Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Los pobladores de los municipios afectados por el derrame de los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico en el Río Sonora, denunciaron una serie de irregularidades alrededor de los pagos del fideicomiso creado por Grupo México y las autoridades mexicanas para reparar parte de los daños.
Las operaciones sospechosas con recursos del Fideicomiso Río Sonora van desde la firma de cheques en blanco, políticos enriquecidos, enfermedades y escasez de agua desde el municipio de Ures, ubicado a unos kilómetros de Hermosillo, hasta Bacanuchi, el poblado más cercano al derrame de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco.
“Yo soy herrero y me dieron 28 mil pesos en un pago y cuando ibas a firmar, te atravesaban una cartulina en forma de escuadra y no te dejaban ver lo que firmabas. Por más que le jalé al papel, no pude ver la cantidad. Cuando salimos nos juntamos unas ocho gentes y dijeron que les habían hecho lo mismo”, aseguró Eleazar Favela, originario de Ures, en entrevista con SinEmbargo.
Favela aseguró que la clase política de Ures y sus familiares que viven incluso en Hermosillo, aprovecharon la tragedia del derrame para cobrar recursos del fideicomiso.
Con Favela coincidió Gloria Guadalupe Pérez, una vendedora de quesos que asegura sólo recibió dos cheques por 14 mil pesos cada uno, por tres meses de pérdidas.
“Hay gente que agarró de 350 mil pesos para arriba, gente que no tiene los negocios que dice. Gente que viene de Hermosillo con cartas poder, que ni es de aquí y cobra dinero”, dijo.
Ambos pobladores, entrevistados por separado, aseguraron que los políticos del pueblo tienen vehículos nuevos y tierras cultivadas que asemejan a los “cultivos de California [Estados Unidos], e incluso hay uno que adquirió un “trenecito” para pasear a los visitantes de los fines de semana.
“No hay claridad en la entrega de los recursos. Ahorita dicen que están suspendidos los pagos. Aquí nomás se están beneficiando los parientes de los políticos, por los apellidos se da uno cuenta, además de mucha gente que no es de la región”, indicó Gloria.
Justo hace unos días, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso Río Sonora y el monto otorgado a cada uno de ellos. Reservó la información hasta por un año.
La dependencia negó la información a una solicitud realizada a través de transparencia –con el número de folio 0001600005015–, argumentando que los datos se encuentran reservados hasta por 12 meses, debido a que aún no se concluye con el proceso de entrega de los recursos.
“En respuesta a su solicitud, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, le informa que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en sus expedientes encontró que aún no se terminan de entregar los montos a todos los beneficiarios y los montos que ya fueron entregados están en proceso de revisión, razón por la cual aún no se tiene un listado definitivo de beneficiarios ni el monto global aplicado, por lo que la información se encuentra reservada por un periodo de un año, o antes si se concluye el proceso de revisión por encontrarse en proceso deliberativo”, respondió la dependencia.
El miércoles, el presidente ejecutivo de Grupo México, Óscar González Rocha, calificó como "exagerada" la atención que se le dio en los medios nacionales al derrame de tóxicos. La declaración vino justo cuando la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que los casos de personas afectadas en su salud por estos hechos se dispararon en más de un 600 por ciento en solo tres meses, al pasar de 37 casos a 235 personas reportadas con alguna afectación en enero pasado.
González Rocha, el más alto funcionario de la empresa de Germán Larrea, dijo que el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de cobre de la mina de Cananea fue magnificado por los medios. "Desgraciadamente, el hecho tuvo una difusión a lo mejor un poquito exagerada, no por ustedes, sino por los medios nacionales, sobre todo Televisa, y eso hizo que el Gobierno tomara acciones más duras de lo normal", dijo González Rocha en entrevista a medios locales.
González Rocha dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contaminado peor, pero sin tanta publicidad.
“La exageración es la que se hizo con decir que fue el mayor desastre del país. Sí, fue el mayor desastre en el estado de Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos de Pemex que no son difundidos como este, ¿no?”.
El caso involucra varios posibles conflictos de interés. Durante la crisis, por ejemplo, se dio a conocer que el Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, había construido una presa personal sin permisos como el de impacto de daño ambiental. Grupo México es un consorcio vinculado a ex funcionarios y funcionarios federales mexicanos.
La negativa firmada por Jorge Legorreta Ordorica, quien en el pasado ha sido coordinador en el Senado de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se fundamenta, según precisó la Semarnat, en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que refiere a la información reservada.
La Semarnat negó, además, el monto total otorgado a los beneficiarios hasta el momento, a pesar de que un informe publicado en su página web desglosa a de forma general los recursos entregados hasta diciembre de 2015, sin presentar padrón de beneficiarios.
El 6 de agosto del año pasado, de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México, cuyo dueño es el empresario Germán Larrea Mota Velasco –el tercer hombre más rico del país–, derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi. El incidente afectó a siete municipios de la entidad.
La organización ambientalista Greenpeace México calificó al derrame como el “peor desastre ambiental” en Sonora, mientras que las autoridades federales la consideraron la “peor tragedia ambiental” en la historia de la minería en el país.
“Hace 16 días se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país”, añadió la ONG.
El Fideicomiso es por 2 mil millones de pesos y lo suscribieron las empresas de Grupo México, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, para remediar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfuro de cobre acidulado en el Río Sonora y Bacanuchi.
De acuerdo con la página electrónica de la Semarnat, entre septiembre y diciembre se entregaron 483.6 millones de pesos a la población y 768 millones en instalación de tinacos, nuevos pozos y reparto de agua en pipas.
La dependencia afirmó que los pagos del Fideicomiso equivalen a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de la región del Río Sonora, correspondiente a enero-septiembre.
En total se han realizado 27 mil 522 apoyos económicos “directos e individuales”, en efectivo, cheque o tarjeta de débito a una población estimada de 22,878 personas en los siente municipios afectados.
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, dijo que ante la falta de transparencia de Semarnat en torno a los beneficiados, se sospecha en la región que existe un mal manejo de los fondos del fideicomiso.
“Tuvimos reunión en Ures, la gente dice que en los listados hay quien ya murió y que hay otras personas que no son habitantes de esa región y que les han dado un dineral. Ha habido una distribución inequitativa de los recursos y no hay una transparencia de a quién le dieron y a quién no le dieron, y porqué a unos les dieron más que a otros, cuando realmente esos dineros se debieron repartir entre toda la población afectada y que la empresa hubiera resarcido todos los daños ambientales y en el agua”, dijo.
Navarrete Aguirre aseguró que el Fideicomiso privilegia incluso a políticos que tienen presas y propiedades en el Río Sonora, como el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano y el candidato a la Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN) Javier Gándara Magaña, entre otros políticos locales.
“Muchos políticos están agarrando dinero ahí. Todos los que tienen ranchos, ganado, presas y la gente que tiene necesidad, que se quedó sin sustento, sin empleo, se quedó fuera”, aseguró.
Antonio Navarrete detalló que al problema del fideicomiso, se le agrega que la zona afectada aún no está remediada.
“No se ha reparado el daño. El río sigue en las mismas condiciones que cuando fue el derrame, no se ha hecho una limpieza, una recuperación de todos los desechos tóxicos en la cuenca del río Sonora. A seis meses del derrame ha habido brotes de enfermedades, familias enteras que les han salido granos en la piel”, indicó.
El 17 de diciembre pasado, los pobladores del Río Sonora bloquearon la carretera Mazocahui-Cananea-Aguaprieta en protesta porque no tenían suministro de agua y porque los recursos del fideicomiso para resarcir el daño, que anunció Grupo México, no estaban llegando.
Los pobladores que bloquearon la carretera dijeron a los medios locales que la contingencia por el derrame en el Río Sonora se levantó y que dejaron de abastecer a la población de agua.
Además, denunciaron, los encargados de distribuir el recurso del fideicomiso beneficiaron a sus familiares, alterando el padrón de damnificados.
ESCASEZ DE AGUA Y ENFERMEDADES
Gloria Guadalupe Pérez añadió que además de la falta de claridad en la entrega de recursos del Fideicomiso Río Sonora, hace unos meses las autoridades informaron que el agua ya era potable y se podía utilizar para beber y para el uso doméstico.
Pero, de acuerdo con Gloria, la población está enfermando de severos dolores de estómago a partir de que se empezó a consumir el agua de la llave.
“Yo empecé con unos dolores muy fuertes en la boca del estómago y fui con la doctora, me hicieron análisis y me dijo que tomara agua purificada. Desde que empecé a tomar agua de garrafón, me alivié. Como yo hay mucha gente que se está enfermando; a unos les da diarrea”, dijo.
Luis Alberto Ibarra, un poblador de Bacanuchi, indicó que en el poblado sucede lo mismo, pero que además sufren por la escasez del agua.
“Dicen que ya está limpio. No es cierto, ahorita están pegando unos llovidones y viera la peste a ácido que sale. Yo tengo unas tierritas y ahí me dejaron un cochinero”, contó.
Alberto Ibarra denunció que cada lunes cada una de las familias de Bacanuchi recibe 60 litros de agua para toda la semana. Líquido para uso doméstico y para beber.
“Pero no nos alcanza, ¿qué vamos hacer con eso?, además hay familias grandes. No, pues oiga tenemos que comprar agua a 20 pesos cada galón”, aseguró.
El agosto el ácido sulfúrico pasó por el río Bacanuchi con 56.9 miligramos de arsénico por litro, cuando la norma marca que debe ser de 0.05. La contaminación de la mina Buenavista del Cobre los dejó sin agua para regar los plantíos de sorgo, frijol, maíz y alfalfa y para dar de beber al ganado de donde se obtiene la leche de los quesos que las mujeres venden en Arizpe y Cananea.
El ácido cargado de metales pesados fue tan potente que quemó parte de las siembras a la orilla del río. La población también se quedó sin agua potable, debido a que se cerraron todos los pozos.
Días después del derrame SinEmbargo visitó Bacanuchi. Para llegar al poblado hay que recorrer 50 kilómetros de terracería en medio de la sierra. Se puede ingresar por Arizpe o por Cananea. Ambos caminos requieren de vehículos de doble tracción para circular, debido a lo accidentado del terreno.
El camino que lleva de Arizpe a Bacanuchi es el más accidentado y peligroso tanto para autos compactos, como para camiones de carga. En ambos casos los kilómetros que en una camioneta puede llevar hora y media recorrer, pueden ser imposibles.
Desde una loma, media hora antes de llegar a Bacanuchi, se observa el tajo a cielo abierto de la mina Buenavista del Cobre.
Bacanuchi se ubica a sólo14 kilómetros El Pozo Nuevo, propiedad desde hace tiempo de la familia del Gobernador Guillermo Padrés Elías.
El Pozo Nuevo, que cuenta con 50 mil árboles de nuez, fue la primera propiedad privada afectada por la contaminación, pues el día 8 de agosto, dos días después del accidente de Grupo México, el agua del rancho de Padrés contenía 5.3 miligramos por litro, 5 mil veces más que lo que indica la norma de 0.05 miligramos por litro, según los resultados de los análisis del agua del río Sonora que tienen en su poder los habitantes de Bacanuchi y que son oficiales.
Sin embargo, el rancho de Guillermo Padrés no sufrió afectación alguna para dar de beber a sus vacas, equinos finos y regar sus siembras, debido a que contaba con la presa privada más grande de la región, una presa que meses después dinamitó.
