Las amenazas de muerte contra el pintor Francisco Toledo y los sacerdotes Alejandro Solalinde –quien se vio obligado a salir temporalmente del país– y Wilfrido Mayrén, jalaron los reflectores nuevamente hacia Oaxaca, donde ser defensor de los derechos humanos suele pagarse con la vida. Pese a que los habitantes de ese estado pusieron sus esperanzas en el gobierno del cambio, el del no priista Gabino Cué, su administración –que no cumple aún dos años– ha resultado casi tan sangrienta como todo el sexenio de Ulises Ruiz, uno de los mandatarios oaxaqueños más repudiados.
Por Pedro Matías
“En Oaxaca se comienza a revivir el olor a pólvora, a miedo, a represión y precisamente en el contexto de un gobierno autodenominado del cambio”, situación que pone en riesgo la transición democrática que está “estancada o en el peor de los casos, en proceso de ser abortada”, dice un documento suscrito por el magisterio oaxaqueño y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Representantes de esos organismos hacen notar que a los asesinatos de los líderes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez Vásquez; del dirigente magisterial Rafael Rodríguez Enríquez y la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar se suma el exilio temporal del coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana, Alejandro Solalinde, y las amenazas de muerte contra el pintor Francisco Toledo, el sacerdote Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, la defensora de derechos humanos Alba Cruz Ramos y la activista Bettina Cruz.
“El recuerdo helado de las golpizas, levantones, detenciones, persecuciones, desapariciones forzadas y asesinatos como medio para contener la organización y la lucha social vuelve a posarse en las mentes de los pueblos y trabajadores de Oaxaca”, indica el documento suscrito por el movimiento magisterial local y 15 organizaciones sociales.
Desde un campamento de denuncia instalado frente al Palacio de Gobierno, representantes de esos organismos señalan que diferentes sectores “no dejan de preguntarse cómo es posible que un gobierno que aseguró nunca más utilizar la fuerza pública para reprimir al pueblo, hoy lo esté haciendo con total descaro, o bien permitiendo que grupos caciquiles utilicen la violencia más bárbara y terrorista para masacrar inocentes y perpetuar su control político en lugares estratégicos”.
Denuncian además que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo –quien lleva un año y siete meses en el cargo– “31 activistas y luchadores sociales” han sido asesinados.
Varios organismos de derechos humanos, sin embargo, hablan de 95 asesinatos por motivos políticos, agrarios o sociales atribuidos a la ausencia de operación política, la irresponsabilidad gubernamental al no ratificar convenios agrarios, la incapacidad de las autoridades electorales y la intromisión de partidos políticos o supuestos luchadores sociales que medran con los conflictos comunitarios.
Según informes de dichas organizaciones, datos hemerográficos y estadísticas oficiales, en 2011 se cometieron 376 homicidios dolosos, de los cuales 81 se derivan de pugnas agrarias, conflictos poselectorales, diferencias entre comunidades y ajustes de cuentas por motivos políticos. En lo que va de 2012 se han documentado otros 14.
Además hay 73 casos que podrían tipificarse como feminicidios –aunque algunas ONG sostienen que son 93 las mujeres asesinadas– y 119 más podrían ser ejecuciones del crimen organizado.
También se reportan 10 desapariciones, entre ellas la del profesor Carlos René Román Salazar y las de Paula Moreno Gómez, Israel Moreno Pérez, Maydelith Carmona Favian y dos estudiantes universitarias.
Vida amenazada
Antes de salir del país, el martes 15, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra informó que por razones de seguridad decidió tomar “un retiro táctico” en su misión de defensor de los migrantes centroamericanos; no obstante el albergue Hermanos en el Camino, con sede en Ixtepec, seguirá operando.
En conferencia de prensa Solalinde dijo que las amenazas podrían venir de los exgobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz; de Veracruz, Fidel Herrera o de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a quienes acusó de proteger a los delincuentes que secuestran y asesinan a los migrantes centroamericanos.
También responsabilizó al presidente Felipe Calderón “por negligencia, por no haber hecho nada de lo que le correspondía”.
“Ahorita me están cuidando muy bien pero el mejor cuidado para mí es que se haga justicia. Yo no soy policía ni de la DEA, pero si los narcotraficantes se meten con los migrantes, ahí sí no me puedo quedar callado”, abundó.
Solalinde anunció que iniciará un recorrido por Estados Unidos y varios países de Europa con el auspicio de las Brigadas Internacionales de Paz, organización que ha acompañado al sacerdote desde 2010.
Aclaró que aun cuando su viaje al extranjero ya estaba programado, su salida del país coincide con una recomendación que le hicieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de que confirmaron que las amenazas de muerte eran reales.
Agregó que aceptó la “recomendación sensata”, tras el compromiso que hizo la Segob de que se detendría a los responsables de las amenazas contra él y su equipo de trabajo en Ixtepec”.
Sin embargo, señaló, “puse un plazo de dos meses; el 2 o 3 de julio estoy regresando al albergue; si mejoran las condiciones o no, eso es responsabilidad de ellos. Pase lo que pase yo vuelvo. Pero también le prometí a mi equipo que si le pasa algo grave a alguno de ellos, si sufren alguna agresión, yo me regreso así esté en China”.
También el pintor Francisco Toledo presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República al recibir, el pasado 14 de abril, nuevas amenazas de muerte presuntamente en nombre de los “Matazetas”.
Una vez que presentó la denuncia reconoció que lo primero que hicieron las autoridades fue ponerle seguridad; sin embargo, dijo, “eso no soluciona el problema”.
Considera que “lo más importante es ver de dónde viene esta amenaza porque trae firma, un correo electrónico y trae una inicial de los zetas”.
De entrada descartó que tenga que ver con la coyuntura electoral porque: “Yo no soy de suponer. Yo no voto, no tengo un candidato favorito y quién de los partidos podría decir: ‘Castiguen a ese, échenle miedo por ser partidario de fulano o zutano o que reniego de este sistema político’. No tengo ni credencial de elector; soy un ciudadano ausente de estas luchas”.
Desde el correo electrónico [email protected] fue enviada la amenaza de muerte, fechada el 14 de abril a las 05:03 horas con el mensaje “Su vida está en peligro” y con el archivo adjunto “matazetas.jpg”.
El texto dice: “Tu amigo te quiere muerto por todos los medios, los zetas se han pagado por su amigo para asesinarlo en cualquier momento a partir de ahora, su amigo ha gastado mucho dinero en esto y el contrato se firmó finalmente ayer y he sido asignado para guiar a nuestros miembros a matar. “Tenemos su nombre, fotos, dirección y otra información necesaria que necesitamos para remontar en cualquier momento, estamos viendo que cada minuto del día”.
En el correo le recomiendan que tome en serio la amenaza y que no se ponga en contacto con la policía porque “vamos a saber, cualquier intento de este tipo no le ayudará, pero sólo nos empujan a matar sin ningún tipo de opción y también se incluyen los miembros de la familia”.
Finalmente le proponen ponerse en contacto a la dirección [email protected] para que de esa forma “usted puede tener sólo una oportunidad de vivir de nuevo sólo si usted puede seguir mis instrucciones y ponerse en contacto conmigo, no más tarde que 24 horas”.
El martes 1 Toledo denunció que tres personas fueron sorprendidas por el velador en el interior de su taller, en el Centro Histórico de Oaxaca, por lo que presupone que va de la mano con las amenazas.
Antes, el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del estado contra quienes resulten responsables por el delito de amenazas de muerte, según consta en la averiguación previa 8/FIDTS/2012.
En la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social, Mayrén exigió a las autoridades estatales que se esclarezca esta cadena de ilícitos contra defensores de los derechos humanos y no queden en la impunidad.
En un documento emitido por PBI y el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco se hace notar que Mayrén ha recibido sistemáticamente hostigamiento y amenazas por su trabajo en defensa de los derechos humanos.
La amenaza más reciente es la que recibió el pasado 14 de abril, al recibir en su teléfono celular el mensaje: “Empieza ahora putos…”
A su vez la coordinadora jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixta (Codigo-DH), Alba Cruz Ramos y Reyna Rivera, esposa del expreso político Marcelino Coache, presentaron una demanda penal por amenazas de muerte.
La defensora de derechos humanos considera que este nuevo embate de atentados y amenazas tiene una coyuntura electoral. Precisó que el 13 de abril recibió una amenaza de muerte en su teléfono celular en donde entre otras cosas le dicen “…quedas advertida te mueres junto con el por pendejos”.
Explicó que cuando se refieren a él, hablan de sus representados Marcelino Coache Verano y su familia.
El 30 de marzo una camioneta con placas del Distrito Federal y tres sujetos a bordo trató de atropellar a la abogada Cruz Ramos cuando salía de una cita en Ciudad Judicial en Reyes Mantecón.
Por su parte Reyna Rivera, esposa de Marcelino Coache, también recibió un mensaje a su celular unos minutos después del enviado a la defensora de derechos humanos: “Te lo advertimos se acuerdan o se hacen pendejos, ahora cuidense ya acabaron”. Ambas activistas afirman que los dos mensajes venían del mismo número.
Transición en riesgo
En una carta enviada al gobernador Gabino Cué, los pintores Francisco Toledo, Luis Zárate, Rubén Leyva y José Villalobos y otros miembros del Patronato Pro-defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca le reclaman haber traicionado el Nuevo Pacto Social para Oaxaca con Espíritu Juarista y por asumir actitudes similares o peores a las de los gobiernos priistas.
En el documento le hacen saber al gobernador que “identificamos similitudes en la práctica política del ejercicio gubernamental con gobiernos anteriores e inclusive en algunos casos los ha superado”.
También le hacen notar que “sin transparencia, sin castigo a los funcionarios corruptos, omisos, incompetentes aumenta la desesperanza ciudadana (y) la reciente exoneración de exfuncionarios demuestra la ineficiencia y complicidad de funcionaros de su gobierno con los de la administración anterior (de Ulises Ruiz)”.
Por otra parte, luego de sostener que “la anhelada transición democrática se encuentra estancada o en el peor de los casos en proceso de ser abortada”, 17 organizaciones políticas rechazaron el Pacto de Gobernabilidad y Concordia que propuso Cué, pues consideran que el objetivo principal es llevar al movimiento social organizado a la desmovilización.
Consideraron que “si bien es cierto que mediante la elección de este gobierno de alternancia el pueblo de Oaxaca logró que una mafia criminal abandonara el gobierno, también es verdad que el nuevo gobierno del estado no tiene la fuerza necesaria para lograr un cambio profundo en la sociedad oaxaqueña”.
La coordinadora de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, María Eugenia Mata, dice: “La transición democrática apenas comienza y ya está en riesgo.
“Nadie duda de la virtud de un gobierno plural con diversas visiones y posiciones; lo que no puede entenderse es que en el gabinete actual, a la par de que colaboran personas probas y bien intencionadas, estén otras no sólo incapaces sino que cumplieron un papel de ágiles instrumentadores de las políticas que en anteriores sexenios contribuyeron a que Oaxaca se encuentre en la situación actual, que obedecieron a los intereses del PRI”, señala.
Por su parte Codigo-DH consideró que a un año del gobierno del cambio, Cué ha incumplido sus compromisos de campaña en materia de justicia y derechos humanos, donde “no es suficiente” la buena voluntad.
Resalta que los avances en materia de justicia y derechos humanos en Oaxaca son escasos o nulos a pesar de los compromisos de campaña.
Codigo-DH le pregunta a Cué: “¿Quién es responsable de la represión del 15 de febrero y el ataque directo a los manifestantes? ¿Dónde está el profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido el 14 de marzo del 2011? ¿Por qué las autoridades de seguridad reproducen prácticas violatorias de derechos humanos como la agresión a las mujeres de Santa María Lachixio? ¿Cuántos asesinatos de mujeres más en la impunidad? ¿Cuántos procesados existen por el desfalco al erario público? ¿Por qué siguen en ascenso los intentos de linchamiento en este Estado?”
A su vez el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) emitió un comunicado en el que cuestiona la “transición democrática” en Oaxaca porque “la conformación del gabinete pasó por la clásica repartición de cuotas y espacios de poder entre los diversos grupos políticos y económicos”.
Al hacer un “balance preliminar” del gobierno de Cué, las FARP resaltan que “no se refleja, al menos de inicio, una línea política básica; hasta el momento sólo se han visto destellos y ocurrencias para un tema y otro”.
A 17 meses de su mandato, con 95 asesinatos y alrededor de 600 marchas, plantones y bloqueos, Cué convocó a un Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia para construir una relación de armonía entre todos los sectores sociales y del gobierno estatal; sin embargo fue rechazado por el magisterio y decenas de organizaciones civiles.
–Apro
