La desaparición de jovencitas para destinarlas al trabajo sexual es una constante en México. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) planteó que el país cuenta con al menos 15 zonas de alta incidencia. Uno de los juicios más importantes esta índole en México lleva su curso en Ciudad Juárez. Una de las protagonistas es Idaly Juache, quien fue vista por última vez el 23 de febrero del 2010. La otra es su madre, Norma Laguna Cabral, quien desde hace seis años pide justicia para condenar a los implicados en la muerte de Idaly.
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Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– Aquella mañana del 23 de febrero del 2010, Norma Laguna Cabral acompañó a su hija al paradero de autobuses en la colonia José Ortiz de Domínguez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como cada martes y jueves, Idaly Juache Launa debía hacer un recorrido de 20 minutos por la calle 16 de septiembre hasta el centro de esa ciudad fronteriza y después transbordar hacia el Centro de Readaptación Social (Cereso) para visitar a un tío recluido. Ese día, la madre alcanzó a preguntarle si iba ir a otro lado después, la joven dijo que no.
Norma sabía de la inquietud de su hija por la perdida de un anillo desde hacía un mes atrás, cuando la chica hizo una prueba fotográfica para ingresar a una agencia de edecanes.
“Me dijo que había perdido el anillo cambiándose, pero eso a mí no se me hizo muy cierto. Porque siempre se cambiaba de ropa y nunca se le caía”, relata la madre.
Esa tarde, su hija no regresó, pese a que el hermano de Norma refirió haberla visto salir del Cereso. Las primeras diligencias para poner una denuncia iniciaron ese mismo día. Pero en la Fiscalía de la ciudad mostraron resistencia al recibir la denuncia, previo a aceptarla, recuerda Laguna.
“Me decían: ‘¿Está segura que la quiere poner? Porque si ella regresa tiene que venir a quitarla, porque a lo mejor se fue con el novio. A lo mejor conoció a otra persona y se fue con él’. Todas esas historias que les dicen aquí a las madres de Juárez”, expone.
La madre esperaba más de la Fiscalía, entonces a cargo de Jorge González Nicolás: “Esperaba que hicieran algo, porque es la autoridad. Pero pasaron los días, meses, años y pues no, nada”, agrega la madre. Conforme el tiempo pasó, la propia Norma comenzó a recorrer el centro histórico. Eran jornadas completas, que terminaban hasta las 11 de la noche, preguntando por su hija.
Algunos conocidos le comentan que la han visto pasar.
“Duraron dos años viéndola en el Centro de la Ciudad pero siempre la gente la veía en las calles, en los hoteles. Nosotros íbamos. Estuvimos día tras día haciendo y yendo con personas, políticos, gobernadores, presidentes municipales, tres años haciendo presión”, dice la madre.
El 16 de abril del 2012 recibió una llamada de las autoridades. Le informaron del hallazgo de los restos de su hija en el arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez.
En el sitio terminaron por judicializarse 10 restos más, que fueron hallados por habitantes de San José de Paredes, y después recogidos por agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, quienes dieron paso a las investigaciones del llamado “Juicio del Siglo” contra una red de tratantes y asesinos.
En su momento, la red Mesa de Mujeres contabilizó 16 cuerpos de jóvenes desaparecidas entre el 2008 y el 2010 que aparecieron a orillas del arroyo sin ser judicializadas.
En un primer momento, Laguna se negó recibir los restos hasta que no fueran confirmados. La Red consiguió que intervinieran peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Finalmente, los resultados de las pruebas de ADN dieron positivo.
EL “JUICIO DEL SIGLO”
La detención de un menor de edad a principios del 2013 fue el inicio de la persecución de una red de secuestro y trata de mujeres en el centro de Ciudad Juárez. Doce presuntos implicados terminaron por ser detenidos ese año. Los sicarios operaron atrayendo a jóvenes de entre 15 y 25 años a través de ofertas de empleo.
Testimonios afirmaron que los implicados tenían relación con Los Aztecas, una banda que trabajaba para el Cártel de Juárez, y también para el grupo criminal Los Zetas.
Durante el juicio se revela información sobre cómo eran tratadas las víctimas. La madre de LJRL, alias “El Güero”, un menor de edad y testigo clave del caso que después quedaría libre, aseguró que el joven solía llegar llorando a su casa por ver tanta sangre.
LJRL se ciñó al programa de testigos protegidos de la Fiscalía y señaló a la mayoría de personas que después serían detenidas; en especial reconoció a Adrián Arturo Roldán de la Cruz, alias el “Z1”, como el líder de la banda.
El “Z1” prestaba los servicios de las 11 mujeres –después asesinadas– al interior del Cereso de la ciudad, de acuerdo con la versión dada por Jorge Noé Legarreta, agente investigador durante la audiencia celebrada el 11 de mayo del 2015, de acuerdo con un reporte de El Diario de Juárez.
El jefe de la banda, también conocido como “Miguelito”, cayó abatido por agentes ministeriales durante un enfrentamiento en abril del 2013.
Sin embargo, las jóvenes raptadas también habrían sido ofrecidas para dar servicios sexuales a autoridades: policías y militares, justo en los años en que las instituciones armadas habían sido desplegadas en esa frontera para luchar contra el narcotráfico.
Eran autoridades y militares que “las pedían uno o dos días”, declaró el testigo.
“A veces me tocaba pagarle a la Policía Municipal, Federal, Estatal, aparte siempre por radio estábamos comunicados y nos estaban diciendo lo que pasa, qué tan ‘caliente’ está El Valle, dónde andan los ‘doblados’ [los Artistas Asesinos, una pandilla rival], qué andan haciendo, al igual nosotros sabemos y tenemos que estar listos o truchas por si se calienta el jale”, detalló.
En junio del 2015, el juicio de tres meses terminó con la sentencia de 697 años de prisión para José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”; Jesús Hernández Martínez, “El Gordo Maloso”; Rafael Mena; Cesar Félix Romero Esparza, “El Félix”; Manuel Vital Anguiano, “Don Meny”, y Edgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”.
Además de la muerte de Idaly se les responsabilizó por el secuestro, trata y muerte de Lizbeth Avilés García, Jessica Terrazas Ortega, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Deisy Ramírez, Jazmín Salazar Ponce, Jessica Leticia Peña García, María Guadalupe Montes, Perla Ivonne Aguirre González y Beatriz Alejandra Hernández.
Cinco años después de la desaparición de Idaly, se llevó a cabo una audiencia contra presuntos implicados por el caso de las 11 jóvenes. Los fiscales expusieron las imágenes hechas en la agencia de edecanes, en algunas se mostraba a la joven portando el anillo que según dijo a su madre había perdido.
Camilo del Real Buendía, dueño de la agencia de edecanes, es una de las cuatro personas detenidas que aún se encuentran en proceso de sentencia, luego de interponer cinco amparos para evitar el desenlace judicial.
La semana pasada se reanudó el juicio en contra del resto de presuntos integrantes de la banda. Además de Del Real Buendía están sometidos al proceso judicial Rafael Mena, alias “El Cheche”; Eduardo Sánchez Hermosillo, “El Flaco”, y Esperanza Castillo Saldaña, “La Paty”, por el caso de las jóvenes víctimas en el periodo que va de 2009 a 2012.
CABOS SUELTOS
Las líneas de investigación que tenían relación con las autoridades policiales quedaron siguen sin resolver, relata Norma Laguna, y apunta a las indagaciones sobre el Sargento Roberto Maldonado Ruíz, asesinado en la estación Aldama, en septiembre del 2011.
“Yo siempre pensé que el policía sabía dónde estaba mi hija. Era tío político de ella. Porque había muchas cosas extrañas con él. Era tío político de ella y mi hija le tenía mucho miedo. Él le hablaba mucho y ella tenía que contestarle. Y creo que a una de sus amigas le contó que la había llevado a una casa de seguridad, donde había muchos policías con otras muchachas. Eso sucedió antes de que ella desapareciera”, relata la madre.
“Lo mataron y nunca lo investigaron ni nada. Siempre en el MP [Ministerio Público] me decían que no porque era muy peligroso, no investigaron como debía de ser”, agrega.
El 26 de septiembre del 2011, gendarmes en la estación de policía de la localidad de San José Babícora detuvieron a una mujer, quien presuntamente intentó ingresar a retirar el automóvil de su esposo a las 21:30 horas, según la versión oficial.
Identificada como Ana Delgado Ramírez, los uniformados aseguraron que los amenazó bajo el argumento de que su esposo, Alberto Gutiérrez Garza, ya había matado policías en el pasado, incluso a Maldonado Ruíz. Pero la mujer fue dejada en libertad cuatro días después.
La red Mesa de Mujeres ha realizado diferentes actividades para mantener viva la exigencia por justicia en el caso de Idaly, en medio de las audiencias del “Juicio del Siglo” marcado por diferentes pausas en el último año.
Hoy Idaly estaría por cumplir 26 años. En años pasados los activistas de la Red han organizado torneos de mini futbol en su honor, el deporte que más le gustaba. Sus restos descansan desde el 27 de diciembre del 2013 en el cementerio Jardines del Recuerdo, de Ciudad Juárez.
