Por Francisco Magaña y Lourdes Chávez, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo/ElSur).– El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró como preocupantes las declaraciones del Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien calificó como “vándalos” a los manifestantes que han radicalizado las protestas en solidaridad con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El Mandatario dijo que los manifestantes a los que llamó “embozados” y enmascarados, que han participado en las últimas movilizaciones y protestas, han comenzado a generar descontento en la sociedad como ocurrió en las oficinas del INE en la Costera 125, en Acapulco.
Destacó que ha estado en la lucha social y que los gobiernos deben ser solidarios para coadyuvar y que se haga justicia en la tragedia que se vivió en Iguala, “recomponer el tejido social y poder este año la renovación de poderes públicos, que es un derecho que tenemos los ciudadanos, que se respete nuestro voto, poder castigar a los políticos corruptos y premiar, nadie por ningún motivo o circunstancia le puede dejar su derecho legítimo, de ejercer su derecho libre de ejercer su voto”.
Señaló que si “ese grupo de embozados y encapuchados quieren debatir con nosotros, quítense la capucha y vemos a quién le asiste la razón, si a los que nos quieren quitar del derecho de votar y renovar por la vía pacífica a nuestras autoridades, o los promotores de la violencia, violan derechos de terceros, que sin importarles bloquear carreteras, que vayan gentes, niños, adultos mayores, a los que vienen a derramar su dinero a Guerrero, no podemos permitir que un grupo de vándalos y violentos que saquean camionetas, no sólo centros comerciales, sino los que surten misceláneas, incendian vehículos y ahora se meten a las instituciones electorales”.
Destacó el ejemplo de las oficinas del INE en la Costera 125, donde los ciudadanos echaron a los maestros de la CETEG, “y eso es un gran mensaje, que no les van a permitir, que no los dejen votar”.
En entrevista dijo que “los enmascarados y embozados eran una minoría, la gente ya se cansó, hay que encararlos, son una minoría, hay que aislarlos, son los que quieren provocar la violencia”.
Rogelio Ortega presidió ayer lo que fue llamado por los líderes históricos de la sierra como una Fiesta de los Sierreños, en la que participaron alcaldes de 10 de los 14 municipios en su mayoría de la Costa Grande y región Centro, funcionarios estatales y el Delegado de la Sedatu en Guerrero, Fernando Peri.
Al acto se dieron cita más de 2 mil personas en los terrenos del ex Inmecafe, de la población de El Paraíso, al que asistieron el Diputado federal Silvano Blanco de Aquino, los locales Ricardo Barrientos Ríos y Olaguer Hernández Flores.
Ortega destacó en su discurso que es un hecho importante el reconocimiento de la sierra como la octava región en una zona donde ya hay identidad, donde las mujeres son las principales detonantes del desarrollo y tienen que trabajar juntos todos los sierreños y sierreñas.
Dijo que la sierra ha sido caracterizada por el sufrimiento en que han vivido sus pobladores por el abandono que los había caracterizado, “por eso hoy es importante esta fecha, estamos aquí en el corazón de la sierra de Atoyac, tomamos la determinación de hacer justicia y hoy inicie un presente y futuro de la sierra de Guerrero, todavía palpa la herida profunda de la guerra sucia, aquí están las madres de los desaparecidos que han recorrido, tocando puertas con las autoridades para que les digan dónde están sus familiares”.
Se dijo dispuesto acompañar a los familiares en lo que este a su alcance para apoyarlos.
Dijo que existe una deuda del gobierno de México y especial con la sierra de Guerrero.
Señaló que se hace hoy reconocimiento con este decreto a Lucio Cabañas, quien luchó por el progreso de los pueblos, “por eso hoy tributamos a él y me quito el sombrero”.
Durante su participación, estudiantes del Cobach de Vallecito de Zaragoza y de Zihuatanejo mostraron pancartas de que requieren equipo de cómputo, terreno y reconocimiento del plantel.
Asimismo, los vecinos de Pie de la Cuesta pidieron con una manta al Gobernador que los visite, ya que no han sido atendidos desde la contingencia del huracán Manuel, por parte de las autoridades que los tienen olvidados.
En tanto, el mandatario manifestó que si se pone el interés del pueblo, gana Guerrero, por lo que preguntó a los asistentes que si querían votar, y los invitó a que alzaran la mano, que fue la mayoría.
Dijo que viven momentos críticos en el estado producto de la tragedia de Iguala, “todos los días nos recuerdan con el reclamo justo de los familiares, con los que nos solidarizamos y acompañamos en la tragedia, dolor y luto a quienes hemos atendido de manera discrecional”.
Con los familiares de los normalistas desaparecidos, dijo que están apoyando por la vía del diálogo y entendimiento, para acompañar a los familiares en la ruta que ellos quieran pero siempre en lo legal, constitucional, sin actos violentos.
Sobre los hechos de la Costera 125, planteó “no tenerles miedo y encararlos, no tienen derecho a confiscar mis derechos, decirles que yo vengo aquí a sacar mi credencial, me sirve no sólo para ejercer mi voto libre, hasta identificarme y tú no me puedes impedir, eso no creo que genere más violencia, los embozados se retiraron cuando las gente los rechazó”.
Dijo que “es el momento en que todos los ciudadanos vigilemos con una gran lupa a aquellos que nos van a representar en los partidos políticos, por la mínima sospecha hay que levantar la voz para que no nos representen candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada”.
Destacó que la foto que debería salir en los medios son los ciudadanos que quieren votar, como indicó que se pusieran de pie y alzaran la mano, “y no la de carros incendiados, las de apedreados, y dar la idea de que Guerrero se hunde, en unos cuantos meses vamos a dejar muestras de que se puede gobernar con manos limpias, con el corazón en la mano, como lo estamos haciendo aquí”.
SUS DECLARACIONES DESCALIFICAN AL MOVIMIENTO
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró preocupante que el Gobernador Rogelio Ortega Martínez llame “vándalos” a las personas que han radicalizado su protesta por la presentación con vida de los 42 (antes 43) estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala.
Recordó que la sociedad tiene mucho que reclamar a la autoridad, y la declaración de que aplicará la ley “a los vándalos” porque son una minoría, no ayuda, polariza, descalifica y criminaliza la protesta social.
Denunció que el gobernador alienta la confrontación, “entendemos que hay acciones que no son las que la autoridad quisiera, (pero) hay diversidad de expresiones que se han radicalizado a causa de tanto vandalismo que ha provenido de la misma autoridad”.
En consulta telefónica, indicó que la lectura de este calificativo en un movimiento extendido en el estado, el país y a nivel internacional, como la presentación de los normalistas desaparecidos, “preocupa bastante porque no percibe la autoridad, no quieren entender que aquí hay una causa que ha generado un conflicto y quien lo ha provocado son las mismas autoridades”.
Aceptó que funcionarios coludidos con el crimen organizado están en la cárcel por los crímenes de Estado que cometieron en Iguala, pero otros siguen libres y eso demuestra que las autoridades han sido incapaces de dar con el paradero de los jóvenes.
Subrayó que sin el vandalismo y la delincuencia institucionalizada de las mismas estructuras de gobierno, no habría surgido este movimiento que están reivindicando estas “minorías” de las que habla Ortega Martínez.
Consideró que esta posición evidencia la “pequeñez que tiene de miras, una visión demasiado reduccionista, de alguien que debe tener visión clara de lo que es un conflicto que está enfrentando”.
Recordó que el agravio a los estudiantes de Ayotzinapa no ha sido subsanado, y la agresión que sufrieron tampoco es un asunto local, trascendió las fronteras y catalogar las diferentes formas de protesta como acciones vandálicas, “con las que se podrá estar o no de acuerdo”, alienta la descalificación.
El defensor de derechos humanos consideró que el Ejecutivo debe entender el conflicto en lugar de echar más leña al fuego, y recomendó tener posturas muy claras en términos de que existe un agravio no resuelto y que la sociedad está enojada.
