Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indigenista (CNI) demandaron en un comunicado conjunto al gobierno de Guillermo Padrés Elías, en Sonora, la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión y la “fabricación de delitos” en contra de integrantes de la Tribu Yaqui que protestan por la forma en la que el Acueducto Independencia viola su derecho al agua.
“El río yaqui ha sido históricamente el portador de la continuidad ancestral de la cultura y territorio de la tribu yaqui y los que conformamos el Congreso Nacional Indígena, reiteramos que si nos tocan a unos, nos tocan a todos, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier otra lucha”, señala el comunicado.
El gobierno de Sonora giró una orden de aprehensión en contra de Mario Luna Romero y de otros voceros de la tribu hace más de un año, para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del Acueducto Independencia.
Luna salió huyendo a la Ciudad de México, donde se refugió un tiempo y aseguró que respondería a las acusaciones del gobierno del panista Guillermo Padrés, cuando el acueducto se cerrara.
El jueves, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que su detención fue por la privación ilegal de la libertad en prejuicio de Francisco Delgado Romo, líder de la comunidad Yaqui.
“No han podido matar a nuestros pueblos. Porque como semillas siguen creciendo. Nos quisieron matar con armas de fuego, como no pudieron, intentaron matarnos con enfermedades, otra vez fallaron. Muchos caminos han usado los poderosos para acabarnos a los indígenas”, destaca el comunicado zapatista fechado el 14 de septiembre.
Asegura que con la detención del vocero de la tribu, se pretende encarcelar la lucha misma de los yaquis por defender las aguas que en 1940, tras una larga guerra, les reconoció como suyas el entonces Presidente, Lázaro Cárdenas del Río, y que “desde 2010 los dueños del dinero quieren llevarse, a través del acueducto Independencia, pasando por encima de una resolución dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pasando por encima de todos los derechos que los Convenios Internacionales consignan a nuestro favor”.
Asegura que con el Acueducto, lo que se pretende es llevar el vital líquido a los grandes industriales de Sonora, en lugar de alimentar campos y sembradíos que pertenecen a los indígenas.
“Este despojo ha sido la bandera del progreso de los malos gobiernos, con Guillermo Padrés Elías, Gobernador del Estado y Enrique Peña Nieto, supremo jefe de los paramilitares a la cabeza del megaproyecto (…) nosotros sabemos que las palabrerías de Padrés y Peña Nieto son mentiras, pues, que para que estos megaproyectos existan, los pueblos originarios debemos desaparecer, pero de una vez les decimos a los de arriba, que no está dentro de nuestros planes hacerlo. Si detuvieron a nuestro hermano Mario Luna, es porque se negó a venderse, a rendirse, porque ha sido hermano de lucha de todos los que queremos que este mundo cambie abajo y a la izquierda”, menciona.
A través del comunicado, el EZLN demanda la libertad de otros activistas que también han sido encarcelados por oponerse al proyecto integral de Morelos en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, como Juan Carlos Flores y Enedina Rosas Vélez, del Frente en Defensa del Agua y la Tierra de las tres entidades mencionadas.
UN DERECHO FUNDAMENTAL
El viernes, activistas de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui denunciaron que los gobiernos federal y del estado de Sonora violentaron a la tribu de manera simultánea, al violar su derecho a la consulta pública, al agua y a la subsistencia.
La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) –organización que forma parte de la Misión–, Úrsula Garzón Aragón, calificó como un “círculo perverso” la lucha por el agua de la tribu sonorense, que vive uno de sus momentos más álgidos con la detención de su vocero principal.
“Estamos ante un círculo perverso, cuyo andamiaje lo echó andar el Gobernador de Sonora [Guillermo Padrés Elías] y la federación. El estado de Sonora, al iniciar la operación y construcción del Acueducto Independencia violando el derecho a la consulta y al agua de la tribu. La segunda, al no hacer nada cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] sentenció que se violaron los derechos de los yaquis y ordenó a la federación reparar el daño”, dijo la abogada.
Garzón destacó que la tribu logró que la Suprema Corte desconociera la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con la que se construyó el acueducto, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cumplió con la sentencia y permitió que la lucha por el agua en Sonora continuara su curso.
“La Federación no hizo nada. Queda claro que Guillermo Padrés actúa al margen del derecho y viola suspensiones del poder judicial, sin que nadie haga nada. La tribu buscó tener un diálogo con la Federación, mientras en Sonora continuó el hostigamiento y odio y la Federación se quedó al margen. La Semarnat no actúa para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte, y la Segob [Secretaría de Gobernación] tampoco hace nada”, dijo.
Rodrigo Gutiérrez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reclamó al gobierno federal la no suspensión de la operación del Acueducto Independencia, cuando la SCJN determinó que se violaron los derechos de la tribu.
