Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, bautizó las declaraciones de los presuntos culpables de asesinar y quemar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como la “verdad histórica”, basada únicamente en confesiones y no en evidencias.
Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, bautizó las declaraciones de los presuntos culpables de asesinar y quemar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como la “verdad histórica”, basada únicamente en confesiones y no en evidencias.
Ciudad de México a 14 de diciembre (SinEmbargo).– Desde presuntos actos de tortura, hasta la prueba irrefutable de una institución meteorológica que a través de imágenes satelitales sugieren que entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo un incendio en el basurero de Cocula, salpicaron este año la reputación de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a su afirmación de “la verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
Esa “verdad”, simplemente se cayó por completo, evidenciando las fallas del Estado mexicano en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Aún no cerraba 2014 cuando las voces de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pusieron en duda la quema de 43 cuerpos hasta su incineración en un basurero en Guerrero. Duda que despejaron este año el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que en coadyuvancia con las autoridades mexicanas, demostraron que la versión que conforma al menos 80 tomos en el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala, no es creíble y carece de sustento.
En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
Murillo Karam sentenció frente a los medios de comunicación y ante los familiares de las víctimas una verdad lacerante: “Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.
Al día siguiente de que la PGR considerara la hipótesis del basurero como “una verdad histórica”, Murillo Karam y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares deben ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia. Pero las autoridades parecen haber dado ya carpetazo a esa duda.
“No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada”, dijo Murillo Karam.
“Sostener que el Ejército no tenía nada que ver, es una posición política”, respondió por su parte el representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
EL PAPEL DE LA ONU
A principios de febrero los padres cumplieron la advertencia de acudir a instancias internacionales y viajaron a Ginebra, Suiza para presentar su caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luego, días después, la ONU dio a conocer sus conclusiones tras el examen al que se sometió México. El Comité refirió que las desapariciones forzadas son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes. “¿Cuántas desapariciones forzadas hay? no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y Relator sobre el caso de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyo que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
Pero México no recibió con agrado las recomendaciones de la ONU. El 13 de febrero, día en que se dio a conocer el informe, la Secretaría de Gobernación (Segob) mostró, a nombre del Gobierno de México, una cierta molestia con el informe y dijo que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”.
“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”, dijo en un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob).
Pero el Gobierno Federal aceptó la colaboración internacional en el caso y el GIEI empezó a trabajar en marzo y antes de su llegada, tanto activistas defensores de derechos humanos, como los padres de los jóvenes desaparecidos, ponían sus esperanzas en los expertos para probar si las declaraciones de decenas de detenidos sobre los sucesos de Iguala, eran ciertas o no.
A finales de febrero, unos días antes del 1 de marzo –cuando los expertos arribaron México–, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que el trabajo de los investigadores podría cambiar la “verdad histórica” del gobierno federal.
“La PGR anunció su verdad histórica y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, dijo.
Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres, dijo en ese momento que los padres buscaban la presión de instancias internacionales al gobierno mexicano, porque debido a la verdad que asesinó, quemó y desechó los restos de los jóvenes en el río San Juan, ya nadie los buscaba.
“Frente a cinco meses de la desaparición, se haya un estancamiento de las investigaciones. La PGR con su verdad histórica inexistente, ha detenido la búsqueda, las investigaciones. Estamos preocupados porque no hay elementos para establecer que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, esa hipótesis es pobre en las pruebas que tiene”, dijo Vidulfo Rosales.
El abogado también aseguró que los padres de los jóvenes normalistas estaban esperanzados en el grupo de expertos de la CIDH.
LOS EXPERTOS DEL GIEI
Los cinco expertos trabajan desde hace años en la atención a víctimas, como Carlos Martín Beristain; Ángel Buitrago, en desapariciones cometidas por el Estado en Colombia; Francisco Cox Vial, quien trabajó en el caso de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, y la ex Fiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz.
El quinto experto, Alejandro Valencia, es ex consultor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los expertos trabajaron en un primer momento durante seis meses de mandato en el caso. Sus primeras conclusiones fueron en torno a la versión de Murillo Karam. Sus últimas conclusiones apuntan a que ni siquiera hubo un incendio en Cocula el día de los hechos.
El GIEI reveló a principios de este mes, durante su última conferencia de prensa de 2015, que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 .
La evidencia fue otorgada por una institución meteorológica, la cual reservaron su nombre, por tratarse de información delicada en el expediente, a solicitud de la misma Procuraduría.
Ángela Buitrago reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 de septiembre llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos Beristain, otro de los expertos, sobre los más de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
Los expertos informaron que le indicaron a la PGR que no es necesario realizar un segundo peritaje en el basurero de Cocula, porque el incendio no existió.
En cuanto a la nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.
En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de el experto en fuegos José Torero Cullen –el primero en decir que no había rastros de que los normalistas hubieran sido quenados en Cocula- y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo señaló que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.
LA VERDAD DE TORERO
En septiembre el perito independiente José Torero indicó, a través de una valuación de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR.
En entrevista con SinEmbargo, dijo que la PGR ponía en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y volcaba la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar de investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente, y otras revelaciones del informe.
“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.
El perito prosiguió: “Si uno analiza lo que está pasando, básicamente no estamos eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero], sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.
El perito fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.
Torero encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.
La versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.
“Si uno agarra los testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado. Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.
CRÓNICA DE UNA FRACASO ANUNCIADO
El 11 de diciembre de 2014 un grupo de cinco científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en duda la “verdad histórica”.
La PGR acababa de anunciar que un pequeño hueso encontrado en el Río San Juan pertenecía a Alexander Mora Venancio, de 21 años, estudiante de Ayotzinapa desaparecido el 26 de septiembre en Iguala.
El fragmento habría salido de una de las ocho bolsas negras con cenizas que fueron encontradas en el río San Juan.
Los científicos de la UNAM aseguraron que la hipótesis de la PGR era imposible científicamente, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. Hace falta, en definitiva, hornos crematorios.
“Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.
De acuerdo con el estudio documental, realizado con base a la información que las autoridades, revelaron que esa versión era simplemente una “fantasía”.
Para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. De acuerdo con los científicos para que el acero se derrita y los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.
“Hay estudios científicos de 2011 que dicen que si la temperatura es de 800 grados centígrados, no quedan trazas de material orgánico, entre ellos cadenas de ADN. Para que quede un hueso debe ser en una zona donde no hubo mucho calor”, explicó Montemayor Aldrete.
Según el estudio, las 33 toneladas de troncos deben estar secos. Esa cantidad cabe en dos tráileres para su traslado.
“No estamos hablando de ramitas, sino de troncos cortados y lisos, ¿quién vende troncos en esa región?, ¿a quiénes les vendieron en esos días? Además, para poder hacer esa cremación de la que hablan, los asesinos tendrían que ser ingenieros o pasantes de ingenieros para hacer muchos cálculos. Esa versión de la PGR es muy incriminatoria porque estarían involucras muchas personas. Para empezar la compra de la madera debía ser con tres, o cuatro días de anticipación, entonces estaríamos hablando de premeditación, alevosía y ventaja del Estado en contra de los estudiantes”, dijo el científico.
Pablo Ugalde Vélez, experto en materiales y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, indicó que los cálculos científicos se pueden realizar sin la necesidad de acudir al basurero de Cocula.
“Con una cremación de ese tamaño debería haber piedras fracturadas y manchadas de negro, los padres aseguran que no hay tal cosa en el basurero”, detalló.
Además, para cremar un cuerpo se requieren 53 kilogramos de gas: “Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesitado 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, reveló el estudio.
La cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda.
Los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían 333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. El material se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.
Los científicos argumentaron que el análisis que ellos realizaron, lo podía hacer cualquier científico, ingeniero o técnico de áreas de química, física, ingeniería térmica o ingeniería militar.
“El análisis realizado, desde el punto de vista técnico, bien podría haber sido llevado a cabo por peritos de la PGR, es altamente probable que no lo hayan realizado o no se haya dado a conocer por motivaciones políticas o temor a posibles represalias por parte del Estado”, dijeron en su estudio.
Los investigadores lanzaron varias preguntas a la PGR, que la dependencia federal debía responder en torno a la hipótesis de que la cremación en el basurero de Cocula.
Sobre la afirmación de Jesús Murillo Karam en torno a que “después de quemar los cuerpos, los acusados recibieron órdenes de su jefe de fracturar los huesos después de calcinarlos; es inmediato advertir que debieron utilizar un mazo y un yunque o roca muy resistente al impacto para romper los huesos, y que debieron saltar fragmentos en diversas direcciones, lo cual dificulta su recolección. No se observan fragmentos de rocas que hayan sido utilizadas como yunques”.
Los científicos pusieron sobre la mesa otra hipótesis: la cremación de los normalistas en hornos modernos, en una funeraria, pudo haber requerido 2 mil 291 toneladas de gas para cremar 43 cadáveres. Una empresa estándar, explican, maneja seis cremaciones por día, debieron requerirse ocho días de operación a 12 horas por día.
¿Cómo se pueden conseguir las facturas de venta de gas en fechas posteriores al 26 y 27 de septiembre del 2014 en el orden de toneladas dentro del área de Cocula y zonas aledañas?, ¿qué funerarias y hornos de cremación de la región consumieron gas en cantidades que expliquen una cremación de 43 cuerpos adicionales a las cuotas diarias, semanales o mensuales usuales?
¿Podrían dichas instituciones proporcionar de manera voluntaria sus registros históricos de consumo y compra de gas con fechas que vinieran desde una año atrás y que además cubrieran el intervalo de fechas de interés?, ¿estaría dispuesta la Comandancia correspondiente al 27 Batallón del Ejército en Iguala a permitir una inspección de los documentos correspondientes?, cuestionaron.
Por último los científicos lanzaron preguntas sobre el hallazgo de las bolsas de cenizas en el Río San Juan:
¿Quién proporcionó a los acusados del basurero de Cocula el sitio exacto en el Río San Juan donde se localizarían bolsas con restos humanos? ¿A qué personas corresponden dichos restos?
¿Cómo se espera por parte de la PGR extraer información genética de huesos cremados a más de 800 grados centígrados, cuando se sabe que la información genética almacenada en estructuras biológicas se degrada totalmente a partir de 600 grados centígrados al evaporarse toda estructura o moléculas orgánicas complejas, de acuerdo con fuentes científicas publicadas desde hace mucho tiempo?
OTRA NEGATIVA DE LA PGR
Luego de la conferencia de prensa de los investigadores, la PGR desestimó la información presentada. Pero para los padres de los 43 normalistas, las preguntas sin respuesta fueron suficientes para exigir una investigación internacional, pues no creían en el gobierno mexicano.
Realizaron varios viajes al extranjero y los expertos de la CIDH empezaron a trabajar en marzo.
Stephanie Brewer explicó que los expertos firmaron un acuerdo en noviembre, después de la solicitud de medidas cautelares y asistencia técnica que realizaron los padres de los normalistas a la CIDH. El documento se firmó entre las dos partes y la PGR, en donde se estableció que los especialistas serán coadyuvantes de la investigación, por lo que pueden presentar denuncias penales si así lo deciden.
“Apostamos que los expertos puedan aportar muchos elementos para mejorar la investigación y que se abran nuevas líneas, que se investigue no solamente a nivel municipal, sino federal y estatal”, indicó Brewer.
La activista del Centro Prodh, organización que sigue de cerca en México el caso de los normalistas y que es coadyuvante, llamó a las autoridades mexicanas a brindar el apoyo necesario a los investigadores.
“Es un llamado al Estado para que el grupo tenga el acceso completo al expediente. Si tiene las condiciones adecuadas seguramente van a descubrir y traer a la luz varias cosas, podrían significar un giro a la investigación”, subrayó.
Brewer agregó que para los padres de los normalistas, los expertos de la CIDH, significaban una esperanza de justicia, pues ya no creen en el Estado mexicano.
“Las familias ya no creen en la versión oficial, en lo que les cuentan las autoridades, por el simple hecho de que en un primer momento dieron a conocer una versión según la cual los restos encontrados en las fosas comunes eran de sus hijos, luego lo de Cocula”, dijo.
Dos meses después de trabajo los expertos recomendaron a las autoridades mexicanas investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, del penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso pueden impactar negativamente a la investigación.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), quien también es coadyuvante en el investigación, reveló a SinEmbargo ese mes que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que Jesús Murillo Karam concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, confesaron que fueron torturados.
“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.
Mario Patrón, quien también es coadyuvante en las investigaciones y que tiene acceso a los informes de los expertos de la CIDH y al expediente, dijo que de comprobarse que fueron torturados, dijo, la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.
“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso, sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y dice que seguirán indagando en torno a estas declaraciones”, detalló.
Patrón Sánchez indicó que el expediente de Ayotzinapa estaba plagado de confesiones. Su primera línea de investigación, se sustentó en dos confesiones y al final, se cayó.
“Está vinculada con las fosas de Cerro Viejo, donde dos personas que dicen ser de Guerreros Unidos afirman que ellos participaron en comprar la gasolina, en la ejecución de los estudiantes y que fueron a enterrarlos. Luego se corroboró que no eran los estudiantes con las pruebas de ADN. Esa es la incertidumbre que hay en la investigación”, dijo.
El director del Centro Prodh indicó que era relevante también, que el grupo de la CIDH, pusiera en entredicho el móvil que sustenta la “verdad histórica” de la PGR.
En su tercer informe, los especialistas negaron el móvil que argumentó la PGR: que los los estudiantes iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca. El informe dice que no es así.
De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 no iban a “boicotear” el evento político de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público.
En su momento, Murillo Karam aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos “iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre –a la Ciudad de México-. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político”.
LA VERDAD IMPUESTA
La Procuraduría había mantenido esa versión: los normalistas intentaron sabotear el informe de labores de la esposa del Alcalde Iguala, José Luis Abarca. Y según la dependencia, fue el Presidente Municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
Sin embargo, la investigación de la CIDH determinó que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos el 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
“Del análisis de la información realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades”, dice el documento.
Mario Patrón detalló que si la “verdad histórica” se caía, el Estado debía continuar con la investigación por desaparición forzada, hasta dar con el paradero de los jóvenes, vivos o muertos.
“El estándar en materia de desaparición forzada indica que el Estado sigue siendo responsable de investigar y dar con el paradero de las personas. Si esta no fuera la verdad histórica, sino una verdad impuesta, el Estado se vería obligado a garantizar la verdad y la justicia y dar con el paradero de los normalistas”, indicó.
Sin embargo, el gobierno mexicano se ha negado a acatar la primera recomendación de los expertos de la CIDH: reclasificar el caso por desaparición forzada.
“Se tiene que reclasificar, es una de las primeras recomendaciones que hasta ahorita está incumplida: hay 106 personas detenidas, pero ninguna tiene imputación por desaparición forzada, lo que es un mecanismo directo de impunidad. Esta reticencia se entiende porque el Estado busca huir de su responsabilidad”, detalló.
El directivo hizo énfasis en la negativa del Gobierno para hacer posible la entrevista de los expertos con el 27 Batallón del Ejército Mexicano. Entrevista que a la fecha, no ha sido concedida.
“Las últimas declaraciones de [Miguel Ángel] Osorio Chong, dejan entrever que la solicitud del grupo está fuera de la ley, cuando de ninguna manera: hay un acuerdo firmado donde se establece cuáles son las facultades de los expertos, entre ellas hablar con todos los implicados, prueba de ello es que se les autorizó el ingreso al penal de Tepic, donde han entrevistado a personas detenidas. La negativa a entrevista a los militares, nos puede dar la interpretación de que se oculta información”, indicó Patrón.
El director del Centro Prodh destacó la importancia del trabajo del grupo de la CIDH, debido a que tiene implicaciones jurídicas y políticas.
El trabajo de los expertos es vinculatorio. Sus recomendaciones y su informe final, formará parte del expediente. Pero sobre todo tiene un impacto político.
“Cuando México se compromete a esta asistencia técnica, se compromete al escrutinio internacional. Tendrá un elemento importante si hay reticencia de las instituciones mexicanas para seguir colaborando con el grupo de expertos o para cumplir con las recomendaciones”, precisó.
Un mes después, los expertos del GIEI revelaron que la PGR investiga 40 casos de tortura referentes a las diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
EL DESPLOME DE LA VERDAD HISTÓRICA
El 6 de septiembre el informe final de los expertos independientes descartó la versión de la PGR de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula.
Definitivamente la incineración de los jóvenes en ese lugar, de acuerdo con la evidencia, no ocurrió, concluyeron.
Francisco Cox, miembro del GIEI, explicó que con base en un peritaje sobre la mecánica del fuego, realizado por el peruano José Torero, las declaraciones de los inculpados que sostienen la “verdad histórica” dada a conocer por el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam, es científicamente imposible.
“Por toda la evidencia el GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dio Cox.
Los expertos echaron abajo la versión del inculpado que asegura que los jóvenes fueron quemados por 16 horas hasta su incineración y también la versión que está en el expediente de que se requirieron entre 10 a 15 neumáticos para alimentar la pira.
El perito independiente concluyó que el fuego que genera una quema del tamaño que indican los inculpados, genera una columna de humo que sube a siete metros con un penacho de 300 metros, visible por todos los pobladores de Cocula.
Además otro de los inculpados declaró que a la seis horas del inicio de la incineración de los jóvenes, varios de ellos bajaron a la pira para agregar más combustible, lo cual es imposible, porque la irradiación de la quema de 43 cuerpos, habría quemado vivo a quienes se acercaran.
La quema de 43 cuerpos en la condiciones necesarias, hubiera desatado un incendio forestal desde el basurero de Cocula.
Para poder realizar su peritaje Torero recibió las declaraciones de los inculpados que referían haber quemado a los 43 estudiantes en el fugar el 27 de septiembre de 2014.
De igual manera, se le remitieron los informes o dictámenes realizados por servicios periciales de la PGR (dictamen de incendios, estudio químico, y medio ambiental).
“El día 13 de julio de 2015 el experto se trasladó, en compañía de la PGR y de uno de los miembros del GIEI, a revisar in situ el basurero de Cocula. Hizo una revisión del lugar donde los presuntos responsables señalaban que se habría hecho la pila de neumáticos, madera y piedras con los cuerpos de los 43 estudiantes. Tomó fotografías del lugar y de las zonas aledañas. En esa misma oportunidad inspeccionó la vegetación de los alrededores y los restos de basura que se encuentran ahí. Ya en Servicios Periciales de la PGR revisó la evidencia física, biológica y no biológica, que fue recogida por la PGR y el EAAF a partir del día 26 de octubre del año 2014. Asimismo, tuvo reuniones de trabajo tanto con peritos de la PGR encargados de esos estudios, como del EAAF que representan a las víctimas. En la reunión con Servicios Periciales de la PGR se le facilitaron el estudio de estratigrafía de suelo y el informe químico”, dice el informe.
El científico, junto con su equipo de trabajo, no encontró evidencia de que en el basurero de Cocula se hayan incinerado 43 cuerpos.
La PGR anunció que estudiaba la incorporación del informe de la CIDH en la averiguación que se lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas.
La nueva Procuradora, Arely Gómez González, avaló el informe de los expertos y anunció un nuevo peritaje y una prórroga para que permanezcan en México los especialistas enviados al país por el organismo internacional.
“Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”, detalló.
LA MALA INVESTIGACIÓN Y LOS RESPONSABLES
En un mensaje a medios, en el que no se admitieron cuestionamientos de la prensa, la Procuradora recalcó que las investigaciones del grupo internacional confirman las líneas de indagatorias de la PGR integradas en la verdad histórica del ex Procurador Murillo Karam.
“En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones de este grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías municipales de Iguala y de Cocula participaron en la autoría de estos hechos”, señaló la funcionaria federal.
Las reacciones no se hicieron esperar. La abogada Jazmín Sánchez Estrada, del Departamento de Derecho de la UNAM, indicó que el ex Procurador Murillo Karam y todo su equipo que participó en la integración del expediente de los 43 normalistas, pueden ser investigados de oficio, sin necesidad de una denuncia.
El ex Procurador está sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y debe responder por la “verdad histórica”.
“Puede ser investigado por cualquier tipo de evidencia, no sólo la del quinto autobús que no está en el expediente, sino toda la que haya sido modificada, desaparecida y alterada es objeto de responsabilidad del funcionarios que haya sido responsable de recabarla”, dijo.
“El ex Procurador debió tener la sensibilidad de que era un tema muy delicado, que no podía basar su dicho en declaraciones de los detenidos. Debió primero realizar una serie de peritajes para avalarlo. La PGR queda muy mal, porque el tema no sólo puede ser de corrupción, sino la forma inadecuada en que se hacen las investigaciones, de una manera express”, indicó.
Hoy la PGR tiene dos vías, dijo, para enfrentar la mala investigación del caso: por un lado empezar de cero y asear el desaseo que dejó Karam y fincar responsabilidades al ex Procurador y colaboradores.
El 20 de octubre, el Estado mexicano aceptó trabajar de la mano con el GIEI a través de la firma de un acuerdo que consta de 10 puntos, en el marco del 156 periodo de sesiones de la CIDH que se realizo en Washington, DC.
Ángela Buitrago anunció que el GIEI y el Estado mexicano acordaron que los especialistas seguirían siendo coadyuvantes en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El primer acuerdo fue la salida inmediata de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y que pasara a manos de Eber Omar Betanzos Torres como nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC).
El GIEI y el Estado acordaron que el nuevo peritaje en el basurero de Cocula que anunció la PGR, será realizado con el consenso de ambas partes.
La elección de los perfiles de los expertos que participarán en el peritaje, será realizado entre el GIEI y la PRG.
El Estado aceptó integrar el informe de los expertos de la CIDH en la investigación, se conformará un nuevo equipo de trabajo, con representantes de las víctimas. Se abrirán las nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI y se firmará una minuta que determine los acuerdos la forma de seguimiento de los acuerdos por la PGR y el GIEI.
Se acordó relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, realizar minutas de las reuniones del GIEI con el nuevo equipo de la PGR y que los expertos proporcionarán un documento de trabajo para realizar la investigación y las búsquedas.
En el acuerdo también se estipula que el Estado se compromete mantener en confidencialidad los hallazgos de la investigación, hasta que los padres de los jóvenes sean informados.
¿Y EL EJÉRCITO?
A pesar del acuerdo, hay algo que no dejó satisfecho al GIEI: el Estado mexicano se negó una vez más a que los expertos se entrevisten frente a frente con miembros del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, Guerrero.
En medio de un intercambio de preguntas y aclaraciones sobre la necesidad de que el GIEI entreviste frente a frente a los miembros del 27 Batallón del Ejército, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Roberto Campa Cifrián, dio como respuesta que sólo podrán ser entrevistados a través del Ministerio Público.
Campa Cifrián recalcó además que el acuerdo que se firmó entre el GIEI y el Estado mexicano, consta de sólo 10 puntos y omite el tema las entrevistas presenciales de los expertos con los militares.
El omisionado de la CIDH James L. Cavallaro le preguntó a Campa si el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, estaba sobre el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y decía si se interrogaba o no a los militares.
“La respuesta puntual es que en México el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República. En el tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón, que me parece importante destacar, para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación que no forman parte de los acuerdos que se tomaron ayer. Me parece relevante destacarlo”, contestó.
A lo que Ángela Buitrago, miembro del GIEI respondió: “Como expertos hemos realizado seis peticiones a la par, sobre la necesidad de entrevistar a los miembros del batallón. En la continuación del mandato está la verificación de las solicitudes que hemos hecho. Lo que no entendemos como grupo de expertos, es porqué en el caso concreto del 27 Batallón, siempre hay una respuesta evasiva, frente a la necesidad de verificar una serie de información que le pusimos enfrente a la PGR. Seguimos insistiendo y con el mayor y profundo respeto Subsecretario Campa, este documento que firmamos ayer, lo contiene”, indicó.
Los expertos del GIEI aclararon ante la Presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, que entre sus expectativas está el entrevistarse frente a frente con los miembros del 27 Batallón.
Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destacó la importancia de los acuerdos celebrados ayer entre el GIEI y el Estado mexicano.
“Fue importante la suscripción de una serie de acuerdos que le genera la condiciones mínimas al grupo de expertos”, indicó.
Pero reconoció que en cuanto a la solicitud del GIEI de entrevistarse con miembros del Ejército, no hubo una respuesta satisfactoria.
“Lo que hemos señalado es que hay elementos fundados para que sean necesarias esas entrevistas, desde el Centro Prodh enfatizamos que hay declaraciones en el expediente que indican que desde 2013 el Ejército tuvo conocimiento de la infiltración de algunas policías municipales. Podría ser presumible algún tipo de protección del 27 Batallón”, explicó.
En su último informe, ya como parte de su segundo periodo de mandato, los expertos revelaron que el Estado mexicano continúa negando las entrevistas con militares.
El GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de militares del 27 Batallón. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.
Destacaron la necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición.
El GIEI recordó que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones muy relevantes de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del Ejército, tal como alertó el GIEI.
“Los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados, 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliar la misma ante la PGR, sin que esto se informara al GIEI. Estos 11 militares están en la lista de 27 proporcionada por el Grupo a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. El Grupo ya analizó sus declaraciones, sin embargo, debido a la forma cómo se toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el MP en tales entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos clave pendientes de profundizar, pues no se responden ni se evalúan”, denunciaron.
Los expertos pidieron volver a entrevistar a todos los militares, para desahogar las preguntas contenidas en un documento realizado por el GIEI. Sin embargo, el Grupo señaló que si no está presente en dichas entrevistas, no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves. La ampliación o toma declaraciones de agosto es una muestra de ello.
