Desde 1917, la pensión es un derecho constitucional. Sin embargo, en el marco de un aumento de la población de adultos mayores y más esperanza de vida, se hace insostenible porque actualmente hay 10.8 millones de pensiones cuyo pago demanda el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 3.7 por ciento del PIB nacional. Para 2020, calcula la Secretaría de Hacienda, será de 4.4 por ciento del PIB.
El sistema de pensiones es desigual entre individuos y generaciones porque más del 50 por ciento del presupuesto destinado para el pago de éstas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución del gobierno que representan el 24.7 por ciento del total de las pensiones contributivas, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
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Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- El sistema de pensiones mexicano es desigual, insostenible y poco transparente, y lo seguirá siendo hasta 2120 cuando se extinga la obligación de pagar con ingreso público las pensiones de las generaciones de transición.
Ante ello es urgente una discusión pública para establecer políticas que enfrenten este problema a largo plazo e intergeneracional que no es a futuro, sino ya está aquí, determinó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Desde 1917 la pensión es un derecho constitucional. Sin embargo, en el marco de un aumento de la población de adultos mayores y más esperanza de vida, se hace insostenible porque actualmente hay 10.8 millones de pensiones cuyo pago demanda el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 3.7 por ciento del PIB nacional. Para 2020, calcula la Secretaría de Hacienda, será de 4.4 por ciento del PIB.
Si se considera que el 3.9 por ciento del PIB viene de la recaudación del IVA, y los ingresos tributarios del gobierno ya son más que los ingresos petroleros, el pago de pensiones “se irá comiendo” el espacio fiscal y eso orillará a mayores recortes al presupuesto de la salud y educación, alertó Héctor Villareal, director del CIEP.
La directora de gasto público, Sunny Villa, dijo que el sistema de pensiones es desigual entre individuos y generaciones porque más del 50 por ciento del presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución del gobierno que representan el 24.7 por ciento del total de las pensiones contributivas.
Entre lo asignado por pensionado, entre la CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro, los alrededor de 2 millones de beneficiarios reciben 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un trabajador pensionado del IMSS, destacó Villa.
Dado los niveles salariales en el país, los trabajadores privados que cotizan ante el IMSS pueden ahorrar para su pensión un 6.5 por ciento frente al 11.3 por ciento ahorrado por trabajadores del gobierno, expuso Alejandra Macías, coordinadora de pensiones del CIEP.
La investigadora Sunny Villa afirmó que el sistema de pensiones también es poco transparente en los esquemas de pensiones de las universidades y de las entidades federativas, principalmente en Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.
El déficit por pago de pensiones en 28 universidades públicas estatales equivale al 2 por ciento del PIB, por lo que se necesitaría tres veces el presupuesto de educación superior para saldarlo.
De no existir alguna reforma para el pago con ingreso público de las 5 millones de pensiones de beneficio definido que se extinguirán hasta 2120, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales -el sistema creado después de la ley de 1997 en sustitución del sistema de reparto- terminarán pagando no solo sus propias pensiones, sino también la de las generaciones pasadas, concluyó Villareal Páez.
Ante ello, llamó a que la Secretaría de Hacienda evalúe el tamaño del pasivo contingente pensionario, impulsar el ahorro voluntario y unificar las reglas ya que, dijo Alejandra Macías, hay más de mil subsistemas pensionarios, entre ellos, el del IMSS, ISSSTE y Pemex, en vez de una política pensionaria.
