La activista social y líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, salió libre esta mañana después de que fuera encarcelada por secuestros que nunca se comprobaron. Distintos organismos internacionales, e incluso la ONU, habían señalado irregularidades durante su proceso.
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– La activista social y comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, abandonó el penal de femenil de Tepepan esta mañana, tras 31 meses de permanecer en prisión. Anoche un juez le dictó auto de formal libertad.
“Vamos a seguir luchando para que no nos sigan reprimiendo. Si es necesario llegar a esto [señaló el rifle], a esto vamos a llegar”, dijo Nestora a las personas reunidas afuera del penal.
Entre aplausos y porras de los presentes gritó: “¡Soy libre!”.
Salgado fue recibida por sus abogados, familiares, activistas y miembros de la Policía Comunitaria, quienes la esperaron desde temprano con pancartas y flores.
Desde 2012 y hasta al momento de su arresto, Nestora se había desempeñado como dirigente de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero, un sistema de seguridad y de justicia comunitario creado en 1995 para enfrentar la delincuencia en la región.
La CRAC-PC, como la gran mayoría de las policías comunitarias, es un modelo auto-organizado de seguridad alternativo a los cuerpos policiales institucionales que se guía por los usos y costumbres de los pueblos y comunidades donde está presente. Sin embargo, a diferencia de otras policías comunitarias que operan en territorio mexicano, la CRAC-PC obtuvo reconocimiento por parte del Gobierno estatal en 2011, a través de la ley 701 de “Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.
Nestora fue detenida el 21 de agosto del 2013 por elementos del Ejército junto con otros 30 integrantes de la CRAC-PC. Se le adjudicaron cargos por su supuesta implicación en 50 secuestros. Y posteriormente fue recluida en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Todas estas medidas fueron impugnadas por sus abogados defensores.
La detención de la defensora se realizó tras un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, sin que se le mostrara una orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente.
La defensa de la líder rechaza que haya cometido secuestro, toda vez que las supuestas víctimas eran personas que habían cometido alguna falta en la zona, detenidas por la policía comunitaria y recluidas en la casa de justicia de Olinalá.
Asimismo, dado que las actividades de la CRAC-PC son parte de un sistema de justicia indígena legalmente constituido, el criterio de “delincuencia organizada” no es aplicable.
Del mismo modo, se acusa a las autoridades de haber detenido de Nestora y a otros miembros de la policía comunitaria de Olinalá más bien por cuestiones políticas. De hecho, la investigadora Aída Hernández Castillo en el documental sobre criminalización de la justicia indígena en el país México: Pueblos indígenas ante la justicia denuncia:
“Nestora descubrió una red de prostitución infantil y de tráfico de mujeres que estaba funcionando en su municipio con total impunidad por las autoridades del estado”.
En marzo de 2014 un juez exoneró a Salgado de los cargos que se le imputaban y ordenó su inmediata liberación, al reconocer que la defensora había actuado legalmente como líder comunitaria, y que las detenciones realizadas por la CRAC-PC, en efecto, cuentan con el respaldo jurídico de la Ley 701. Sin embargo, esto no redundó en su libertad.
La semana pasada, tres jueces ordenaron su libertad, pero la Fiscalía volvió a notificar otros tres cargos, en los juzgados de Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla, por lo que Nestora no pudo ser dejada libre.
Esta semana, según explicaron los abogados, se tomaron las declaraciones preparatorias de esas tres ordenes de aprehensión.
El Comité Nestora Libre ha abogado por el deterioro de la salud de Nestora durante su estancia en los penales. De 44 años de edad, Nestora padece problemas en el hígado y riñones. Asimismo, las huelgas de hambre emprendidas por más de 30 días con el fin de visualizar su caso han afectado una condición de gastritis.
El involucramiento de Nestora con la CRAC-PC no se dio sino hasta en el último lustro, con el arreció del narcotráfico en la zona.
Antes, a los 20 años huyó de la violencia doméstica, junto a sus tres hijas, rumbo a Estados Unidos. Allá realizó trabajos domésticos y no regresó a Olinalá sino hasta varios años después, cuando logró la ciudadanía de ese país y empezó a viajar una o dos veces al año a México.
Acostumbraba llevar víveres y ropa a los miembros de su comunidad. El grupo criminal Los Ardillos, junto a Guerreros Unidos, tienen presencia en el municipio del cual es oriunda y en el 2012 su inmersión con los problemas de la comunidad la llevó al cargo de Comandante de la policía comunitaria.
El caso de Salgado es otro que ha traspasado las fronteras. El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al Gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.
En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.
Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la CIDH y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Seattle, detalló que hubo intención deliberada del Estado por desarticular a la Coordinadora.
“Yo creo que sí había una clara intención del Gobierno de desarticular la organización de justicia y seguridad que supone la organización indígena. A través de justamente el encarcelamiento de sus líderes. Llévamos más de 30 meses en espera sin que los juzgados hayan tenido en cuenta algo bastante obvio, y es que justamente se trata de una organización amparada en la Ley, Constitución, y tratados internacionales de derechos indígenas”, dijo.
A principios de febrero, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que la detención de Nestora Salgado fue “ilegal y arbitraria” en tres distintas categorías.
Éstas incluyen por la forma en que se realizó, por las autoridades que lo realizaron y su traslado ordenado por el poder Ejecutivo. Por lo que se solicitó al Gobierno su inmediata liberación y compensación.
–Con Información de Shaila Rosagel.
