Cuauhtémoc, Chihuahua, es la ciudad con más secuestros en México –de acuerdo con las cifras oficiales– a pesar de toda la publicidad oficial que durante un sexenio difundió que la violencia había disminuido. Eso fue analizado hoy en un foro nacional, donde activistas en defensa de los derechos humanos denunciaron que hay una serie de anomalías en la propuesta para aprobar una Ley General de Desapariciones Forzadas en el Senado de la República. La Ley no va acorde al dolor y la injusticia que perviven en la piel de los mexicanos por la generación de este delito, criticaron.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) denunció que el Gobernador César Duarte Jáquez negó durante su administración que existiera un problema de desapariciones en Chihuahua, situación que no ayudó a prevenir este crimen en le entidad. Y recordó que el municipio de Ciudad Cuauhtémoc se ha convertido en el epicentro de las desapariciones de México.
En el “Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, cometida por particulares en México”, Alejandra Nuño, representante del CEDEHM, subrayó que la tasa más alta de desapariciones la tiene el municipio de Chihuahua, con 200 por cada 100 mil habitantes, y acusó que el Gobernador César Duarte Jáquez negó que existiera un problema de desapariciones en el estado, lo que no ayudó a prevenir estos delitos.
“Me parece que fue un tema de permisibilidad [de las autoridades]. Estamos hablando de desapariciones, pero hubo otros municipios en los que la tasa de homicidios fue superior a la de Ciudad Juárez. Cuauhtémoc es un lugar donde hay mucha intervención históricamente de diferentes intereses. Entonces, la sierra más abajo en Chihuahua siempre ha sido muy violenta. Coincide con el Triángulo Dorado”, detalló en entrevista a SinEmbargo.
Un informe de Amnistía internacional, de enero de 2016, detalla que la crisis de desaparición en México se centran en el estado de Chihuahua, donde hasta el 5 de enero de este años, en esa entidad existían 1 mil 698 personas desaparecidas desde el 2006; y tan sólo en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, había al menos 351 personas de las que no se conoce su destino.
Alejandra Nuño detalló que actualmente son nueve los amparos los que preservan los restos encontrados en tres fosas de Chihuahua.
En este contexto, la coadyuvancia legal a las familias para que sea el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses en vez de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua quien realice el cotejo de ADN de alrededor de 200 cuerpos en tres fosas del municipio, hallados en 2011 y 2014, se debate en cuatro Juzgados de Distritos, los cuales han concedido la suspensión definitiva de los trabajos.
La Fiscalía, dijo Nuño, tenía mucha prisa por hacer los manejos y pruebas de ADN, que podrían en muchos casos solo hacerse una vez.
“Hay muchos fragmentos que ya estaban muy frágiles. Las autoridades se dieron a la tarea de ir casa por casa para pedir anuencia de los familiares de hacer las pruebas de ADN, a pesar de que sabían que eso iba a poner en riesgo las muestras, porque sólo iban a soportar una prueba”, dijo.
Sin embargo, la dependencia de procuración de justicia estatal no cuenta con los recursos necesarios, de realizar una labor semejante por la deuda que ha contraído el estado durante el actual periodo de Gobierno: “El Gobernador en un acto irresponsable no tiene dinero. La Fiscalía apenas están algunos recibiendo salario. Acaban de aprobar una bursatilización de 6 mil millones de pesos. Un endeudamiento de 25 años. Todo eso relacionado con corrupción”.
En el caso contrario de suficiencia de recursos, la abogada manifestó su preocupación por la falta de intervención en este caso, pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chihuahua cuenta con un presupuesto de 2 millones 200 mil dólares, la tercera parte de los recursos que tienen organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ahora, con las promesas hechas por el Gobernador electo Javier Corral Jurado, Nuño manifestó que esperan que sea la propia Fiscalía la que desista de intervenir, y que los procesos legales concluyan de forma automática.
“El tema se ha tocado de una manera muy sensible. Él [Javier Corral] está pensando hacer una fiscalía de personas desaparecidos, y eso da una esperanza de que por lo menos al más alto nivel exista esa posibilidad”, refirió.
DENUNCIAN ANOMALÍAS EN LA LEY DE DESAPARICIÓN
Por su parte, Héctor Cerezo, fundador del Comité Cerezo México, detalló una serie de anomalías en la propuesta para aprobar una Ley General de Desapariciones Forzadas en el Senado de la República.
De acuerdo con el activista, la Ley hasta el momento no va acorde al dolor y la injusticia que perviven en la piel de los mexicanos por la generación de este delito, generalizado en México, tal y como lo han refrendado instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas.
“El Estado mexicano nos quiere cambiar la justicia por la verdad. Nos quieren decir en dónde están los desaparecidos, pero que no se haga justicia de quienes fueron los autores”, dijo Cerezo. “El Estado acepta hacer una Ley general sólo después de Ayotzinapa, cuando la presión se hizo demasiada”, agregó.
El activista recordó que el 3 de septiembre del 2015, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, presentó una iniciativa para aprobar una Ley General de Personas Desaparecidas.
La propuesta incluye diversos puntos, entre los que destaca: la creación de una base de datos de personas detenidas, la garantía de la protección de las personas, la posibilidad de reclasificar el delito por parte de los ministerios públicos, una reparación integral del daño, y el acceso a la verdad para las víctimas.
Sin embargo, hasta ahora las propuestas de las organizaciones gubernamentales y familiares no han sido integrados en el Senado. Hasta el momento, dijo, el último borrador de la Ley contiene diversos errores.
“El Estado mexicano parte del supuesto de que la mayor parte de desaparecidos han sido por particulares, y no por el Estado, y con ello intenta diluir este atropello a los derechos humanos”, criticó.
Uno de los aspectos que más preocupan, recordó, es la falta de asignación de recursos para la búsqueda de desaparecidos. “Por lo cual el Estado no hará nada más de lo que ya ha hecho“, dijo Héctor Cerezo.
Por otro lado, el académico Santiago Corcuera especificó que la propuesta retoma los lineamientos internacionales establecidos en la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre la temática, la Convención Interamericana y el Estatuto de Roma.
“La ley distingue entre las desapariciones por el Estado y aquella cometidos por individuos. Entonces, esta es una fortaleza, la Ley claramente distingue. Lo mismo sucede con la cuestión de la tortura”, dijo Corcuera, quien recordó la experiencia colombiana, en donde se pretendió tipificar dentro de un mismo delito las desapariciones cometidas por el estado y las hechas por particulares; lo cual fue un error, consideró.
Alan García Campos, consultor jurídico de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que este delito ha sido permanente en México. “Muchas de las víctimas, no se acercan al sistema de justicia por temor”.
“Es importante que hayan autoridades independientes. Las fiscalías tienen que ser órganos independientes del poder político”, agregó. Sobre el escrutinio internacional, recordó que es cuestión del Ejecutivo y el Senado, la autorización para que este tipo de órganos puedan acceder.
