A estas alturas, a nadie le queda duda de que la Reforma Educativa se ha empantanado. La que pareció en su momento la reforma con mayor aceptación social de la cartera del efímero Pacto por México, que despertó una oleada de optimismo por el efecto político que pudo tener como desencadenante del desmantelamiento del arreglo corporativo –lastre heredado del antiguo régimen– y por su potencial capacidad para desencadenar un proceso virtuoso de mejora de la precaria calidad educativa del país, ha sido al final de cuentas la que mayores resistencias sociales ha generado, al grado de que hoy está seriamente en riesgo de acabar atascada en el lodazal de la contestación radicalizada y las concesiones de un gobierno aturrullado y entrampado en su déficit de legitimidad social.

La reforma educativa impulsada por este gobierno no fue una mera ocurrencia gubernamental ni, como se ha repetido, una imposición de organismos internacionales empeñados en imponer un supuesto modelo neoliberal. Fue, en buena medida, producto de un reclamo social surgido de la evidencia incontrovertible de que el arreglo educativo heredado del régimen del PRI, y que había sido irresponsablemente mantenido por los dos sucesivos gobiernos de extracción panista, ha dado resultados catastróficos tanto en la calidad de la educación como en la carrera profesional de los maestros.

La única virtud de la política educativa del gobierno de Felipe Calderón fue exhibir descarnadamente el grado de corrupción del arreglo educativo creado durante el antiguo régimen, basado en el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no sólo sobre el ingreso, la promoción, la permanencia y el retiro de los docentes, sino sobre importantes tajadas del presupuesto educativo. El nombramiento del yerno de la líder del SNTE como subsecretario de Educación Básica mostró con claridad cómo el dinero público dedicado a la educación era privatizado a favor de una corporación con capacidad de chantaje suficiente para impedir cualquier intento de reforma que le quitara sus privilegios.

Fue el descarado patrimonialismo de la gestión educativa de Calderón lo que llevó a la construcción de una coalición de organizaciones civiles de diverso signo favorable a una reforma que empezara por lo esencial: cambiar el marco institucional de la relación entre el sindicato y el Estado que durante décadas había dejado en manos del primero todo el proceso de reclutamiento y la gestión de la carrera de los maestros, gracias a lo cual el SNTE se convirtió en una agencia de venta de plazas, promociones y cambios de adscripción gestionados por sus operadores locales, quienes se enriquecieron de manera obscena gracias a esa prebenda estatal, típica de la manera de gobernar de la época clásica del PRI.

Ese arreglo perverso tuvo consecuencias funestas sobre la calidad de la educación, pues los incentivos de los maestros han sido esencialmente sindicales y políticos: para obtener un puesto, un ascenso o un cambio se debía ser leal al sindicato o directamente pagar por ello, ya fuera en dinero o con el cuerpo, mientras que nadie verificaba los que cada docente enseñaba en clase o si siquiera tenía los conocimientos básicos para hacerlo.

Este repaso es necesario hoy cuando el gobierno está contra las cuerdas y la embestida de resistencia sindical ha llevado a poner en duda lo sustancial de la reforma. También es necesario hacerlo frente a quienes hoy ven en las movilizaciones de la CNTE a un movimiento laboral legítimo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la expresión radicalizada del SNTE en las secciones que domina y ha gestionado exactamente igual que el sindicato oficial los mecanismos de control de la profesión docente y las tajadas presupuestales correspondientes, aunque con un discurso casi insurreccional y con movilizaciones permanentes, pero sin ningún planteamiento transformador ni de la calidad de la educación ni de las condiciones de vida de los maestros.

La cantaleta de que esta no ha sido una reforma educativa sino laboral elude el hecho de que sin un cambio en el sistema de incentivos de los profesores, para alinearlos con criterios de desempeño académico y profesional, ningún modelo educativo podrá funcionar. También desprecia el sentido liberador que para los profesores puede implicar la recuperación del control de su carrera, pues el corazón del cambio radica en que desde el ingreso, su historia profesional dependerá de su esfuerzo y su desempeño y no de lo que le pague al liderzuelo en turno, ya sea revolucionario u oficialista.

Una y otra vez he escrito que los beneficios que la reforma constitucional pudiere generar se han puesto en riesgo por la precipitación con la que se diseñó el servicio profesional docente en la legislación secundaria. La obcecación que llevó a poner el acento en los incentivos negativos derivados de la evaluación, en lugar de vincularla con claridad a un sistema de promoción en la función que no se limitara a los estímulos económicos y la negación a crear un servicio profesional auténtico –con participación de los propios maestros, de manera que surgiera una representación colegiada no mediada por las corruptas organizaciones sindicales– ha hecho poco atractivo para los profesores el nuevo sistema. Si a esto se le añade la torpeza de las autoridades a la hora de informar sobre las consecuencias reales de la reforma, buena parte de ellas positivas para los docentes, se podrá entender por qué han tenido eco las patrañas difundidas por los dirigentes de la CNTE, empeñados en mantener a toda costa sus privilegios y prebendas.

Pero lo más grave de todo es la constatación de que la capacidad de gobernación del Estado mexicano está seriamente limitada por un déficit de legitimidad que le impide aplicar la ley con respaldo social cuando esta es enfrentada por intereses particulares. Esto va más allá de la Reforma Educativa misma y afecta casi toda actuación gubernamental. La democratización no ha bastado para que la organización estatal recupere la capacidad de acción que la crisis del autoritarismo generó. Parece evidente la necesidad de una refundación del acuerdo social, de manera que la autoridad pública sea vista como la vía civilizada para la convivencia social y no como una imposición a la que se valga resistir.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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