En número crecieron y también en la cantidad de recursos disponibles. Los fideicomisos se convirtieron en un instrumento que por su opacidad y la falta de rendición de cuentas, dejan más dudas que certezas, a tal grado que la próxima administración los incluyó en su plan de prioridades para cancelarlos.
Actualmente hay 374 fideicomisos que acumulan 835 mil 477.8 millones de pesos. Esa cantidad de dinero es equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o es 79 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados que concentran más pobreza en el país.
De acuerdo con un estudio de Fundar, el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos no tiene un control de vigilancia, es decir, 772 mil millones de pesos que en teoría deben ser utilizados para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El 25 de octubre de 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia.
El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección.
Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en 2012 a 330 millones de pesos en 2017. Para 2018, la disponibilidad se redujo 68 por ciento, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en ese último año.
La investigación realizada por Fundar, concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y destino del dinero; que es mínima, confusa, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.
Y en cuanto a su efectividad, en los últimos seis años, 44 periodistas han sido asesinados y la organización Artículo 19 tiene registro de 2 mil agresiones a reporteros. Esos números ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
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El caso mencionado es solo una aguja en el pajar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.
Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.
Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.
Fundar Centro de Análisis e Investigación, luego de ingresar más de 2 mil solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano.
La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.
Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad en el que señala que “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso.
“Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente”, señala el estudio de Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.
A nivel federal existen 374 fideicomisos públicos. En teoría, un fideicomiso funciona para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, prevención o atención de desastres naturales o estabilidad financiera.
Sin embargo, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo que sirven como instrumentos para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público.
Está también la participación de estancias privadas, que controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).
De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos.
LA CLAVE
Especialistas consultadas por SinEmbargo, coincidieron en que la próxima administración debería empezar con obligar que quienes administran los fideicomisos cumplan con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia para que se pueda tener una radiografía de todos los movimientos que se hagan y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado.
Ahí entra la labor de la Secretaría de Hacienda.
Para Liliana Ruiz Ortega, investigadora del equipo de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es preocupante que se tengan más de 300 fideicomisos sin estructura frente a 19 que sí la tienen. Estos 300 no cuentan con una ordenamiento orgánico que se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal; no tienen órgano de control interno, que es el que fija que las entidades o instancias cumplan con sus objetivos y disminuye la ocurrencia de irregularidades en gasto o de malos manejos.
La Secretaría de Hacienda es la que autoriza la creación de estos fideicomisos, entonces nadie revisa, aparte de esa dependencia, si es pertinente el objetivo de cada fideicomiso.
La ley establece que se justifica que la creación de fideicomisos sin estructura, si sirven para procurar algún interés nacional, pero de acuerdo con Ruiz, ese concepto es muy amplio y cualquier cosa se puede meter como de interés.
“Nadie revisa. La ASF, se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.
Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señaló que se debe tomar en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan cierta publicidad al menos de información básica disponible.
“Creo que es importante que se verifique y se vigile que se cumpla con lo que ya garantizan las leyes, las obligaciones de transparencia en la Ley General que disponen mínimos que ni siquiera se cumplen en muchos de los fideicomisos, como conocer desde la fuente que integra su patrimonio, cuál es el destino de los recursos de estos fideicomisos y verificar los comprobantes del gasto, verificar si son útiles. Es importante tener un buen diagnóstico de cuáles son los fideicomisos para que pudieran ser más opacos para darles mayor seguimiento y hacer un diagnóstico de si están cumpliendo con los fines para cuáles se crearon y verificar si son instrumentos adecuados para el fin para el cual se crearon”, comentó.
Para la investigadora de México Evalúa, preocupa que es que mucho del gasto para inversión el que se transfiere a fideicomisos y cada vez va en aumento sin que quede claro en qué se gasta, cuando ese dinero es un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en cómo se gasta.
Al momento, se tienen seis principales fideicomisos:
-Estabilización financiera: 318 mil millones.
-Apoyos financieros y otros: 134 mil millones.
-Infraestructura pública: 130 mil millones.
-Pensiones: 89 mil millones.
-Subsidios y apoyos: 69 mil millones.
-Prestaciones laborales: 28 mil millones.
“Cada vez es mayor la proporción de gasto en inversión que se ejerce a través de fideicomisos. El tema de que el gasto en inversión se esté manejando a través de fideicomisos preocupa porque volvemos a los mismo: son figuras poco transparentes. Uno de los primeros retos es analizar cuántos fideicomisos se tienen actualmente, cuáles funcionan, cuál es su objetivo y si los recursos deben seguir canalizándose a esos fideicomisos, si deben seguir operando o si se deben extinguir. Primero revisar su pertinencia y a la par, establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que actualmente no tienen”, agregó.
DEBE HABER RESPONSABILIDADES
Salvatierra consideró que los fideicomisos no deben forzosamente desaparecer, pero que sí es importante que el gobierno que tomará protesta el próximo 1 de diciembre revise los actuales en los que hay ciertas observaciones o ciertos indicios de irregularidades.
“Hay que tomar en cuenta el fin por el cual se crearon y si además ese fin afecta de alguna manera la garantía de derechos o a grupos sociales. Eso es lo más importante, no son solo instrumentos financieros, al final afecta la calidad de vida de las personas para las cuales se crearon estos fideicomisos […] Los fideicomisos no son malos, sino que hay que utilizarlos adecuadamente y evitar que se abuse de ellos de manera discrecional. Existen algunos fideicomisos que tienen recursos ociosos que no se están ejerciendo y cuyos fines no se están cumpliendo, entonces tiene que haber un proceso de extinción que está en la ley”, comentó.
Liliana Ruiz agregó que revisar los fideicomisos actuales es una tarea que corresponde a la actual administración.
“Es revisarlos para mejorar la rendición de cuentas. En 2015, 36 por ciento del gasto en la inversión física se ejerció a través de fideicomisos públicos, mientras que en 2013 fue el 17 por ciento. Y cada vez se van más recursos a fideicomisos. Hacienda te reporta en cada Cuenta Pública que hay menos fideicomisos sin estructura, que va disminuyendo la cantidad de fideicomisos, pero el monto no”, dijo.
“Si no se cumple adecuadamente, no está dando buenos resultados, no está garantizando las razones por las cuales se creó. Sobre todo si son fideicomisos para garantizar servicios o derechos a grupos sociales”, concluyó Salvatierra.
