La ola de desaparecidos en México no basta para que las autoridades registren de forma adecuada los casos, advirtieron organizaciones de la sociedad civil. Los datos oficiales muestran que el Presidente Enrique Peña Nieto superó, en 4 años, el número de desapariciones registradas en los seis años de Gobierno de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, las estadísticas gubernamentales no han alcanzado a dimensionar la crisis que se vive en el país, advirtieron.
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil han hecho hincapié en las deficiencias del Gobierno federal y entidades federativas para registrar los casos de desaparición. Una situación que imposibilita a las personas que buscan dar con el paradero de sus familiares y encontrar la justicia.
En México registrar una desaparición sólo puede hacerse mediante las autoridades del Ministerio Público y no por otras instancias. Lo que reduce el número de casos que pueden ser tomados en cuenta.
“En muchos casos la familia no confía en el Ministerio Público, y la base de datos no se alimenta de otras instancias. Por ejemplo, quejas contra la autoridad presentadas en la Comisión de Derechos Humanos”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, coordinador general de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
El número de desapariciones aumentó de 2014 a 2015, apuntó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un informe, publicado esta semana, llamado “El Registro Estadístico de la Desaparición Forzada. ¿Delito o Circunstancia”.
“En un caso hipotético, si denuncio la desaparición de mi hija y las autoridades descubren que ella fue captada por una red de trata, las autoridades la eliminarán de la base de datos de desaparecidos, aunque mi hija siga desaparecida”, dijo Francisco Rivas, director del ONC.
En 2014 hubo 429 presuntos casos de desaparición forzada, y en 2015 la cifra ascendió a 622, de acuerdo con la suma oficial de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas que se encuentran reportadas en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015-2016. Las cifras registran un aumento en este delito del 45 por ciento en un año.
La cifra negra en estos casos es considerable, dijo Gutiérrez: “Se da por muchas causas. El temor a la denuncia, el contexto en el que suceden los hechos, la falta de conocimiento, o que presentan la denuncia y el Ministerio Público les exigen esperar 72 horas”.
La justicia en contra de cometedores de este delito no es comparable al número de casos registrados. Según el informe del ONC, en 2014 los centros penitenciarios registraron el ingreso de cuatro personas por desaparición forzada y ninguna fue sentenciada. En 2015 fueron ocho los ingresos y se realizaron dos sentencias.
Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que los Ministerios Públicos no tienen la suficiente independencia para investigar autoridades que cometen desapariciones.
“Dependen mucho de la directriz política de la que hacen uso los titulares de las instituciones de justicia”, criticó Cortez.
LA DESAPARICIÓN AL ALZA CON EPN
Actualmente, hay 29 mil 196 personas que desaparecieron entre el 2007 y el 2016. Y el Presidente Enrique Peña Nieto suma más desaparecidos que su predecesor Felipe Calderón.
En cuatro años Peña Nieto se han registrado 15 mil 647 casos, superando a todo el sexenio de Calderón, con 13 mil 549 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED).
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue el caso más emblemático del sexenio que corre. Los normalistas vistos por última vez la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, son buscados por sus familiares.
“Hasta el día de hoy no tienen una respuesta que les permita saber qué pasó con sus familiares y dónde están. El sistema de justicia no ha sido suficiente de cumplir su obligación Constitucional y se queda detrás de la expectativa de los ciudadanos”, destacó Édgar Cortez.
“En el caso de los 43, hay responsables que tienen que responder por su complicidad material. Pero toda la red de complicidad entre autoridades municipales, estatales y federales, prácticamente hacen difícil investigar”, agregó.
El informe del ONC apunta, con base en datos oficiales, que entre 2014 y octubre de 2016 desaparecieron 2 mil 198 personas.
Los estados con mayores registros de personas desaparecidas por particulares son el Estado de México, Michoacán, la Ciudad de México y Tamaulipas.
“Creo que tienen algunos denominadores comunes, como el que es una población vulnerable, la presencia de migrantes, muchos de los desaparecidos son migrantes, y la presencia de fenómenos criminales y delitos violentos que afectan la vida de las personas”, explicó Francisco Rivas.
EXIGEN UNA LEGISLACIÓN YA
Organizaciones de la sociedad civil apuntaron que el RNPED posee deficiencias considerables. Entre ellas, que junta a los registros de desaparecidos con los de personas extraviadas; la falta de una Ley general para la desaparición forzada que regule esta base de datos, y la dependencia del registro a los Ministerios Públicos.
El 11 de febrero pasado, organizaciones de la sociedad civil reclamaron frente al Senado de la República la aprobación de una Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. La iniciativa lleva más de un año varada en esa cámara.
“Este tema de registros debe ser incluido en la Ley General que se está discutiendo. La conducta de la desaparición forzada hace que los Ministerios Públicos no la clasifiquen de esa forma porque no existe el tipo penal en el ámbito local”, expuso Gutiérrez.
Esta situación hace que lo presentado por RNPED no garantice que se registren los casos de desaparición forzada. A pesar de que las familias en muchos casos denuncian que son autoridades los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad.
“[En ejemplo hipotético] es como si no existiera esa casilla. Y en el Ministerio Público no lo pueden poner como desaparición forzada porque no existe. Entonces, lo ponen como un secuestro, por ejemplo”, dijo el coordinador de Idheas.
