Un panel de la Cámara de Representantes aprobó hoy un plan de contrainsurgencia para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, dice Notimex.
Bajo la Ley Patriótica (USA Patriot Act), promulgada el 26 de octubre de 2001 y reformada unos años después, el gobierno de Estados Unidos legalizó métodos de interrogación como la tortura, o la suspensión de sus derechos mínimos a detenidos acusados de terrorismo. También se autorizó los “ataques preventivos” o la “guerra preventiva”, acciones armadas para repeler una ofensiva o un ataque antes de que suceda sobre territorio extranjero, en contra de lo que establece el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que justifica la acción de un Estado en otro territorio como autodefensa ante un ataque consumado.
La nueva Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada fue aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara sobre las objeciones de demócratas que la calificaron como errónea.
“No creo que esta sea la dirección correcta; tenemos que trabajar con nuestros socios, no dictar ni forzar políticas”, dijo Eliot Engels, el demócrata de más alto rango en el comité.
Las objeciones de Engels, quien en un momento de la audiencia preguntó si existía quórum dada la presencia de apenas tres republicanos, no fueron suficientes para frenar la votación.
Engels advirtió que la legislación “hará pedazos la Iniciativa Mérida y apunta a una dirección distinta” en los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado.
Connie Mack, republicano por California y autor principal de la iniciativa co-patrocinada por apenas seis republicanos, justificó la acción al insistir que el narcotráfico “es una insurgencia terrorista”.
También justificó la suplantación de la Iniciativa Mérida por esta estrategia al señalar que el plan conjunto de México y Estados Unidos “no podrá detener la amenaza terrorista que enfrentamos” de los narcotraficantes.
Engels hizo notar empero que “los narcotraficantes no tienen nombre político, no quieren derrocar el gobierno para tomar el control, y por ello no estoy de acuerdo cuando se habla de una insurgencia terrorista”.
Bajo esta iniciativa los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional deberán elaborar un plan contrainsurgente definiendo a las organizaciones criminales en México, sus líderes, objetivos, evolución y áreas de influencia.
Asimismo debe incluir una evaluación de las capacidades de la policía federal y de las fuerzas armadas de México, así como de instituciones gubernamentales estatales y locales, y organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa pide concretar un plan para combatir las operaciones, redes financieras y de lavado de dinero de los cárteles, y un plan coordinado con el gobierno mexicano para hacer segura la frontera común con tecnología e infraestructura.
Asimismo pide que “dentro de México, en coordinación con el gobierno mexicano” se desarrolle un plan multi-agencia para desarrollar fuertes instituciones del estado de derecho, mejorar la seguridad para personas y negocios, y aumentar la coordinación entre policías y militares.
La iniciativa pide que todos los recursos necesarios para desarrollar e implementar la estrategia contrainsurgente provengan de la Iniciativa Mérida.
El Proyecto de Ley HR3401 fue votado por el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, aunque solo cuenta con seis legisladores copatrocinadores de los 435 miembros de la Cámara Baja.
Tras ser aprobado por el subcomité, su destino es incierto en el Senado, de mayoría demócrata, donde no existe una iniciativa similar.
