La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz presumió en su comunicado que gracias a su intervención la joven llegó con vida a casa. Sin embargo, la liberación de la joven se logró no por las estrategia de los operarios de Luis Ángel Bravo Contreras, sino porque la familia pagó medio millón de pesos.
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Por Ignacio Carvajal
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo/BlogExpediente).– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer la liberación de la joven Saraí Reyes Campos, de 18 años, quien permaneció privada de su libertad durante siete días, después de que un grupo armado se interceptó cuando iba a la escuela, en Boca del Río, la semana pasada.
La liberación de la joven fue “resultado de trabajos de inteligencia realizados por fuerzas operativas del Mando Especial Veracruz”, dijo la Fiscalía en un comunicado en donde aporta todo el crédito al Mando Especial Veracruz (MEV).
En la liberación intervinieron “asesores en gestión de crisis y negociación, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado” que “intervinieron en apoyo a los familiares”.
Sin embargo, la liberación de la joven se logró no por las estrategias de los operarios de Luis Ángel Bravo Contreras, sino porque la familia pagó medio millón de pesos.
Eso fue lo solicitado por los secuestradores antes de cumplirse las 24 horas de la privación de la libertad, la semana pasada.
Mientras la Fiscalía presumió en su comunicado de que gracias a su intervención la joven llegó con vida a casa, la realidad es que la chica fue abandonada en un punto indeterminado de Boca del Río, donde posteriormente se comunicó con su familia y lograron salvarla.
Fuentes allegadas a la familia de la joven confirmaron que el personal de la Fiscalía sólo negoció; los secuestradores en todo momento tuvieron el control de la situación.
Jamás dieron muestras de ser principiantes, la cantidad solicitada fue razonable para el nivel de vida de la familia aceptada y tampoco, nunca, hicieron comunicación vía telefónica. Todo fue mediante una telefóno por la cual los plagiarios enviaban archivos de voz con sus exigencias.
La joven aspirante a contadora de la UV nunca estuvo al teléfono dando pruebas de vida, como lo solicitaban los padres, sólo la tenían a su alcance por medio de audios, una estrategia empleada por los captores para evitar el rastreo.
Y mientras se desarrollaba la trama del secuestro, en el hogar de la víctima, se vivieron momentos terribles y angustia ante el temor de que hubiera tenido otro destino.
VULNERABLES
A un mes de culminar el 2016 ha quedado claro en Veracruz que los jóvenes son vulnerables y blanco fácil para la delincuencia, carne de cañón para enviarlos al frente a luchar como sicarios para levantar y secuestrar personas o para ponerlos frente a los fúsiles de las autoridades que, faltos de entrenamiento, los abaten sin mayor dificultad.
Jóvenes de 30 años eran los cinco chicos secuestrados por policías en Tierra Blanca, entregados a la delincuencia organizada para que les dieran muerte y los molieran en una picadora agrícola.
Jóvenes eran los tres chicos secuestrados en febrero pasado en Papantla, cuya sospecha recayó en la policía municipal.
Jóvenes eran las seis víctimas halladas en un paraje de Camarón de Tejeda, entre los cuales se encontraban la estudiante Génesis Deyanira Urrutia Ramírez, alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV), quien fue decapitada con otros becarios que, hasta ahora, se desconoce porqué habrían sido blancos de la delincuencia organizada.
Y días después, en Soledad de Doblado, durante un fin de semana, sujetos armados aterrorizaron a ese pueblo cazando víctimas. Se llevaron a ocho personas en total, pero únicamente hay denuncias de desaparición por: Ernesto Santos
Morales, Andrés Ignacio Valero Flores, Andrés Jesús Valero Olmo, Daniel García Tapia y Alberto Guerrero Gutiérrez.
Así, el secuestro Saraí Reyes Campos, y el caso de Génesis Urritia y sus amigos, pone en relieve la estigmatización de los grupos de la delincuencia contra la juventud, a la cual le ponen precio o suma a las cuotas de terror y horror que se deben administrar con fines del control de los territorios.
LA UV, INDIFERENTE
El 10 de noviembre, horas después de que la familia de Saraí Reyes Campos alertó sobre su desaparición en redes sociales, el rector de la Universidad Veracruzana zona Boca del Río, Alfonso Gerardo Pérez Morales, expuso que la comunidad universitaria se encontraba “consternada”.
Ni una palabra más ni una condena ni una exigencia contra la violencia que a diario se asoma en los campus de la UV.
Dos días después, en una visita a Veracruz, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, cuestionada por la prensa, dejó claro que no emitiría ni un comentario. Que no era su tarea, menos un asunto.
Dos días después de la sustracción, la rectora, Sara Ladrón de Guevara, arribó al puerto y los reporteros le preguntaron sobre el caso:
“Estamos muy pendientes, muy lastimados, esperamos que esto tenga buen final. No le daré datos personales, es un tema muy delicado”, dijo.
Eso sí, en esa misma entrevista, aprovechó el espacio para volver a cobrar los 2 mil millones de pesos pendientes para la institución.
LA FARSA DEL MANDO ESPECIAL VERACRUZ
En la segunda quincena de octubre, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, encabezó la instauración del Mando Especial Veracruz con el cual, dijo, se unificarían los esfuerzos para abatir la inseguridad producto de la crisis política heredada por Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia.
Ante reporteros, sentención que después de la reunión con Marina, Ejército y autoridades estatales, de inmediato se notarían resultados en la mejor de la seguridad en el sur de Veracruz. Bajarían los secuestros y ajustes de cuentas. Pero a diario se documentan homicidios y el plagio es una actividad productiva para la delincuencia.
A septiembre pasado, el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta 95 secuestros y 846 homicidios dolosos.
En medio de este este panorama, el estado abandonado por Javier Duarte es el segundo lugar nacional en privaciones de la libertad, por encima de estados como Tamaulipas y Guerrero, compitiendo con el Estado de México.
A la luz del informe de octubre pasado de la organización civil Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, la implantación del MEV no ha dado efectividad, pues ese reporte indica que en ese mes se presentaron en Coatzacoalcos seis privaciones de la libertad de las cuales una víctima aun no regresa a su hogar.
Y en cuanto a homicidios dolosos, en “Coatzacoalcos se contabilizan siete casos de homicidios dolosos lo que significa un incremento del 40% en comparación al mes anterior”.
En el país, Veracruz es uno de los estados más violentos, incluso, arrebatando lugares a zonas hostiles durante décadas como las del norte. A su favor, la Fiscalía jarocha es una de las que más detenciones por este delito reporta, aunque también, desde su llegada, Luis Ángel Bravo Contreras no ha logrado sentencias contra las integrantes de las bandas consignadas por el cúmulo de amparos promovidos para alegar violaciones al debido proceso.
