Hasta enero del 2013, el panista Luis Vizcaíno había sido requerido por la CDHDF 298 veces, 271 de ellas como abogado de la Delegación en la gestión del panista Mario Palacios (2009-2012). Con todo, el siguiente jefe delegacional, Jorge Romero Herrera, ratificó a Vizcaíno como director general Jurídico.
Por Francisco Ortiz Pardo y Francisco Ortiz Pinchetti
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo/Libre en el Sur).– El panista Luis Vizcaíno Carmona, ex director general Jurídico y de Gobierno en la Delegación Benito Juárez, señalado como la persona que supuestamente exigió a la empresa Asdeporte 90 mil pesos para permitir la realización de una carrera el pasado domingo 13, ha sido reiteradamente denunciado ante órganos como la Contraloría General (CG) y la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF); en esta última destacan por su gravedad las relativas a señalamientos por vulnerar derechos de la infancia.
Vizcaíno, actual asesor de la DBJ, también apareció involucrado en la demolición, en 2014, de un inmueble localizado en la esquina de Cuauhtémoc y Obrero Mundial, en la colonia Piedad Narvarte, que estaba catalogado por el INBA por su valor histórico y arquitectónico. En cambio, durante los dos trienios en los que fungió como director general Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez no fue demolida una sola obra de construcción irregular, a pesar de cientos de denuncias vecinales.
Hasta enero del 2013, según datos de la propia DBJ dados a conocer en su momento por Libre en el Sur, el funcionario había sido requerido por la CDHDF 298 veces, 271 de ellas como abogado de la Delegación en la gestión del panista Mario Palacios (2009-2012). Con todo, el siguiente jefe delegacional, Jorge Romero Herrera, ratificó a Vizcaíno como director general Jurídico, lo mantuvo ahí hasta principios de este 2015, y lo acogió en el seno de Los Ocean, la fracción encabezada por el hoy líder de los diputados locales del PAN.
El 27 de septiembre del 2012 Libre en el Sur dio a conocer que de 104 denuncias que sumó en tres años la Delegación Benito Juárez, 67 señalaron como responsable a la Dirección General Jurídica y de Gobierno a cargo de Vizcaíno Carmona, de acuerdo con información oficial de la CDHDF.
En el oficio OIP/624/12 expedido por el organismo autónomo se precisa además que en dichas denuncias se reportan 46 casos sobre vulneración al derecho a la seguridad jurídica. Y algo especialmente grave: Constaron 16 menciones por presuntas violaciones a los derechos de los niños, mientras que son ocho los casos por faltas contra personas discapacitadas. Y además, se le acusó en siete ocasiones por vulnerar derechos de ancianos.
De acuerdo con el oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/277 de la Oficina de Información Pública de la DBJ, fechado el 11 de enero del 2013, tan sólo en sus primeros tres meses el gobierno de Romero recibió de la CDHDF 27 requerimientos. Y se precisa que Luis Vizcaíno fue requerido 15 veces en el 2009, 80 en el 2010, 101 en el 2011 y 102 en el 2012.
En las postrimerías del 2013, vecinos de la colonia Piedad Narvarte fueron sorprendidos con el inicio de una obra de demolición de lo que fue la Octava Delegación de Policía del DF, en la esquina de las avenidas Obrero Mundial y Cuauhtémoc. Ese edificio estaba catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, dependencia que le advirtió oportunamente a Vizcaíno Carmona.
“Este tipo de construcciones forman parte de la memoria urbana de nuestras colonias y de su momento histórico, son parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la Delegación Benito Juárez, quien como depositario de ésta tiene la obligación de preservarla”, ordenó el INBA en oficios, con carácter de “urgente”, dirigidos al propio Vizcaíno.
Insólitamente, en un documento con folio DGJG/CV/UDV-C/100/2014, del 7 de enero del 2014, la Delegación respondió al INBA, por “instrucciones” de Vizcaíno: “Del oficio supracitado no se desprende la dirección exacta donde se ubica la construcción u obra a verificar, manifestando que se encuentra en Avenida Cuauhtémoc s/n esq. Obrero Mundial, en la colonia Narvarte, sin señalar alguna otra referencia a efecto de identificar en cuál de las cuatro esquinas se encuentra dicho inmueble, por lo cual esta autoridad se encuentra imposibilitada para dar seguimiento a su solicitud”.
Los representantes de Asdeporte, empresa que tiene contabilizada la realización de más de dos mil carreras deportivas a lo largo de 26 años, al anunciar la cancelación de una carrera deportiva la madrugada del sábado 12 pasado acusaron a Vizcaíno Carmona de pretender extorsionarlos al condicionar el permiso para el evento, que arrancaría al día siguiente en la explanada delegacional, al pago de 90 mil pesos en efectivo, depositados directamente en la cuenta del funcionario. Ellos –aseguran—tramitaron los permisos desde finales de octubre pero la Delegación aletargó los trámites a fin de obligarlos a aceptar la corrupción.
La autoridad delegacional, por su parte, ha negado los hechos y asegura que los organizadores de la carrera no contaban ni con los permisos de la Secretaría de Seguridad Pública ni con un sistema adecuado de protección civil.
Por lo pronto, tanto la Comisión Nacional Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional del PAN como la Contraloría General del DF abrieron investigaciones contra Vizcaíno Carmona.
Pero no es la primera vez que el funcionario es investigado por la Contraloría. Una de ellas se dio después de que en septiembre del 2012 el activista vecinal y periodista Carlos Henze denunció que “en el colmo de la impunidad y corrupción en acto de revancha y castigo inusitado por denunciar ante la opinión pública a través reportajes, notas y entrevistas en medios nacionales y electrónicos de las arbitrariedades y atropellos que se llevan a cabo en la obra sin permisos y a todas luces fuera de la ley en el predio de Sevilla 1016, colonia Portales Sur”, las autoridades delegacionales de Benito Juárez amenazaron con desalojar a los habitantes de un edificio aledaño.
Ello, acusó, llevaba “el sello inconfundible de la administración de Mario Palacios, a través y con la anuencia de Luis Vizcaíno Carmona”, director general Jurídico y de Gobierno de la DBJ. Así que en octubre siguiente vecinos de esa obra señalada como irregular presentaron una denuncia ante el contralor general del Distrito Federal, Ricardo García Sainz, contra Vizcaíno Carmona, por “la artera y absurda” amenaza de desalojarlos si no desalojaban su propio domicilio.
