Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- Han transcurrido dos semanas desde que el Senado recibió la minuta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En los últimos días, los senadores se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), líderes partidistas y expertos en materia de radiodifusión, internet y órganos reguladores, a fin de contar con elementos suficientes para modificar el texto enviado por el Consejo Rector del Pacto por México.
Las opiniones vertidas por quienes saben del tema tienen un común denominador: la urgencia de mejorar el dictamen sin poner en riesgo los logros alcanzados.
Sin embargo, ¿podrán los senadores realizar cambios de fondo al proyecto construido por el Gobierno Federal y los principales partidos políticos, el cual fue avalado de manera exprés en la Cámara de Diputados?
El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo, es optimista al respecto, luego de las intensas reuniones que los líderes parlamentarios han sostenido con sus dirigentes nacionales y con funcionarios del Gobierno Federal.
“Hemos sido plurales, hemos recibido a todos, hemos abierto la puerta a la tribuna y el micrófono a todos y yo creo que ha sido un muy buen esfuerzo y, bueno, yo creo que a esta altura del partido, lo que queda claro es que pues sí se tiene que arreglar lo que llegó de la Cámara de Diputados en varios aspectos”, enfatizó un día después de haber recibido en el edificio de Paseo de la Reforma 135, al dirigente nacional de su partido, Gustavo Madero.
En la reunión realizada a puerta cerrada el pasado jueves, el líder nacional del Partido Acción Nacional, integrante del Consejo Rector del Pacto por México, dio una especie de aval a sus senadores para modificar la minuta, sin cambiar el espíritu de la reforma en telecom.
“Es un trabajo muy serio que tiene la intención de ver cómo se puede enriquecer la iniciativa con el ánimo de que salga bien, fuerte y pueda funcionar de la mejor manera sin poner nunca en riesgo su viabilidad ni el modelo que la define”, sostuvo tras su encuentro con los legisladores blanquiazules.
Contrario al optimismo de su homólogo panista, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, criticó la reticencia de los líderes partidistas a cambiar la sustancia de la minuta.
“Nosotros hemos recibido la opinión de legisladores, de legisladoras, e incluyo la opinión de los integrantes del Consejo Rector y todos comparten que debe de haber modificaciones, aquellas que no desnaturalicen la propuesta”, detalló.
El líder parlamentario del PRD adelantó que el jueves 18 de abril la Cámara de Senadores tendrá el dictamen de la Reforma en Telecomunicaciones. Incluso se aventuró a trazar una ruta crítica para esta semana que empieza, en la que para martes o miércoles las comisiones unidas tendrían el proyecto, el jueves se le daría primera lectura, tentativamente el Senado sesionaría el viernes, para mandar el dictamen a la colegisladora.
“Lo que queremos también es una mesa agregada con diputados para que lo que acordemos acá no sea una sorpresa allá, sino que tenga que ser el consenso para que se puedan asumir, en este mismo periodo, el proceso legislativo, anunció el perredista.
El pastor de los senadores priistas, Emilio Gamboa, dijo que sí habrá modificaciones a la Reforma en Telecomunicaciones, aunque no dijo en dónde. “Pero lo que sí es seguro es que estaremos en contacto con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados”, apuntó.
El lídel del tricolor rechazó poner plazos fatales al día en que el Senado aprobará el dictamen. Solo dijo que la reforma saldrá antes del 30 de abril –día último del plazo legal-, y que para ello podrían sesionar lunes, martes, miércoles, o incluso sábado y domingo.
Por su parte, el Senador panista Javier Lozano, uno de los más críticos al Pacto por México, aseguró que a los panistas no les temblará la mano para mejorar el texto enviado por los diputados. Sugirió que parte de las modificaciones que se avalarán en comisiones, podrían ir en el sentido de dar certidumbre jurídica a las inversiones extranjeras en telecomunicaciones.
“Si lo queremos es más competencia, más desarrollo tecnológico, mejores servicios, mejores tarifas, tenemos que dar certidumbre jurídica a las inversiones, es el único camino, y me temo que por las desconfianzas que han surgido en los últimos años por prácticas para diferir la toma de decisiones o para que lleguen a sus últimas consecuencias las resoluciones de las autoridades hemos abusado del amparo y de la suspensión”, indicó.
EXPERTOS RECHAZAN UN IFETEL "TODOPODEROSO"
Durante los tres días que se realizaron los foros públicos organizados por las comisiones unidas del Senado, quedó muy claro que la principal preocupación de los expertos en la materia, es la posibilidad de crear un Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) “todopoderoso”.
Irene Levy, presidenta de Observatel, advirtió que el órgano constitucional encargado de regular al sector se convertirá simplemente en un “ejecutor” de las instrucciones del Presidente de la República, si no cuenta con autonomía plena.
“Si el Ejecutivo Federal emite la política, el instituto va a perder fuerza y autonomía, el Instituto se va a convertir en un ejecutor de las políticas del Ejecutivo, Y así, las agencias internacionales no funcionan, aun cuando no son autónomas constitucionales”, alertó.
Otra preocupación giró en torno al desempeño de los nuevos comisionados del Ifetel. Según la minuta, estos van a durar nueve años en su cargo y no está previsto ningún mecanismo o criterio para su remoción por causas de faltas graves. En otras palabras, no van a tener jefe, ni rendirán cuentas reales por sus decisiones o actos administrativos, resoluciones, decisiones, multas, etcétera.
“El Ifetel no tiene previsto ni siquiera un contralor, lo cual me parece muy peligroso, pues ya lo es el tener a siete personas, por inmaculadas que sean, sin supervisión alguna. Tienen que presentar un informe al Congreso, pero el informe lo van a hacer como ellos quieren, hay que tener mucho cuidado con la rendición de cuentas de estos órganos”, aseveró Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones.
A nombre del colectivo “Libre Internet para Todos”, el defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, externó su preocupación de que el Ifetel tenga control sobre los contenidos, en materia de radiodifusión e internet.
“Pareciera ser, la redacción como viene del Pacto, que también esa regulación aplicaría a internet, lo que también constituiría en actos de censura previa”, señaló.
En el mismo sentido, Clara Luz Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró urgente modificar lo relativo a la regulación de contenidos, porque la redacción sugerida “implica una regulación típica de un Estado autoritario” y representa “una bomba de tiempo”.
Por su parte, representantes de la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones demandaron al Senado limitar la participación del Estado en el uso de la banda de 700 megahertz, evitar la regulación de contenidos, pidieron no sancionar a los agentes económicos del sector y obligar al operador preponderante de telefonía a que permita que otros concesionarios comercialicen sus servicios.
A nombre de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely, advirtió que si la banda ancha de 700 MHz –uno de los más jugosos negocios para la industria-, queda totalmente en manos del Estado, podría permanecer “atorada” por tiempo indefinido y el país tendría “un retraso con costos incalculables para la productividad y competitividad de todos”.
Por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Emilio Nassar, destacó que la radiodifusión debe ser considerada como una actividad de interés público y no como un servicio público.
Advirtió que “en aras de combatir a los monopolios (los legisladores) destruirán la radiodifusión local”. Explicó que una mayor oferta de emisoras y de espacios publicitarios sólo beneficiará a los anunciantes, pero la audiencia recibirá más cadenas con contenidos de baja calidad.
“No nos oponemos a una mayor competencia si es con reglas equitativas, tampoco nos oponemos a propiciar mayores niveles de pluralismo, siempre que en aras del mismo no se afecte la autonomía financiera de las emisoras”, pues es un elemento fundamental para la libertad de expresión, afirmó.
Para Eduardo Ruiz Esparza, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), el Senado deberá estipular en la Reforma en Telecom, obligar al operador preponderante de telefonía, es decir a Teléfonos de México y Telcel, a permitir que otros comercialicen sus servicios, bajo condiciones que permitan una mayor competencia.
