Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) dijo que son vagos los esfuerzos que realiza el Gobierno mexicano para proteger la libertad de expresión y a los periodistas, pese a que Estados Unidos envía millones de dólares en ayuda.
“México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”, hizo público en su portal la organización, citando el caso de Armando Saldaña Morales, reportero de Veracruz asesinado, el quinto en lo que va del año y el número 12 en la administración del Gobernador Javier Duarte.
Dos analistas de WOLA, Clay Boggs y Maureen Meyer, resaltaron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsado por al menos cinco instituciones del Estado, no ha respondido de manera eficaz a las demandas urgentes de vulnerabilidad de los que deberían ser protegidos.
En su análisis, ambos exhibieron que México no tiene excusas para no contar con fondos en este mecanismo. Revelaron que el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, designó una cifra por encima de los 35 millones de dólares para programas de derechos humanos entre el 2009 y 2018.
“Las medidas de protección del Gobierno solamente pueden ser una solución temporal: defensores y periodistas amenazados sólo estarán seguros cuando los individuos, grupos criminales o funcionarios públicos que les atacan o acosan sean llevados ante la justicia”, dijo.
El comunicado de WOLA también resalta que a pesar del apoyo que México ha recibido para capacitar personal, por parte de Freedom House, ahora, el mencionado mecanismo carece de recursos humanos suficientes.
“Aún quedan muchos retos para garantizar que se responda rápidamente a las nuevas solicitudes de protección y que las medidas sean implementadas y monitoreadas para determinar si coinciden con el nivel de riesgo enfrentado”, publicó WOLA en su portal.
Datos de Artículo 19 resaltan que en el 2014 hubo 326 ataques en contra de la prensa, de los cuales el 48 por ciento fueron por parte de funcionarios públicos.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó en abril 2014 que el 89 por ciento de los ataques contra medios de comunicación, asesinatos y desapariciones de periodistas registrados en 2013 quedaron en la impunidad.
En el caso de los defensores de derechos humanos, la comisión contabilizó 27 asesinatos entre el 2011 y el 2013.
“La libertad de expresión seguirá siendo limitada en México a menos que las autoridades mexicanas investiguen y sancionen adecuadamente estos delitos, y apliquen mecanismos eficaces para proteger”, reiteró WOLA, luego de que el 30 de abril tocara este punto.
Para la oficina en Washington no pasa desapercibido que la organización Freedom House haya calificado recientemente a México como “no libre” en su índice anual Libertad de Prensa cada año desde 2011.
SE MATA POR INFORMAR
Apenas el 11 de mayo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Washington, D.C. su Informe Anual 2014 respecto a la situación del continente americano en la materia, en donde enlista cientos de casos de ataques y asesinatos en contra de periodistas. La mayoría no han sido resueltos por las autoridades locales. En esto último, México sobresale en la lista.
A partir del análisis de las situaciones que se reportan en el hemisferio, la Relatoría Especial subraya algunos avances que enfrentan los Estados de la región, entre ellos México, que han comenzado a adaptar su legislación a los principios internacionales aplicables al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en rubros como el Internet, el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información de México (IFAI), o la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, que introdujo "importantes" cambios al marco jurídico sobre esta materia, dice la CIDH.
Sin embargo, y a pesar de estos avances legales, la Comisión indica que en los hechos, con ocho casos que podrían estar asociados al ejercicio de la libertad de expresión, México fue el país con más asesinatos de trabajadores de medios y ciudadanos que hacen uso de las redes sociales.
El 27 de octubre pasado, Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pidió que se investigue la muerte de la ciberactivista mexicana María del Rosario Fuentes Rubio como paso necesario para restaurar la independencia de los medios de comunicación.
“Condeno el asesinato de María del Rosario Fuentes Rubio, una mujer valiente que utilizó las redes sociales para eludir los esfuerzos de los grupos de delincuencia organizada [...]. Es importante que las autoridades hagan todo cuanto esté a su alcance para procesar a los culpables de la muerte de Fuentes Rubio, porque ello permitiría fortalecer la independencia de los medios y el derecho a la información”, señaló.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, cuyo cuerpo fuera hallado sin vida el 4 de mayo cerca de la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca. Además, expresó su preocupación por la desaparición del periodista Bernardo Javier Cano Torres en la localidad de Iguala, Guerrero, e informada el 7 de mayo por la Fiscalía de ese estado.
“La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para encontrar con vida al periodista secuestrado y esclarecer los motivos del asesinato ocurrido, además de poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables”, dijo.
El informe también da a conocer el ataque a periodistas de SinEmbargo y enfatiza en que, hasta el momento, las autoridades no han mostrado avance alguno en las investigaciones.
La CIDH indica en su informe que recibió "con preocupación" información sobre la persistencia de graves ataques a la vida e integridad personal de periodistas y comunicadores en México, en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión. También indica que durante el año 2014 se incrementó la violencia contra periodistas y comunicadores en México, particularmente en aquellas zonas del país con presencia del crimen organizado.
En efecto, dice la CIDH, durante el año pasado fueron asesinados cinco periodistas y una comunicadora por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. La Relatoría Especial registró la muerte de un niño de 12 años de edad, en un ataque dirigido a su padre, director y fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM, Indalecio Benítez, el 1 de agosto en el municipio de Luvianos, en el estado de México.
Estas muertes ocurrieron en un contexto de amenazas y hostigamientos generalizados a la prensa en distintas regiones del país, señala la Comisión.
La CIDH enfatiza que se han registrado pocos avances en las investigaciones de estos crímenes y falta de efectividad de los mecanismos de protección establecidos por parte del Gobierno federal y los estatales.
Durante el 2014, la CIDH también recibió información sobre graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas.
En dichas manifestaciones, fueron registradas decenas de agresiones físicas contra periodistas y comunicadores y seis detenciones, indica la CIDH.
De hecho, el caso de mayor gravedad reportado durante el año pasado en el decimosexto informe que elabora la Relatoría Especial de la CIDH desde su creación en 1998, fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que se inició con la represión de una caravana de autobuses donde viajaban los estudiantes de ese municipio, el 26 de septiembre.
