Ex gobernadores acusados de actos de corrupción y peculado son protegidos por sus propios sucesores, acusan expertos en materia de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué gobernadores llegaron con la promesa de transparentar la corrupción y luego, simplemente, se olvidaron del asunto?
Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Candidatos que prometieron actuar ante la corrupción de los gobiernos estatales anteriores, ahora cruzan los brazos. Pero el discurso del supuesto combate a la impunidad sirvió a estos políticos para llegar al poder; las auditorías que prometieron se realizaron a medias, o no se realizaron.
Y esto se ha vuelto una costumbre en México, de acuerdo con analistas.
Expertos en rendición de cuentas explicaron que en México las auditorías estatales aún dependen de la voluntad política de los gobernantes y no a un ordenamiento jurídico.
“Eso se ve en el caso de Humberto Moreira [ex Gobernador de Coahuila], donde la Fiscalía española es la encargada de demostrar que hay supuestos de un ilícito. Pero en México no hay capacidad interna para que los órganos de contraloría o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no pueden ni siquiera imponer sanciones por ellos mismos”, consideró Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de la ONG Participación Ciudadana.
El experto refirió que muchas de estas fiscalizaciones terminan dependiendo de los arreglos que hacen los políticos, no importando sus promesas de campaña.
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, llegó a la Gubernatura de Nuevo León con una candidatura independiente. Previo a tomar funciones el 4 de octubre de 2015, aseveró que una de las primeras cosas en su gestión sería auditar a su antecesor, el priista Rodrigo Medina de la Cruz.
“El Bronco” fue contundente. Como virtual ganador de las elecciones aseveró en su primer discurso que enviaría a la cárcel al mandatario saliente, si se demuestra que robó.
Sin embargo, cuatro meses después lo único que ha dicho el Gobernador es una nueva promesa: “Las denuncias estarán en dos meses más”.
No obstante, Rodrigo Medina de la Cruz es señalado de irregularidades por haber adquirido una deuda de 61 mil millones de pesos.
Además, Medina fue señalado por Aldo Fasci Zuazua, ex subprocurador de Ministerios Públicos en el sexenio del ex Gobernador priista Natividad Gonzáles Parás, de triangular recursos que han beneficiado a su familia, incluso con propiedades en Texas, producto de supuestas extorsiones a proveedores de la administración estatal mediante dos empresas registradas en las Islas Caimán.
PARTICIPACIÓN EXTRANJERA
Otro caso similar se da en Sonora. La Gobernadora priista Claudia Pavlovich Arellano también inició una fiscalización de su predecesor del Partido Acción Nacional (PAN) Guillermo Padrés Elías por el sobregiro de 10 mil millones de pesos.
“No es sólo una advertencia al ex Gobernador sino a todos aquellos que actuaron de manera incorrecta y que se llevaron lo que no era de ellos. Los sonorenses vieron su confianza defraudada y no vieron soluciones”, dijo en una entrevista a Radio Fórmula.
Las indagaciones aún no han terminado por dar resultados, pero medios internacionales han publicado de la coordinación entre autoridades estadounidenses y la Procuraduría General de la República (PGR) para indagar sobre la familia de Padrés.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos refirió que Padrés recibió una transferencia de más de 134 millones de pesos, el 18 de mayo del año pasado, dos semanas antes de las elecciones.
Padrés también carga con la impunidad de varios responsables del incendio de la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio del 2009 en Sonora. En la tragedia perdieron la vida 49 niños y 106 tuvieron heridas. Los hechos por los cuales hay 22 consignados no han sido totalmente esclarecidos.
JUICIO POLÍTICO
El Gobernador de Colima saliente, Ramón Pérez Díaz, exigió una auditoría a la gestión del ex Gobernador Mario Anguiano Moreno, entre 2009 y el 2015, para conocer el estado de las finanzas públicas.
“Es interés del Gobierno del Estado la transparencia en el uso de los recursos públicos, en concordancia con lo previsto por la Constitución de México, que dispone que los recursos económicos de que disponga el Estado, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, dijo a medios locales.
Sin embargo, a estas gestiones se adelantó un juicio político iniciado por el Congreso local a nueve ex funcionarios, entre ellos al propio Mario Anguiano, quien es señalado de desviar al menos 600 millones de pesos.
LAS QUE NO INICIARON
Lejos de hallar responsables, hay auditorías en diversos estados que nunca empezaron. El Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas que inició su administración en febrero del 2011 prometió durante su primer mensaje que “en Puebla no habría persecución, pero tampoco encubrimiento” y agregó que harían una evaluación detallada de la anterior administración, la del priísta Mario Marín Torres.
A pesar de que a Moreno Valle se ha apoyado en su discurso político culpar de irregularidades, como en octubre cuando refirió que la falta de salud el municipio de Nopalucan era herencia de Marín, la auditoría sobre la anterior gestión nunca se hizo y el ex gobernador sigue en la impunidad.
La familia de Marín tendría propiedades por millones de pesos en Estados Unidos y en Europa, según datos revelados por la publicación del diario local [email protected].
Se ha denunciado que su hijo, Mario Marín García, habría invertido millones de pesos en residencias y chalets por toda Europa.
Además, a Marín se le señaló de ser responsable por el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho, después de que publicara su libro “Los demonios del edén”, que habla sobre las redes que lucran con pornografía infantil y en las que mencionó al empresario Kamel Nacif Borge, cercano a ex Gobernador poblano.
FALLAS DEL SISTEMA
María Marván Laborde, especialista en transparencia y rendición de cuentas, explicó que en el camino para que los gobernadores entrantes puedan auditar se hace larga por falta de mecanismos.
“La Auditoría Superior tienen que entregar sus reportes a las comisiones de vigilancia de la Cámara de Diputados y de los congresos estatales. Y normalmente estas comisiones no hacen absolutamente nada con esos reportes, porque están amafiados”, detalló.
Asimismo dijo que la periodicidad con la que la ASF revisa las actividades de las distintas instituciones es de por lo menos dos años. “Así que si Padrés [de Soora] salió en el 2015, sobre su último año no podremos saber sino hasta el 2017”.
Ante este escenario, Ernesto Gómez Magaña refirió que algunas soluciones para combatir la corrupción en la que incurren algunos gobernadores podrían ser a través de la implementación de comisiones internacionales que impulsen el combate a la corrupción, como sucedió en Guatemala.
“Este tipo de casos son interesantes. Porque guardando las distancias. Para que se puedan indagar sobre conductas de corrupción y lograr procesar casos locales”, apuntó.
