Son decenas de militares procesados en tribunales castrenses y del fuero federal por robo, tráfico de drogas y armas de fuego. Transportaron drogas en vehículos de las Fuerzas Armadas desde el Centro del país hasta Tijuana durante seis años. En el Campo Militar Número Uno, soldados robaban armamento para venderlo al crimen organizado mientras que en La Mojonera de Zapopan, hurtaban drogas para venderlas entre sus compañeros. Mientras el entonces Presidente Felipe Calderón encabezaba una costosa y sanguinaria guerra, elementos del Ejército garantizaban el trasiego… hasta que fueron descubiertos
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo/Zeta).- El narcotráfico ha permeado y corrompido todos los sectores de la sociedad mexicana, no solo policiales y judiciales. A esta descomposición social y gubernamental, no han escapado las Fuerzas Armadas del país, que también han sido víctimas de la delincuencia organizada.
Ya no solo se trata de funcionarios policiales y mandos castrenses que brindan protección a los capos del narcotráfico, sino de grupos de militares que han competido por las rutas del trasiego de droga hacia Estados Unidos. Otros son mandaderos que apoyan para que los traslados no registren contratiempos.
Por fortuna, ha sido la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la que ha descubierto las traiciones, y actualmente procesa en su fuero a muchos de los soldados que formaron bandas alternas y subalternas a los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y La Resistencia, por citar algunos. Otros de los militares son juzgados en tribunales del orden federal.
El problema de la colusión entre narcos y algunos soldados, data de la historia misma del narcotráfico; sin embargo, actuando como grupos militares en el tráfico de estupefacientes a bordo de vehículos oficiales, sustracción de drogas y armamento asegurado en instalaciones de la SEDENA, el mal se multiplicó entre 2006 y 2012.
En ese tiempo se descubrieron por lo menos tres redes criminales:
Primera. Soldados del área de Mantenimiento de Simuladores de Tiro, adscritos a la Primera Región Militar. Realizaron hasta 13 viajes de marihuana, cocaína y metanfetamina, desde distintos puntos del país hasta El Hongo en Tecate y El Aguaje de la Tuna, en Tijuana, a bordo de vehículos militares entre 2006 y 2011.
Segunda. Elementos castrenses sustraían armamento de los depósitos de materiales de guerra del Campo Militar Número Uno, en el Distrito Federal, para venderlos a traficantes que abastecieron de pistolas, fusiles y granadas a miembros de los cárteles Beltrán Leyva y La Resistencia, entre 2006 y 2010.
Tercera. Soldados de la XV Zona Militar en La Mojonera, Zapopan, Jalisco, robaron entre los años 2010 y 2012, drogas diversas del depósito de narcóticos de las instalaciones del 79/o. Batallón de Infantería, para comercializarlas entre sus compañeros y hacia el exterior.
En todos los casos se detuvo a los involucrados, rebasando la cifra de veinte elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Militar y encarcelados en las prisiones con las que cuenta la institución. Otros de los inculpados fueron depositados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
CÉLULA DE MANTENIMIENTO
El caso más grave de corrupción y tráfico de drogas en la milicia, es el de una red integrada por soldados vinculados a la Dirección General de Fábricas de la Industria Militar, con sede en Tecamachalco, Estado de México, adscritos la mayoría al Taller de Simuladores de Tiro. Se encargaban de dar mantenimiento a los stands en toda la República y viajaban en un camión de la marca International a esos sitios.
Durante seis años, mientras daban el mantenimiento en los Centros de Adiestramiento Regionales (CAR), en el vehículo oficial transportaron drogas como marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) desde el Sur y el Centro del país, hasta la frontera noroeste del país. También trasladaban sacos o maletas con dinero en diferentes regiones.
Los participantes, más de diez soldados que alternaban sus intervenciones, recibían entre 10 mil y 35 mil pesos en cada ocasión por su participación en los traslados de droga o de maletas con dinero, principalmente dólares americanos.
Todo marchaba a la perfección para el grupo criminal, pues nunca eran revisados en los puestos de control instalados en las redes carreteras, tampoco al ingresar o egresar de instalaciones militares, hasta que el 18 de febrero de 2011, el Teniente Coronel de Zapadores, D.E.M. Ramón Márquez Hernández, comandante del CAR de la Segunda Región Militar, los descubrió.
El mando castrense se retiraba del CAR de El Aguaje de la Tuna en un automotor, cuando observó que afuera del simulador de tiro estaban estacionados un camión verde olivo y una mini-van civil. Varios soldados vestidos con uniforme pixelado verde, extraían del lugar unos bultos hacia el vehículo civil. Al bajarse de su unidad y verificar la acción, se dio cuenta que se trataba de metanfetamina (cristal).
La célula de mantenimiento había repetido esa misma acción en doce ocasiones anteriores. Hacían los viajes en promedio dos veces al año. A veces dejaban los cargamentos de droga en un punto del poblado de El Hongo, y la mayoría de las oportunidades lo hacían dentro de las instalaciones del CAR tijuanense, cuando se permitía el ingreso de vehículos particulares.
MODUS OPERANDI
De acuerdo a la causa penal 99/2011, iniciada por el Juez Tercero Militar, adscrito a la Primera Región Militar, la célula de mantenimiento blindado era integrada para los viajes a Tijuana por el Capitán Primero Reparador, Juan López Raymundo “El Relax”, quien se encargaba de seleccionar al personal; y por el Sargento Primero Oficinista, Juan Antonio Rojas Campos “El Chocorrol”, quien contactaba con personas civiles para adquirir la droga, y vigilar su traslado y entrega en la frontera.
Rojas Campos estuvo comisionado un tiempo, a inicios del nuevo milenio, en la Segunda Región Militar, por lo que conocía al personal del Centro de Adiestramiento Militar y a un sinnúmero de personas, entre ellos traficantes de drogas. Presumiblemente, algunos de sus hermanos y primos, vecinos de la frontera, le apoyaban. “El Chocorrol” viajaba como parte del equipo militar, y en otras ocasiones se trasladaba por sus medios para recibir a sus subalternos.
Otro de los implicados, el Sargento Primero de Materiales de Guerra, Daniel Aguilar García “El Tomate”, se encargaba de que el vehículo militar se cargara con droga, ya fuera en instalaciones oficiales donde se hacían las reparaciones del equipo de tiro, o en brechas y carreteras. Después se ocupaba de la entrega de estupefacientes civiles y realizaba el cobro correspondiente en Tijuana. “El Tomate” también participaba en repartir las tareas al personal militar.
Generalmente salían del Centro de Mantenimiento Blindado de la SEDENA en la Ciudad de México, para dar mantenimiento a los simuladores de tiro de los Centros de Adiestramiento Regional de las diversas zonas militares del país. Los puntos que se visitaban durante el recorrido para transportar la droga en cantidades de hasta una tonelada eran:
* CAR de la VII Región Militar, Rancho Nuevo, Chiapas.
* CAR XII Región Militar, en Peña del Coyote, Morelia, Michoacán.
* CAR V Región Militar, en Jamay, Jalisco.
* CAR de la II Región Militar, El Aguaje de la Tuna, Tijuana, Baja California
Las giras de mantenimiento para transportar drogas, se efectuaban a principios de cada año, entre enero y febrero el primer viaje, y entre agosto y octubre, el segundo. Entre sus contactos que entregaban la droga al paso del camión militar, estaban desde civiles hasta agentes de la Policía Federal Preventiva que no fueron identificados, mientras que entre los receptores, se menciona a un agente del Ministerio Público adscrito a Tecate.
Además de las instalaciones de adiestramiento referidas, otros puntos que sirvieron para recoger sacos de lona color verde olivo con paquetes de marihuana, cocaína o metanfetamina (cristal o pastillas), fueron caminos de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; Naucalpan, Estado de México; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa; así como en Caborca, Sonora.
Personas civiles esperaban el paso del vehículo militar en lugares previamente acordados para entregar los sacos de lona y maletas de viajero. Algunos de los traficantes o intermediarios, fueron identificados con los alias de “El Pelón” y “El Güero”. Otros son Juan Manuel Maldonado Álvarez “El Charlie”, Salvador Quintero Beltrán “El Chava” y Alfredo Quintero Beltrán “El Jabalí”, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
EXPEDICIONES AL NORTE
Según las actuaciones integradas por la justicia castrense, el primer traslado de droga ocurrió a inicios de 2006. En una carretera de Sinaloa, civiles que viajaban en una camioneta Ford Lobo entregaron a los soldados aproximadamente 30 sacos de lona con paquetes de aluminio que contenían cocaína. El alcaloide llegó a su destino en una casa habitación de Tijuana.
El segundo evento se registró cuando entre Mazatlán y Culiacán, el vehículo oficial se desvió por una brecha, y civiles que estaban en una camioneta entregaron a los militares unas cajas de cartón que contenían droga, sin conocerse el tipo ni la cantidad. El cargamento fue devuelto a civiles que ya los esperaban en las inmediaciones de Caborca.
En una avenida de Guadalajara se gestó el tercer traslado, cuando personas civiles le dieron al sargento Daniel Aguilar unas maletas color azul con estupefacientes, las subió junto con sus compañeros al camión International verde olivo y las llevaron hasta el Centro de Adiestramiento Regional de la II Región Militar, de donde fueron extraídas en un automotor particular.
En fecha diversa, el Teniente de Arma Blindada, Iván García Cabrera, que iba al mando, ordenó al chofer del camión oficial que se metiera a una brecha antes de llegar a Culiacán. Sujetos que esperaban en una camioneta tipo vagoneta les entregaron sacos de avío con droga que se transportó hasta el CAR del Aguaje de la Tuna. Después, en la misma unidad militar se hizo la entrega en un lugar de terracería.
La quinta vez que se trasladó droga con la misma forma de operar, fue cuando en una gasolinera de Mazatlán, sujetos que abordaban una camioneta pick-up negra les cargaron con dos maletas oscuras. El flete llegó a las instalaciones militares de Tijuana para ser entregadas de noche. La ocasión siguiente, fueron entre diez y doce sacos verdes los que se cargaron a las afueras de Los Mochis. En el CAR de Tijuana la droga fue sacada en una camioneta tipo Blazer.
La propia base de los soldados traficantes no escapó de ser utilizada como punto de carga de enervantes. En las instalaciones de la Dirección General de Industria Militar, en el Distrito Federal, fueron subidas dos maletas al camión oficial, pero solo sirvió para sacar la droga al exterior donde se le entregaron al Teniente García Cabrera, que las trasladó por sus propios medios hasta el centro de adiestramiento bajacaliforniano. “El Chocorrol” le recibió el cargamento.
A la salida de Guadalajara, antes de llegar a la autopista a Tepic, Nayarit, los militares ejecutaron el octavo evento de ilícito traslado de enervantes. A un costado de la carretera, civiles que ocupaban una camioneta blanca entregaron diez cajas de cartón con narcóticos que en la unidad castrense siguieron su ruta hasta El Aguaje de la Tuna. En la noche salieron del cuartel militar en un vehículo civil.
TAMBIÉN IBAN AL SUR
En otra ocasión, el sargento Rojas Campos “El Chocorrol” entregó a sus subalternos dos maletas de color negro en el estacionamiento del Centro de Mantenimiento Blindado de la Ciudad de México. La carga fue subida al camión International y trasladada hasta el CAR de la Segunda Región Militar, donde el propio Rojas, que viajó por sus medios, les recibió la droga en una camioneta Caravan que introdujo al simulador de tiro.
El décimo viaje inició tras el mantenimiento brindado a las instalaciones militares de Jamay. En una gasolinera de ese poblado de Jalisco, los ocupantes de una camioneta pick-up traspasaron diez u once cajas de cartón con droga al vehículo de los soldados. La carga se entregó en una casa particular de la ciudad de Tijuana.
En otro momento, un cargamento de droga que se transportó en tres maletas de viajero desde la capital de la República y a bordo del vehículo oficial, se entregó antes de llegar a Tijuana. Individuos que circulaban en una camioneta de color negro interceptaron a los soldados y se llevaron los velices. El sargento Rojas Campos iba con los civiles.
También desde el sur del país hubo traslados de drogas hacia la Ciudad de México. En una gasolinera de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los militares les recibieron cajas de cartón con droga a dos sujetos que estaban en una camioneta van de color blanco. Cerca de Tuxtla Gutiérrez, otros civiles les entregaron unas maletas. Los encargos se entregaron en el DF.
El último viaje, que significó el descubrimiento de la operación ilícita de la célula de mantenimiento, ocurrió entre el 14 y el 18 de febrero de 2011. Los soldados cargaron el camión oficial con droga en la colonia Lomas del Hipódromo, en Naucalpan, Estado de México, y después salieron con destino al CAR del Aguaje de la Tuna.
La droga descubierta en el simulador de tiro y en la mini-van civil por el Teniente Coronel, Márquez Hernández, consistía en 79 paquetes semi-esféricos con metanfetamina (cristal), con peso superior a los 925 kilos; 34 paquetes tipo ladrillo con 37.6 kilogramos de cocaína; y tres recipientes tipo Tupperware con 3.6 kilogramos de metanfetamina (cristal).
Ahora se encuentran procesados los militares Juan López Raymundo “El Relax”, Juan Antonio Rojas Campos “El Chocorrol”, Iván García Cabrera, Daniel Aguilar García “El Tomate”, Moisés Alvarado Martínez, Roberto Alfredo Jiménez Sandoval “El Burro”, Rubén Ramírez Balderas “El Babalú”, Javier Cruz Alejandres, Romualdo Eduardo Martínez Ortega “El Abuelo”, Fernando Lozada Ocadiz, y Anastacio Juárez Francisco “El Calaco”, además de otros soldados de la Segunda Región Militar.
EL ROBO DE ARMAMENTO
Entre los años 2006 y 2010, ocurrió el robo hormiga de armas y artefactos explosivos del Campo Militar Número Uno, en la Primera Región Militar. Soldados que tenían acceso a los depósitos de materiales de guerra sustrajeron gran cantidad de armamento para venderlo a sujetos vinculados al crimen organizado.
Algunos de los narcotraficantes implicados declararon pertenecer originalmente al Cártel de Sinaloa, pero al dividirse por pugnas internas, unos quedaron con los hermanos Beltrán Leyva, y otros -años más tarde- con La Resistencia.
En la causa penal 515/2010, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Tercer Circuito, que inicialmente se conoció por un tribunal de Veracruz, son procesados por lo menos cinco civiles y doce militares por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud.
En las actuaciones se establecen diferentes momentos en los que los soldados, algunos pertenecientes al Tercer Batallón de la Policía Militar, robaron fusiles, pistolas, subametralladoras, cartuchos, explosivos, chalecos antibalas y piezas de armamento, para entregarlo a otros militares que tenían tratos con narcotraficantes.
Los participantes eliminaban las matrículas y alteraban los números de serie del armamento que extraían, con la finalidad de que dicho arsenal no se pudiera confrontar con la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los militares procesados son: Heriberto Juárez Acosta, José Luis Sarabia Camacho, Arcadio Guerra Alatorre, Marino Pérez Martínez, Isidro Azamar Cervantes, Isser Enoth Vera Cruz, Obed Jiménez Hernández, Abel Flores Cruz, Felipe Cumplido Santos, Adalberto Rodríguez Castillo, Héctor Hugo García Pelcastre y Arcibiadez de la Cruz Clemente.
Mientras que los civiles que presuntamente formaban parte del crimen organizado y que también son juzgados, fueron identificados como José Antonio Cajigal Guízar, Rafael Jesús Rodríguez Martínez “El Cholo”, Jorge Carlos Hurtado Castelazo “El Chilango”, Juan Manuel Romero Ayala y Rodrigo Riviello Gutiérrez -sobrino del ex secretario de la Defensa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Antonio Riviello Bazán-. Ellos también están encauzados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo.
NARCOMENUDEO MILITAR
En la XV Zona Militar también ocurrieron hechos en los que la SEDENA puso enérgico freno, tras descubrir el robo de drogas del depósito de narcóticos de las instalaciones del 79/o. Batallón de Infantería, en La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.
La sustracción de drogas como cristal, cocaína y metanfetamina en distintas modalidades, se registró en dos periodos, de acuerdo con investigaciones de las propias autoridades castrenses. Primero, todo un año, de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, y después, entre los meses de marzo y julio de 2012.
Soldados y un civil que anteriormente perteneció a la milicia participaban de las ilícitas actividades. Presuntamente el particular corrompió a sus ex compañeros, quienes “participaron con él para poder sacar narcótico, vigilar que nadie los viera, o aventarse el ‘jale’ de entrar a dicho depósito, y finalmente, sustraer y transportar el narcótico”.
La droga robada era ofrecida para su venta y/o intercambio de objetos entre los propios soldados del Batallón. En el exterior, en algunas colonias de Zapopan, también se detectó la venta y consumo de las sustancias extraídas ilegalmente de las instalaciones militares.
El escándalo interno en esa región de las Fuerzas Armadas llevó a la prisión militar a los soldados, y sometió a proceso penal en el fuero de guerra al Comandante del 79/o Batallón de Infantería, Coronel Dagoberto Hernández Santiago, y al Mayor Rafael Ortega Martínez, por el delito de desobediencia, al atribuirles la falta de seguridad en el local del depósito de narcóticos.
A ambos mandos se les dictó formal prisión en agosto de 2012, bajo la causa 483/2012 del Juzgado Militar adscrito a la V Región Militar, y se les redujeron sus percepciones salariales al 50 por ciento por parte de la pagaduría castrense.
Hernández Santiago obtuvo un amparo a finales de 2013, y a Ortega Martínez lo ejecutaron a balazos el 5 de julio del mismo año, frente a un parque del fraccionamiento Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco. Dos sicarios fueron detenidos y confesaron que les iban a pagar por el homicidio, pero no abundaron en la identidad de los autores intelectuales.
