Asistimos a los estertores del sexenio de Enrique Peña Nieto con la normalización de su nefasto saldo. Y esperamos el sexto informe con una especie de resignación sobre el desastre que nos deja, pero no, sobre el deseo de justicia.

Enrique Peña Nieto debe ser procesado. El imperio de la ley exige en estos casos someter a los presuntos infractores de la misma. Todo parece indicar que Peña Nieto y parte de su gabinete cometieron graves delitos relacionados con la corrupción. Y no deben quedar en la impunidad. Abrir un proceso contra él es lo más sano para una democracia.

Ante el fin de su sexenio, el recuento de sus excesos, presuntos desfalcos a la nación, despropósitos en detrimento de la economía de los mexicanos y sobretodo de su evidente enriquecimiento junto a su familia, su esposa y sus hijos, la justicia debe actuar.

Aquí no vale el “perdón sí, olvido no”, tampoco el argumento de la “República del amor”, ni mucho menos el “no voy a enjuiciarte”. El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no debe caer en la tentación de intervenir en el poder judicial. La procuración de justicia no será parte de sus asignaciones ni responsabilidad.

Y partiendo de este principio de separación de poderes, sorprenden las declaraciones de AMLO durante la campaña cuando repetía que no habría persecución porque no buscaba la venganza. Aquí no se trata de venganza, es solamente justicia.

“No voy a meter a Peña Nieto a la cárcel”, repitió durante meses. Pero se le olvidó que no le corresponde al Presidente de la nación meter a la cárcel a nadie. Esa no es su función. Y más vale que no intervenga en las investigaciones que esperaremos el poder judicial inicie cuanto antes contra Peña Nieto, su gabinete y familia.

El pacto de impunidad es inaceptable, el perdón también. AMLO no es un mesías, ni un Dios con poder de perdonar todos los pecados y delitos cometidos en los anteriores sexenios. La anunciada amnistía ha sido malinterpretada. Y al final del sexenio, los que robaron quieren robar más porque se les acaba la ubre. Asistimos con estupefacción a las noticias cotidianas de excesos y despilfarros de funcionarios, diputados y senadores. Se están llevando hasta las engrapadoras y clips. No se vale.

Hace falta una advertencia sobre el imperio de la ley, un anuncio de consecuencias para estos rateros de cuello blanco y algunos vulgares rateros solamente. Los corruptos deben ser llevados a la cárcel. Ni más ni menos.

Ahí están los casos de corrupción más emblemáticos: la casa blanca, la casa de Malinalco del Canciller Luis Videgaray, la estafa maestra, Odebrecht, los Papeles del Paraíso, la triangulación de recursos de Sedesol, los vínculos con el narcotráfico, el avión presidencial, los viajes al extranjero de Peña Nieto y su comitiva de 200 personas, el enriquecimiento inexplicable de sus funcionarios y gobernadores, y la vida de lujo de su esposa e hijos.

Observamos cómo una de las primeras damas más odiadas de la historia reciente de México, Angélica Rivera, lleva más de un mes recorriendo Europa con sus hijas, cómo disfrutan de manera ostentosa de su sospechosa fortuna, cómo se dan la vida de reinas frente a un país con 70 millones de pobres, cómo se sientan en uno de los mejores restaurantes de París, donde un consumo para tres personas alcanza fácilmente los 20 mil pesos, cómo visten con las mejores marcas, los accesorios más caros, los coches más lujosos, los viajes más caros.

Son hechos que no podemos ignorar, no debemos cerrar los ojos o mirar hacia otro lado. ¿Dónde está el poder judicial? ¿Cuándo llegarán las denuncias necesarias para investigarlos a ellos y a todos los corruptos que se han enriquecido a costa del empobrecimiento del pueblo de México? Un buen Gobierno empieza con un buen inicio y qué mejor que hacer recuento de las fechorías anteriores.

La corrupción no es la única sombra que perseguirá al actual Presidente, también están los crímenes de Estado sin resolver, cometidos durante su Gobierno por las fuerzas de seguridad federales: Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y tantos otros.

La deuda pendiente de Peña Nieto no son solamente los 10 billones 427 mil 506 millones de pesos —por cierto el mayor monto de endeudamiento en la historia mexicana—, la deuda, esa que él considera “razonable”, no son solamente los billones que pagaremos, son los desastres que provocó con sus reformas que nos siguen afectando: la laboral, la educativa, la energética, la hacendaria…

El fin del sexenio de Peña Nieto nos sigue lastimando como mexicanos. Ellos siguen aumentando sus cuentas bancarias, mientras el próximo Gobierno anuncia la impunidad con bombo y platillo.

La razón de Estado no debe entorpecer el futuro de un país ni tampoco hipotecarlo. La razón de Estado no debe provocar que unos y otros, salientes y entrantes, se tapen sus tropelías. ¡Basta! ¡Queremos justicia!

Ha llegado el momento de someter a juicio a tanto corrupto. El nuevo Gobierno está obligado a saldar deudas con el pasado, de lo contrario, estaremos condenados a repetir la historia.

Lo correcto es permitir que la justicia actúe, permitir que se sienten en el banquillo de los acusados. Es un anhelo popular. Y como dijo Martin Luther King, hay que hacer lo correcto. Por favor, pásenle esta frase a Andrés Manuel López Obrador:

“La cobardía hace la pregunta: ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta: ¿es políticamente correcto? La vanidad hace la pregunta: ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta: ¿es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni políticamente correcta, ni popular. Pero uno debe tomarla porque es la correcta”.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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