La sobrepoblación penitenciaria destapa que en México existe rezago judicial, uso excesivo de cárceles como una solución y la falta de soluciones integrales para la rehabilitación y reinserción de los internos. La CNDH pidió al Estado atender la problemática que tiene sin un espacio carcelario a más de 50 mil personas
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que existe un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.
El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” expone que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.
Ruth Villanuevaa, Tercera Visitadora General de la CNDH, advirtió que la sobrepoblación en las cárceles “es resultado del uso desmesurado de la prisión, que incluye rezago judicial, el cual se refleja en que casi el 50 por ciento de la población interna es procesada, así como la imposición de penas excesivas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares, o el otorgamiento de libertades anticipadas, y la falta de utilización de penas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad”.
Además pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender esta con políticas públicas esta problemática, pues “para abatir la sobrepoblación se requieren programas integrales, más allá de la construcción de más prisiones”, dijo.
El organismo informó que estos indicadores destapan un sistema judicial caduco y el uso excesivo de las cárceles como una solución, por parte del Estado, que provoca otros problemas como falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias.
A esos problemas se suman incidentes violentos, de tortura o maltrato, así como de salud e higiene.
“De lo datos recabados en el proceso de elaboración del diagnóstico, se pudo identificar en 28 centros una sobrepoblación con riesgo crítico, debido a que exceden en más de 40 por ciento su capacidad instalada, 20 centros con riesgo alto en virtud de exceder el 20 por ciento de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder desde un interno hasta menos del 20 por ciento de la capacidad instalada”, refiere el documento.
Entre los estados con penales que atraviesan una situación crítica de sobrepobación se encuentran principalmente: Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Colima, Tabasco, Baja California, Campeche, Morelos, Sonora, entre otros.
La CNDH agregó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen que privilegiar el uso de penas alternativas a la prisión, la obtención de libertades anticipadas y la imposición de penas que permitan la reinserción social efectiva, con base en el respeto de los derechos humanos y en el texto del artículo 18 constitucional.
En 1994 existía en las prisiones del país capacidad para 88 mil 071 personas y había 86 mil 326 internos. Sin embargo, en 2015 un total de 204 de 288 cárceles exponen una sobrepoblación desde la óptica operacional y normativa, situación que debe ser atendida con estrategias, lineamientos y acciones que permitan la operación correcta de las cárceles.
En los últimos 10 años se muestra que el índice de sobrepoblación se ha mantenido por encima del 23 por ciento, lo que hace evidente que el problema se ha convertido en un hecho persistente.
Se puede identificar que el total de sentenciados es de 147 mil 612 y 107 mil 093 personas procesadas. Cabe destacar también que de la población total en reclusión en ambosfuero común y federal, 241 mil 312 son hombres y 13 mil 393 mujeres.
En informes anteriores, el propio organismo que preside Luis Raúl González Pérez ha documentado el autogobierno, prostitución y otras acciones dentro de estos lugares de reclusión.
