Sin hacer mucho ruido, el Senado dio un primer paso, si se quiere pequeño pero significativo, para la despenalización de la mariguana. La autorización del uso médico de la cannabis irá bajando la presión y la persecución a los consumidores. Falta, por supuesto, que lo autorice la Cámara de Diputados, pero si no hay sorpresas o cambios drásticos en la agenda de los partidos, esto sucederá en las próximas semanas.

El problema del esquema punitivo que hemos implementado con la mariguana desde hace casi 90 años es  que victimiza principalmente a los consumidores, no a los traficantes, muchos menos a los lavadores de dinero. Y ni siquiera a todos los consumidores, sino de manera muy marcada a un grupo social. Ahora sí que, como dijo el clásico, en este mundo hay que distinguir entre narcos bien y narcos nacos; claramente también las policías y el sistema judicial distingue entre consumidores bien, a quienes no toca jamás, y consumidores de bajos ingresos y educación con quienes se ensaña y a quienes usa para justificar la falta de resultados de la “guerra al narco”.

De acuerdo con un estudios del Instituto Belisario Domínguez del propio Senado de la República la mitad de las personas procesadas en el país entre 2009 y 2011, el momento culmen de la “guerra”, fueron por delitos contra la salud, y 9 de cada diez de ellas recibieron formal prisión, esto es siguieron su proceso judicial desde una cárcel. Cuesta trabajo pensar que la mitad de los delitos cometidos en el país fueron “contra la salud” cuando las cifras de otros delitos son impresionantes. En realidad lo que había, y hay, es un obsesión del Estado contra las drogas, que favorece que las instituciones se olviden de perseguir delitos como el robo, la extorsión, el fraude, etcétera.

Cuando vemos el perfil de los detenidos los datos son terribles. Un análisis solo de los datos de 2012 muestra que más de la mitad de los 19 mil  ingresados a las penales por delitos contra la salud tenían menos de 30 años. Una tercera parte de ellos no terminó la primaria y ocho de cada diez no ingresaron a bachillerato, es decir, tiene estudios de secundaria o menos. Nueve de cada diez tenía trabajo, principalmente como obreros, artesanos o campesinos.

Lo que muestra el estudio es la gran hipocresía del Estado en la famosa lucha contra las drogas. Los perseguidos son consumidores jóvenes, pobres y de escasa educación. Los políticos y empresarios que se benefician directa o indirectamente del negocios de las drogas permanecen intocados. Los policías, militares y jueces corruptos que reciben dinero del crimen organizado, también.

La trascendencia de la decisión del Senado no es solo que se permita el uso médico de la mariguana sino que se da un primer paso para cambiar el absurdo paradigma de combate a las drogas en este país.

Diego Petersen Farah

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