A través de un comunicado la dependencia indicó que si bien respeta tal determinación, a la vez reitera la preocupación que ha hecho pública por que el contenido de la Ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas.
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Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que se encuentra preparando un estudio de acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exhortó el Ejecutivo Federal para que formule observaciones a la norma.
A través de un comunicado la dependencia indicó que si bien respeta tal determinación, a la vez reitera la preocupación que ha hecho pública por que el contenido de la Ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas.
La dependencia exhortó al ejecutivo Federal para que formule observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren los incisos a) y c) del artículo 72 Constitucional.
"La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas", indicó.
El Organismo defensor de los derechos humanos aseguró que se desperdició una oportunidad para lograr que el proceso de deliberación legislativa de la ley hubiese sido un verdadero espacio de reflexión y construcción dialéctica.
“No sólo se debieron escuchar los planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.
La CNDH reiteró que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas
