Las instancias de Seguridad Nacional del Gobierno de México no realizaron una investigación de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ocurrida en 2001, consta en los archivos del sistema Infomex del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Así, sin pesquisas ni documentación, 15 años después se desconoce quiénes integraron la red de protección institucional que le permitió salir del penal de Puente Grande, aquella primera vez.

José Antonio Ortega Sánchez, abogado coadyuvante en el proceso del Cardenal Jesús Posadas Ocampo, asesinato adjudicado en principio a Guzmán Loera, reproduce para SinEmbargo una versión de acuerdo con la cual, en esa ocasión, “El Chapo” no se fue en un carrito de lavandería como indicó la información oficial; sino que “le abrieron la puerta”. El litigante se remite a las memorias del General Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite –amigo suyo–, quien habría fungido como interlocutor entre el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y los líderes de los grupos de la delincuencia organizada.

Más allá del modus operandi, la carencia de una investigación de inteligencia en torno a la primera fuga de “El Chapo”, exhibe que indagar cómo ocurrió el subterfugio jamás fue prioridad para el Gobierno federal; ni para las administraciones del PAN ni para la del PRI que escribe sus nuevos días en el poder. Según un análisis de prospectiva, de haberse realizado una investigación de la primera fuga, la segunda escapatoria hubiera sido más complicada o no habría ocurrido. O acaso, la mortandad por violencia en el sexenio de Felipe Calderón no habría alcanzado el espeluznante número de 121 mil 683.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– Más que el dinero, el poder o la expansión de su negocio, para Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, la libertad es el capital más preciado. Quizá, es la motivación que lo mantiene vivo. Su trabajo y existencia los basa en conseguirla, sin que nada falle. No importa el tiempo. Ni las negociaciones. Ni el flujo de billetes. Eso lo dejó muy claro “El Chapo”, cuando entre 2007 y 2008, conversó con el General Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite por instrucciones del entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el aval de quien fuera Secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.

Tenía ya algunos años de fugado y charlaba con generosidad con el militar que contuvo sin halo de piedad a la guerrilla en los años sesenta y setenta. Acosta Chaparro había sido llamado por el Gobierno de Felipe Calderón para pactar con integrantes de los grupos delincuenciales en México; sobre todo los líderes de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Ante el militar, al «Chapo» le gustaba repetir que en cuestión de dinero, nunca mencionaría cantidades. En cambio, era capaz de hablar de lo que se siente andar por el mundo, trabajando, produciendo, viviendo; libre.

–¿Cuánto te costó la fuga? –preguntaría el General.

–La libertad no tiene precio – diría un «Chapo» entre melancólico y satisfecho.

–Sí pero, ¿cuánto te costó? ¿Mucho dinero?

–El precio lo pagué desde que estaba en Almoloya. El primer paso para mí fue el traslado de Almoloya a Puente Grande

–¿Cómo te escapaste?

–No me escapé. Me abrieron la puerta.

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De la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, Guzmán, del penal de Puente Grande, Jalisco, no hay evidencia de investigación en las instancias de seguridad y de inteligencia del Gobierno Federal. Si bien, el director del penal, Leonardo Beltrán Santana y 33 custodios fueron detenidos y consignados por ese hecho, hasta ahora se desconoce qué funcionarios del Gobierno federal ayudaron al “Chapo” en el plan para abandonar la prisión.

En aquella primera escapatoria –informada el 19 de enero de 2001– Vicente Fox Quesada (2000-2006) completaba 60 días en la Presidencia de la República y escribía los nuevos tiempos de un gobierno de alternancia partidista. “El Chapo” ya había vivido siete años entre las rejas de dos penales; el de Almoloya de Juárez o La Palma (hoy del Altiplano) y el de Puente Grande, Jalisco.

Si se revisan los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal, es difícil saber qué pasó aquella primera vez de “El Chapo”. El 6 de junio de 2007, un ciudadano le solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública [hoy incorporada a la Secretaría de Gobernación, cartera a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong] copia del “informe final” sobre la fuga ocurrida en 2001. Pidió también los informes presentados por el director y/o subdirector del penal de enero de 2000 a enero de 2001; así como los presentados por el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) adscrito a la cárcel, según aparece en el expediente de la causa penal de los custodios que fueron detenidos cuando escapó Guzmán Loera.

La respuesta de la dependencia fue la siguiente:

“Esta Institución no cuenta con un informe final acerca de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán”, efectuada en enero de 2001, o de los informes presentados por el director y/o subdirector del Centro Federal relacionados con los hechos, teniendo conocimiento que en la época en que sucedieron, las autoridades encargadas de las investigaciones recogieron todos los documentos relacionados o que pudieran ayudar al esclarecimiento de los mismos”. (folio 0002200064407, Infomex del INAI).

La escena de la primera fuga conserva más puntos ciegos que iluminados. 15 años después es posible ver, como lo vieron muchos al principio, que el primer subterfugio de Guzmán Loera sólo pudo ocurrir debido a una red de complicidades a nivel institucional. “Sin investigación a la mano, es muy difícil explicarse esa primera escapatoria sin que la hipótesis primera sea que hubo protección de primer nivel”, dice Martín Gabriel Barrón, profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El mismo día en que se informó del subterfugio, Jorge Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, visitó ese penal al lado de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín. Lo acompañaba Enrique Pérez Rodríguez, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Con él, iban dos funcionarios de la entonces llamada Policía Federal Preventiva, Nicolás Suárez Valenzuela y Humberto Martínez. Poco antes de las 14:00 horas, se fueron del penal. En la noche, “El Chapo” se salió. (Así está registrado en la hemeroteca de la prensa nacional).

“La SSP, ahora en la cartera de la Segob, tiene altísima responsabilidad en los hechos porque Tello Peón fue el único subsecretario que estuvo para supuestamente inspeccionar el penal. Para él todo estuvo en orden, controlado y sin nada que revisar”, expone José Antonio Ortega Sánchez, hoy Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Aunque a Tello Peón no se le fincaron responsabilidades por la fuga, renunció a su cargo dos meses después del suceso y reapareció en el equipo del ex Presidente Felipe Calderón cuando fue nombrado asesor de seguridad. Ningún otro funcionario ha sido llamado a cuentas ni se han establecido procesos en su contra.

Como ahora, que para muchos académicos y analistas nacionales e internacionales resulta “insólito” que un reo escape de un penal de máxima seguridad por un túnel de 1,500 metros de longitud; en 2001, la versión oficial también fue increíble para varios expertos. La noche del 19 de enero de ese año, un grupo de vigilantes entró a la celda de «El Chapo«, ubicada en el módulo tres. La alarma se activó cuando comprobaron que en el sitio donde debía estar el hombre, sólo estaba su uniforme, algo de ropa deportiva y sus zapatos.

El mismo Jorge Tello Peón dio detalles de lo que habría hecho Guzmán Loera al abandonar su celda: se dirigió al comedor. Luego, se desvió a la lavandería, se metió en un carrito y permitió que lo empujaran. Llegó al área de desechos materiales, donde ya lo esperaba el camión que lo sacó del penal. Todo, lo hizo sin que las cámaras de vigilancia pudieran registrarlo, pues habían sido bloqueadas.

En la huida, un personaje resultó clave: Francisco Camberos Rivera, “El Chito”, el empleado de mantenimiento que empujó el carrito en el que se metió “El Chapo”. Al respecto, las palabras de Ortega Sánchez: “Lo del carrito fue la excusa. Recuerdo que quien supuestamente sacó al ‘Chapo’ en el carrito, después de que huyó, se entregó en mi oficina. Y yo llamé a la CNDH y a la Policía Federal Preventiva para que lo revisaran. Se entregó por temor a que lo torturaran y lo hicieran firmar lo que ‘ellos’ querían que firmara. “El Chito” no aguantaba la presión en la calle”. Una fuente en los Ceferesos relata que Camberos Rivera continúa en prisión, que a veces atraviesa profundos episodios depresivos y que no recibe muchas visitas.

¿Ocurría entonces un relato en paralelo? No hay biografía de Joaquín Guzmán Loera que no arroje que el hombre no desperdició ni un segundo de esa libertad espuria conseguida en 2001. Vista como consorcio, su organización logró franquicias y laboratorios que hoy están repartidos en Estados Unidos, Europa y Asia, en Honk Kong.

De 2006 a 2012, cuando ocurrió la batalla contra el crimen organizado, las acciones del Gobierno no le hicieron mella. Una revisión de solicitudes de información  en el Infomex del INAI da cuenta que los capturados en ese periodo, más bien, integraban a los grupos detractores que intentaron quitarle liderazgo: de mil 971 detenciones, 947 correspondieron a miembros del Cártel del Golfo y las escisiones que tuvo esta asociación delictiva con el tiempo.

Varios informes de la PGR, indican que los Beltrán Leyva –alguna vez brazo del llamado Cártel de Sinaloa, de Guzmán Loera– se convirtieron en sus enemigos. Y aunque las detenciones del grupo de esta familia fueron menores que las de los cárteles de Michoacán o Tamaulipas, el Gobierno de Felipe Calderón asestó los golpes más espectaculares de su Gobierno en contra de dos hombres con este apellido. En 2008, fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo” (una especie de hormiga que habita en el norte sinaloense), y en 2014 el Gobierno de México lo entregó a una Corte federal de Washington, Estados Unidos, donde se declaró inocente. La otra fractura que vivieron los Beltrán Leyva, fue el abatimiento de Arturo, “El Barbas”, en Cuernavaca. Elementos de la Defensa Nacional lo acribillaron frente a cámaras de televisión. Cayó en la habitación de un departamento de lujo, decorada para una niña, entre muñecas y frente al espejo de un tocador rosa.

Aquí, la visión de  José Antonio Sánchez Ortega, quien estuvo cercano al General Mario Arturo Acosta Chaparro:

“En 2001, el Gobierno de Fox decidió abrirle la puerta al ‘Chapo’ para poner orden en las organizaciones criminales. Pretendía que fuera el conducto para que no se pelearan, cosa que lograron los primeros años, porque Guzmán Loera inmediatamente los convocó a todos. Hubo varias reuniones. Así nació La Federación, un mega cártel donde estaban casi todos, menos los Arellano Félix y los del Golfo. La Federación se encargó de pacificar y el negocio de las drogas funcionó para todos”.

Pero el enredado juego de complicidades se quebró. “Funcionó hasta que una parte de la Federación, los Beltrán Leyva, decidió apoderarse de Guerrero. Había crisis en el cultivo de amapola y producción de heroína. Mientras eso ocurría, empezó la ambición de Guzmán Loera por Tijuana, plaza que le arrebató a los Arellano Félix. También se obsesionó con Juárez, que le quitó por completo a los Carrillo Fuentes”.

Al final, la batalla contra el crimen organizado que sucedió mientras Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, estaba libre dejó 121 mil 683 muertes violentas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) con base en los registros administrativos generados en cada entidad federativa: cuatro mil 700 oficialías del Registro Civil y mil 107 agencias del Ministerio Público que cada mes, reportan al instituto.

Martín Barrón, profesor-investigador del Inacipe y experto en escenarios de Prospectiva, expone que si se hubiera desarrollado una investigación de inteligencia de la primera fuga, es probable que la pesadilla de la violencia no hubiera sido tan cruenta. “Una consecuencia de la fuga fue el incremento de la violencia explicada a partir de las amistades y rivalidades de Guzmán Loera. El ajuste de cuentas empezó a incrementarse por la rivalidad en la misma Federación, el cártel del Golfo, Los Zetas y la aparición de La Familia Michoacana. Esto provocó el incremento en las organizaciones delictivas. En el Gobierno de Calderón; de tener siete cárteles, se generaron 87 grupos”.

El 22 de febrero de 2014, Joaquín Guzmán Loera, “el hombre más buscado” fue recapturado en una casa de Mazatlán, Sinaloa, a donde había llegado a través de un túnel. Tres días después, el vocero del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez informó en una entrevista con MVS Radio que el Presidente Enrique Peña Nieto había ordenado una investigación sobre la fuga de 2001. «Hay una instrucción precisa por parte del Presidente Enrique Peña Nieto de que se investigue cómo sucedió la fuga del ‘Chapo’ hace 13 años. Y vamos a conocer y a exhibir a quiénes lo ayudaron a huir de la cárcel», dijo. Los días pasaron, los meses pasaron y Guzmán Loera cumplió un año con 139 días en la prisión antes de que emprendiera por segunda vez el camino hacia su libertad.

***

¿A quién persiguen las dudas de la primera fuga de “El Chapo” Guzmán? En aquella época, en el centro de las decisiones del ámbito de Seguridad Nacional estaban Alejandro Gertz Manero, quien fue Secretario de Seguridad Pública en los primeros cuatro años del Gobierno de Vicente Fox, y Genaro García Luna, quien había fundado la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), en 2001. No son los únicos protagonistas, pero sobre ellos –si la hay– podría recaer la mayor responsabilidad histórica, política y moral porque eran los rostros de la Seguridad Nacional, opina Martín Gabriel Barrón, del Inacipe.

Pero al paso de los años, entre los dos políticos, se encuentra una feria de acusaciones que no ayuda a armar el rompecabezas. En diciembre de 2011, como Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna acusó –sin nombrarlo– a Gertz Manero de ser “a quien se le fugó ‘El Chapo’”. Lo hizo durante la presentación de su libro “Para entender el nuevo modelo de seguridad para México”, en el Inacipe. En esa ocasión, García Luna señaló que su antecesor había recibido libros blancos con “cero índices de eficiencia en sus acciones”. García Luna dijo: “A él se le fugó ‘El Chapo’ Guzmán. La fuga de ‘El Chapo’ no fue en esta administración”.

Días después de la presentación del libro de García Luna, Alejandro Gertz Manero –quien en ese momento era candidato a una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano– respondió a algunos reporteros que Joaquín Guzmán Loera se había fugado de Puente Grande cuando la administración de los penales federales estaba a cargo de la Segob y recordó que García Luna estaba al frente de las labores de inteligencia para el control de los penales. (Entrevista con CNN).

Es sabido cómo se forman proverbiales secretos de lo que ocurre en los reclusorios mexicanos. Pero ni antes ni ahora se encuentra un solo recoveco que explique cómo logró un hombre salir por primera vez de una cárcel de máxima seguridad en las que el visitante sólo puede ver alambres de púas, bardas altísimas, cerros, matorrales y hasta basureros gigantes (así es el de Puente Grande). “Ni el Gobierno de Calderón, ni el de Fox investigaron quién le abrió la puerta por primera vez al ‘Chapo’. En el de Fox fue un acuerdo. En el de Calderón protección para las instancias. En el de Peña, el asunto de la violencia en el país jamás ha sido su prioridad”, opina Ortega Sánchez.

La madrugada del pasado domingo 12 de julio, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” se convirtió de nuevo en el hombre “más buscado” del planeta pues volvió a escapar de un penal de máxima seguridad, el del Altiplano. La versión oficial indica que fue por un túnel construido desde el baño de su celda hacia una casa. Luego, hacia la libertad.

Linaloe R. Flores

https://www.sinembargo.mx/author/linaloeflores/

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