Ciudad de México, 21 de marzo (Ciudad de México).- Si un ciudadano común o cualquier navegante de la red en el mundo quisiera saber quién es el piloto del avión en el que viaja el Presidente Enrique Peña Nieto, no podría.
A primer golpe de su búsqueda, el ciudadano también estaría imposibilitado para conocer quién escribe los discursos que pronuncia el Jefe del Ejecutivo mexicano.
Tampoco podría enterarse quién es el experto a cargo de la Conservaduría del Palacio Nacional, el principal escenario político de Peña Nieto.
No se trata de datos curiosos. Todos, corresponden a las tareas públicas y fundamentales del Ejecutivo y están incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero no en la página electrónica de la Presidencia de la República.
Después de tres meses de gestión, la Presidencia de la República no ha completado el contenido de su sitio cibernético, la ventana a través de la cual puede informar a los ciudadanos sobre el quehacer del primer mandatario y ejercer –a voluntad- la transparencia, según la opinión de académicos que han pugnado tanto por legislación como por cultura en la rendición de cuentas.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda son 12 las unidades responsables de la Presidencia de la República, pero en la página sólo se listan cinco, poco menos del 50 por ciento.
El recurso de informar a la ciudadanía a través de sitios web se inició en 2000, con Vicente Fox. El ex Presidente incluyó a diez unidades responsables, el total para el cual tenía presupuesto. Incluso, en la página se encontraba personal contratado con honorarios por la Presidencia. En cada una de las instancias, se desglosaba el directorio de funcionarios. Seis años después, Felipe Calderón incluyó nueve instancias de las 12 unidades para las cuales, la Presidencia tenía dinero aprobado.
Al personal de trabajo de las unidades bajo su cargo, la Presidencia lo llama “staff”, un concepto acuñado en el gobierno de Felipe Calderón para designar al equipo de colaboradores del Presidente. Se trata de trabajadores de la administración pública que dan seguimiento a las órdenes y acuerdos del Jefe del Ejecutivo, atienden las peticiones ciudadanas, mantienen las relaciones interinstitucionales, diseñan la agenda, organizan las giras y conducen la comunicación social.
NO ESTÁN
En la página de Peña Nieto no aparecen la Coordinación General de Administración, la Coordinación de Opinión Pública, la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales; tampoco la Conservaduría de Palacio Nacional, ni el Órgano Interno de Control.
Sólo están la Oficina de la Presidencia a cargo de Aurelio Nuño Mayer; el Estado Mayor Presidencial a cargo del General Roberto F. Miranda Moreno; la Secretaría particular a cargo de Erwin Lino Zárate; la coordinación de Comunicación Social a cargo de David López Gutiérrez y la coordinación de asesores a cargo de Francisco Guzmán Ortiz. En cada una de las instancias incluidas, está publicado el currículum vitae del funcionario a cargo.
¿Y LAS OTRAS, POR QUÉ NO?
Pese a que la Coordinación General de Administración cuenta con el mayor presupuesto de la lista de unidades responsables -544 millones 333 mil 130 pesos– no se sabe quiénes trabajan en esa oficina como tampoco sus acreditaciones profesionales. Mucho menos, cuántas personas integran esa instancia y qué hacen.
Incluso, el presupuesto de esta coordinación es mayor al del Estado Mayor Presidencial, que para este año es de 493 millones 44 mil 654 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Para la Conservaduría del Palacio Nacional se destinaron 33 millones 405 mil 752 pesos, uno de los presupuestos más bajos de las unidades responsables de la Presidencia.
Recinto que sirvió como museo en los últimos 42 años, el Palacio Nacional se ha convertido en el escenario del Presidente de la República. Ahí, Peña Nieto se invistió con la banda presidencial la madrugada del 1 de diciembre y transcurridos sus días de gobierno, ha hecho sus anuncios más emblemáticos. Del patio central es la foto final de la presentación de la Reforma Educativa, así como la de los primeros cien días del nuevo gobierno priista.
En 2000, poco antes de dejar su mandato, el ex Presidente Ernesto Zedillo expidió el Reglamento para el Uso y Conservación de las Áreas, Objetos y Coleecciones de Palacio Nacional. Hoy en día, tanto en el patio central como en los salones centenarios son instalados con regularidad aparatos de sonido para los eventos del Presidente. ¿Quién está a cargo de conservar el escenario más importante de Peña Nieto? Por lo menos a través de la página de Presidencia, ello se desconoce.
Tampoco se sabe quién conduce el avión presidencial. Comprado en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, pagados casi 800 millones de dólares, el Boeing 787-8 donde se transporta Peña Nieto integra una de las historias que tiene a la suspicacia como ingrediente.
El directorio de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, con un presupuesto de 368 millones 306 mil 782 pesos, no está publicado en la página electrónica, por lo que nada se sabe del equipo que lo transporta.
Por otro lado, ¿quiénes son los autores de lo que dice el Presidente? En el gobierno de Felipe Calderón, en su staff se encontraba la Dirección General de Discursos, la cual aparecía en la página cibernética de la Presidencia bajo el cargo de Tomislav Lendo Fuentes. El Instituto Federal de Acceso a la Información obligó a Calderón, tras un recurso de revisión, a especificar quiénes eran los redactores de lo que leía y el ex Presidente, en su respuesta, remitió a la página electrónica en la que se especificaba el directorio de dicha Dirección.
Con Peña Nieto, esa Dirección desapareció, de acuerdo con el PEF de la Secretaría de Hacienda. La tarea de elaborar los discursos del Presidente estaría adjudicada a la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, instancia cuyo presupuesto es de 110 millones 892 mil 928 pesos, pero no se encuentra en la página electrónica, por lo que se desconoce a sus integrantes.
POR SU PÁGINA NO LO CONOCEREMOS
Las declaraciones patrimoniales del Presidente de la República y los funcionarios públicos son potestativas desde 2001; es decir, públicas a voluntad. El mismo criterio legal rige para la página electrónica de la Presidencia de la República: es una ventana virtual que informa lo que el primer mandatario desea informar. Incluso, podría prescindir de ella. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no lo obliga. Pero, al final, el sitio web de la Presidencia de la República es un mecanismo a través del cual, el mandatario puede comunicarse con sus gobernados.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor del libro Función Pública, declaración patrimonial y transparencia observa un retroceso en la cultura de la transparencia.
Y los ejemplos son justo los escaparates a los que tiene acceso la población en general, como la página electrónica. “Ha transcurrido una década desde la expedición de las leyes de acceso a la información y los funcionarios públicos no muestran disposición para informar por completo sobre su peculio o sobre la integración de la administración pública”, expone Villanueva.
Para Mauricio Merino, del Centro de Investigaciones y Docencia Académicas (CIDE), la transparencia se convirtió en una rutina en la que el poder opera “con el menor esfuerzo”. No se trata de una cultura interiorizada; por el contrario, el gobierno “recurre a trucos para no generar información”.
Merino ha insistido en que el conocimiento de la administración pública no corresponde a un capricho de los ciudadanos y brindarla no significa un lujo de los gobiernos. “La rendición de cuentas es una condición sin la cual no se puede construir un régimen democrático”.
El pasado martes, en lo que pasó a la historia como la primer acción en contra del PRI en la presente legislatura, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una solicitud para que el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete cumplan a cabalidad con su compromiso de hacer transparentes sus declaraciones patrimoniales.
La solicitud fue enviada bajo la consideración que la información presentada por el Ejecutivo el 16 de enero es parcial y se ocultaron datos fundamentales. Por ejemplo, la declaración no incluye los bienes de la primera dama, Angélica Rivera.
Al grito de “¡Transparencia ya!” y “¡No le saquen!”, diputados de derecha e izquierda por fin le ganaron una votación al PRI. Y esta batalla fue justo en el campo de la transparencia.
