Apenas el ministro Arturo Zaldívar hizo pública su intención de pedir la liberación de Florence Cassez –condenada a 60 años de prisión acusada de secuestro–, sobre la Suprema Corte se dejó ir una embestida mediática tendiente a invalidar cualquier intento de liberación de la francesa y a defender a García Luna, cuyo montaje dio al traste con el debido proceso. A la cabeza de esa ofensiva estuvo Isabel Miranda de Wallace, virtual candidata del PAN al gobierno capitalino… El máximo tribunal, dividido, deberá tomar una decisión ya contaminada por la política y la diplomacia.
Por Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 17 de marzo (proceso).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en el centro de la discordia en el país. El caso de Florence Cassez tiene confrontados a los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal por las implicaciones de su resolución sobre el amparo solicitado por la francesa.
Las consecuencias de la decisión de la Corte, prevista para este miércoles 21, van más allá del ámbito judicial. La resolución alcanza a la política exterior de México y se colocó en la coyuntura electoral por el activismo de la virtual candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace
A partir de que el miércoles 7 se supo que en la Primera Sala de la Suprema Corte se propuso la liberación de Cassez, Wallace emprendió una cruzada en defensa de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y en especial del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Aunque jurídicamente no es parte interesada, la aspirante panista utilizó el membrete de su asociación Alto al Secuestro para bloquear la eventual liberación de la francesa, detenida en diciembre de 2005 y sentenciada a 60 años de cárcel por el secuestro de tres personas, delincuencia organizada y posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Detrás de la defensa del secretario de Seguridad Pública está el interés de mantener en la penumbra muchas de las inconsistencias en la investigación del asunto Cassez. Entre ellas el papel que pudo tener en su detención Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de origen judío y proveedor de equipo de seguridad y vehículos blindados a dependencias del gobierno federal.
Amiga declarada de Margolis, con quien “hemos librado batallas en el mismo tema”, Isabel Miranda se convirtió en el ariete del gobierno de Calderón para la defensa pública de García Luna.
Según declaró en una entrevista publicada el viernes 9 en el sitio de internet www.enlacejudio.com, Margolis es “mi mejor amigo dentro de la comunidad judía y con el cual hemos librado batallas en el mismo tema… Es un hombre que no tan sólo ha logrado vencer a muchos delincuentes, sino al igual que yo ha roto con muchos esquemas”.
A pesar de que la detención de Florence Cassez, de 37 años, ocurrió cuando aún no era presidente, Felipe Calderón movilizó a su gobierno para abogar por su secretario. Lo hizo en foros públicos y en privado ante los ministros de la Suprema Corte.
El máximo tribunal se convirtió la semana pasada en centro de un intenso cabildeo a favor y en contra del proyecto del presidente de la Primera Sala, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien propone la liberación “inmediata y absoluta” de Cassez por violaciones al procedimiento judicial, a partir del montaje de su detención a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuando era dirigida por García Luna.
Zaldívar, sin embargo, evitó declarar inocente a la ciudadana francesa, lo que abrirá la discusión entre los cinco ministros de la Primera Sala para pronunciarse sobre los efectos de un eventual amparo.
TERCER ESCENARIO
Lo primero que deberán definir los ministros es la procedencia de la revisión del amparo negado en febrero de 2011 por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, a propuesta del magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, hermano de Margarita, ministra de la Suprema Corte, y de Alejandro, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ambos ascendidos durante los gobiernos del PAN.
La negativa del amparo fue admitida a revisión por el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, el 9 de marzo de 2011, y se acordó que el caso se radicara en la Primera Sala, encargada de la revisión constitucional de los asuntos penales.
Aunque entre algunos especialistas el caso debió enviarse al pleno de ministros, en la Primera Sala aún se podría considerar esa salida, pero entre los cinco integrantes de esa instancia prevalece la idea de que ellos lo deben resolver, contrario a la petición de la señora Wallace para que se resuelva en el pleno, donde hay más probabilidades de que la mayoría tradicionalista de la Corte deseche de plano el proyecto de Zaldívar (Proceso 1845).
Además de que la Primera Sala acepte o rechace el proyecto de Zaldívar, en la Corte se plantea un tercer escenario. En un eventual empate de dos votos a favor y dos en contra, el voto diferenciador podría favorecer el amparo pero no para dar la libertad inmediata planteada por Zaldívar, sino para que el caso regrese al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, donde se condenó a Cassez a 60 años de cárcel.
En tal caso el Tribunal Unitario, a cargo del magistrado Manuel Bárcena Villanueva, tendría que establecer una nueva condena, pero a partir de la depuración del material incriminatorio, incluido el video del montaje de la AFI orquestado directamente por Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Investigación Policial de la corporación y actual jefe de la División Regional de la Policía Federal, que depende de García Luna.
Aceptado ya como un hecho irrefutable, incluso por los detractores del proyecto de Zaldívar encabezados por Isabel Miranda de Wallace, los ministros tendrían que valorar si el video con el que la AFI “deformó conscientemente la realidad”, con el apoyo de Televisa y TV Azteca, violó “el derecho de presunción de inocencia” de la ciudadana francesa, como sostiene el proyecto.
Algunos ministros están evaluando otros elementos que podrían ser tomados en cuenta en torno a la presunta relación de Cassez con la banda de Los Zodiaco, que a decir de García Luna encabezaba su exnovio, Israel Vallarta, y quien contrario a la ciudadana extranjera no ha sido sentenciado ni en primera instancia después de más de seis años de su detención. Esos elementos tendrían que ser considerados en una nueva y eventual sentencia.
La resolución de la Corte alcanzará también a la política exterior, no sólo por la decisión de Felipe Calderón y del presidente francés, Nicolás Sarkozy de hacer del asunto una confrontación entre sus gobiernos (Proceso 1688) sino porque marcará las relaciones del Estado mexicano con el exterior en materia de derechos humanos.
La dimensión internacional la propició Calderón cuando –presionado por su partido y con el cálculo electoral de las elecciones intermedias de 2009– en marzo de ese año se echó para atrás en la propuesta que le había hecho a Sarkozy de aplicar el Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, conocido como Convenio de Estrasburgo de 1983.
Adoptado por el gobierno de Calderón en 2007, el Convenio no obliga a las partes a conceder la transferencia, pero la posibilidad del traslado de Cassez fue propuesto por el propio Calderón.
En declaraciones a la Agencia France-Presse el 4 de marzo de 2009, en vísperas de una vista de Estado de Sarkozy a México, Calderón declaró: “Le he manifestado al presidente Sarkozy la disposición de México a seguir las disposiciones (internacionales), según las cuales en caso de condena definitiva, podríamos estudiar la posibilidad de que esta residente francesa purgue su condena en territorio francés”.
Pero ante las críticas en su propio partido y de un sector de la opinión pública, Calderón desistió de su propuesta (Proceso 1689) y se parapetó en una comisión bilateral que no pudo llegar a un acuerdo para la aplicación del Convenio.
ASISTENCIA CONSULAR
Otra implicación en política exterior tiene que ver con la alegada violación a la asistencia consular de Cassez por parte de la AFI, al no ponerla de forma inmediata a disposición del ministerio público y obligarla a hacer sus primeras declaraciones sin asistencia de su consulado, como lo señala Zaldívar en su proyecto de resolución.
Ese derecho está previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y fue hecho valer por México en 2004, cuando la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, falló contra Estados Unidos en el llamado caso Avena. En ese asunto México defendió a 50 mexicanos condenados en ese país a pena de muerte –la mayoría en Texas– sin que se hubiera respetado su derecho de asistencia consular.
“En ninguno de esos casos alegábamos que pudieron haber cometido delitos, sino que Estados Unidos había violado la Convención de Viena y que se debía revisar caso por caso porque habían carecido de asistencia consular cuando fueron detenidos y acusados”, declaró el excanciller Jorge G. Castañeda en un foro de apoyo al proyecto de Zaldívar, realizado el miércoles 14.
México no puede desconocer el mismo derecho que tenía Florence Cassez, sencillamente porque tiene once millones de nacionales en el exterior y cualquiera de ellos puede ser acusado sin asistencia consular, abundó Castañeda, quien como secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox promovió la demanda contra Estados Unidos en 2002.
Además del activismo de Isabel Miranda de Wallace, el gobierno de Calderón salió en abierta defensa de García Luna. Lo hizo en encuentros académicos y en el cabildeo ante la Suprema Corte. El viernes 16 el propio consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, y el subprocurador de Asuntos Jurídicos y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, el coronel del Ejército Alejandro Ramos Flores, se reunieron con ministros de la Primera Sala y hasta con integrantes de la Segunda Sala, que no tiene jurisdicción en el asunto.
Las reuniones, sin embargo, fueron para insistir en que el asunto pase al pleno y se rechace el amparo que le daría la libertad a Cassez.
En declaraciones a la prensa Ramos aseguró que se reunieron con la mayoría de los ministros, incluido el ponente Zaldívar, cuyo proyecto ha sido cuestionado públicamente por el subprocurador, en especial por los temas de asistencia consular y de la disposición tardía ante el ministerio público.
El argumento principal del gobierno calderonista es que aun y con esas alegadas violaciones no se debe invalidar la sentencia condenatoria contra Cassez.
La Presidencia también se movilizó entre los especialistas en derecho que salieron la semana pasada a analizar el proyecto de Zaldívar. La intención fue desacreditar ambas críticas del ministro.
En un encuentro organizado por la Escuela Libre de Derecho, Omar García Huante, director general de Control Constitucional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no sólo rechazó la procedencia del recurso en la Corte sino que negó cualquier violación a la Convención de Viena por parte de México, referido a la asistencia consular, en el proceso contra la ciudadana francesa. Más aún, preguntó, “¿desde cuándo los consulados defienden a los procesados?”
SOBRE LA INMEDIATEZ
Mucho menos afortunado en la defensa de la posición gubernamental de que pese a las críticas al debido proceso se debe mantener la sentencia contra Cassez, fue el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas Martínez.
Dijo desconocer si hubo un montaje por parte de la AFI y sin argumentos jurídicos negó que esa Agencia hubiera incumplido con la puesta a disposición inmediata de la acusada ante el ministerio público de la SIEDO.
Cantinflesco, aludió incluso al tráfico vehicular para negar dilación: “¿Qué es inmediatamente? Revisamos nuestro diccionario y no encuentro una regla. Es una ponderación, y si es una ponderación el análisis del caso por caso es lo que viene a establecer… hay que analizar el tránsito de ese día, la disposición de vías, cuestiones que son tan particulares”.
Enseguida, dio una peculiar explicación de la “inmediatez” en la presentación de la ciudadana francesa ante la SIEDO. “Sí hubo asistencia consular. El ministerio público realizó llamadas inmediatamente. La puesta a disposición es a las 10 horas con 16 minutos del 9 de diciembre. La primera llamada a la embajada fue a las 15 horas con 5 minutos, poco menos de cinco horas después.
“Después hubo otra llamada. Finalmente, la segunda llamada es el 10 de diciembre a las 12 horas con 20 minutos y la asistencia del cónsul a las instalaciones de la subprocuraduría fue ese día a las 15 horas con 45 minutos”.
Aun cuando el ministro Zaldívar establece la madrugada del día 9 de diciembre como la fecha de detención –y no el día 8 como ha sostenido la acusada–, el proyecto es contundente respecto a la “inmediatez” que defendió Cuitláhuac Salinas:
“Entre las 4:30 AM del día 9 de diciembre y las 3:45 PM del día siguiente, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la recurrente (Cassez) y el funcionario consular, Florence Cassez no gozó de asistencia consular”, dice el proyecto.
Añade Zaldívar: “Se podría pensar, ¿qué tanta importancia pueden tener 35 horas? Son 35 horas en las que se sucedieron una serie de eventos que conformaron el devenir del proceso penal y que pudieron ser evitados en caso de que la recurrente hubiese gozado de asistencia consular.
“Son las horas en que Cassez fue trasladada (al rancho) Las Chinitas, son las horas en que se preparó y efectuó la escenificación por parte de la autoridad a fin de involucrarla en los delitos investigados, son las horas en las que fue trasladada a las dependencias ministeriales, son las horas en las que realizó su primera declaración y son las horas en las que la autoridad se encargó de divulgar a los medios de comunicación las escenas grabadas en el montaje. En definitiva, son las horas que marcaron el curso de toda la investigación”, señala.
En el mismo encuentro en la Escuela Libre de Derecho, el titular de la SIEDO además deslizó la idea de que la Corte violó su Ley Orgánica y la Ley de Transparencia al difundir el proyecto de Zaldívar, pero no se atrevió a responder si la PGR emprendería alguna acción judicial.
La defensa más aguerrida del gobierno estuvo a cargo de Isabel Miranda de Wallace. El lunes 12 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le sirvió de plataforma para iniciar su campaña contra el proyecto de Zaldívar y pedir la intervención de todo el pleno de ministros.
El martes 13 irrumpió en la Corte para ser recibida por los ministros de la Primera Sala. Efectista, llevó a Cristina Ríos y Ezequiel Elizalde –quienes se han dicho secuestrados por la francesa– “para que los ministros consideren también el lado de las víctimas”.
Interrumpió el inicio de la sesión plenaria y regresó por la tarde de ese mismo martes al máximo tribunal para continuar su cabildeo con los ministros. A su salida de uno de esos encuentros dijo a uno de los abogados que la acompañaron: “Olga (en referencia a la ministra Sánchez Cordero), está apanicada”.
Ese día impidió que la prensa entrevistara a Ríos y Elizalde. Al día siguiente, miércoles 14, regresó para presentar un amicus curiae, una opinión jurídica “para que los ministros consideren a las víctimas”. El documento está firmado por seis personas: Ella misma como presidenta de Alto al Secuestro; Alejandro Martí, presidente de México SOS; Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho; Gabriel Reyes Orona, presidente de Transparencia Mexicana –que no es el capítulo nacional de Transparencia Internacional– y los propios Ríos y Elizalde.
Ese miércoles Wallace dejó en claro el porqué de la embestida contra el proyecto: “Hay que hacer un reconocimiento a la AFI” por la liberación de las personas que estaban en poder de la banda de los secuestradores Los Zodiaco.
Y en seguida azuzó a Ezequiel Elizalde –a quien había permitido acompañarla ante la prensa– para que declarara a favor de Calderón: “Pido a los mexicanos unidad con el presidente Calderón para que mantenga una postura firme” contra la delincuencia, declaró.
