indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no sólo nulos sino incluso más preocupantes: las irregularidades de la investigación aumentan cada día sin que se sepa nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes y en cambio, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más. ¿De qué tamaño son las fosas en este país, cuántos más caben en ellas, cuántos más esperan el mismo destino?
Hasta ahora no se han dado a conocer el nombre de los detenidos ni las líneas de investigación. Son lamentables la lentitud y la aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones. Las propias autoridades han obstaculizado la participación de un grupo de forenses argentinos especializados en la identificación de cadáveres, y los padres de los desaparecidos se han encargado prácticamente solos de la búsqueda. Si lo ocurrido es de por sí terrible, la actitud general de los órganos de gobierno es una afrenta al sentido de humanidad y a la inteligencia de quienes observamos en la distancia. Nos indigna la manera en que las autoridades mexicanas han tratado a este grupo de estudiantes, uno de los más vulnerables del país.
La realidad que México ha mostrado al mundo es decepcionante. El caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos en los últimos meses, ha dejado claro que no se puede hablar ya de criminales comunes sino de la criminalidad de representantes del gobierno tanto local como estatal y federal, que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera y ahora no parecen hacer lo necesario para resolverlo y restaurar la confianza en ese mismo gobierno. No entendemos que el gobernador de Guerrero no haya renunciado aún y que las autoridades federales estén conformes con esta situación. Todos sabemos que el gobernador estaba al tanto de la situación en Iguala —él mismo lo declaró así y aseguró que también el Ejército y la Procuraduría General de la República lo sabían. Nos preguntamos entonces, ¿qué otras situaciones de colusión entre crimen y gobierno, que ningún estado de derecho podría tolerar, son del conocimiento de las autoridades?
Escribimos porque México y su gente merecen mucho más: un verdadero estado de derecho, justicia. Ningún gobierno puede permitirse realizar ni que se realicen actos de barbarie como los acontecidos en Ayotzinapa.
Por ello, exigimos:
1. La aparición con vida de los 43 normalistas.
2. El cese de represalias y hostigamiento a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y a los estudiantes en general.
3. Que el Alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa sean inmediatamente detenidos, procesados y castigados dentro del marco de la ley.
4. La renuncia del Procurador General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, si se demostrara que tuvo conocimiento de las acciones ilícitas del alcalde Abarca y fue omiso al respecto.
5. La inmediata dimisión de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, pero también la del Lic. Iñaki Blanco Cabrera, Procurador del mismo estado y de todos los miembros del Ejército que hayan sabido, encubierto o participado en estas acciones.
6. Una investigación confiable, real y transparente, con la participación de peritos y observadores internacionales, como el Equipo Argentino de Antropología Forense.
No nos cansaremos ni dejaremos de insistir de ésta y otras maneras. Continuaremos atentos a los acontecimientos y ampliando las redes de información entre colegas, estudiantes y amistades en México y el extranjero. No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 1968 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de Acteal y Aguas Blancas. Ayotzinapa rebasó un límite que no debería haber sido nunca cruzado. Sumamos nuestra indignación y nuestra solidaridad para con los estudiantes normalistas mexicanos y sus familias.
Quisiéramos que los 43 desaparecidos pudieran leer esta carta algún día también. A ellos la dirigimos, pero además a todos aquellos enterrados en fosas clandestinas que no cesan de ser descubiertas, a todos los que merecen mucho más que una carta y que una protesta. Ellos merecen todo el esfuerzo de este gobierno y de los ciudadanos dentro y fuera del país. Debemos asumir nuestra responsabilidad ante esta situación inaceptable y exigir sin descanso justicia, un verdadero estado de derecho, una política al servicio y protección de la ciudadanía y total transparencia en las acciones de los funcionarios y representantes de la nación. Cada desaparecido y cada asesinado por criminales, militares o policías representan una pérdida incalculable para nuestro país. Ayotzinapa nos toca muy profundamente a todas y todos los que firmamos esta carta. Por ellos y por nosotros exigimos justicia. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!
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